Martin Ayala: “La información sobre la cuestión fiscal y tributaria no es información reservada”

 

La Unidad de Información Financiera solicita a los abogados defensores de procesados en casos de lavado, narcotráfico, corrupción y trata para que informen quién les paga los honorarios y cuál es el origen de esos fondos.  Al respecto Martin Ayala el ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones, indicó que la información sobre la cuestión tributaria no es información reservada.

Martín Ayala. Radio Libertad.

La medida todavía no tomó estado público, pero ya promete generar revuelo en el mundo de los abogados. Para algunos será una persecución o una intromisión al secreto profesional. Otros opinan que es un acto de equidad y justicia.

 

Martin Ayala, el ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones, habló al respecto e indicó que si bien la UIF tiene esa potestad, la información sobre la cuestión fiscal y tributaria no es información reservada, ya que la emisión de recibos  de los abogados, deben ser oficiales y legales sobre la percepción de los honorarios de sus servicios. “Es información fiscal, tributaria a la cual tienen posibilidades de acceder los organismos de percepción o de cobro, nacionales, provinciales y municipales. Si el profesional percibió o no sus honorario y en caso de haberlos percibido deberán investigar a quien emitió el recibo, lo correcto es que emitan a quien le abona por los servicios realizados, estos son los recibos oficiales autorizados por la propia AFIP”, indicó Ayala. Además aclaró que esta información no es parte del secreto profesional, y que este comprende otro tipo de información como confesiones o información en el marco de una entrevista profesional.

 

 

 

Sobre el origen de los fondos

 

Para Ayala la información que se puede exigir es aquella que consta en el recibo oficial, ya que no hay responsabilidad del abogado a la hora de aceptar ese dinero, no existe una norma u obligación. “Esto significaría pretender que la función que corresponde al Estado, que sus contribuyentes declaren sus ingresos, y que aquellos que son de origen ilícito no podrá declararlo y no entrarían al mercado legal. Esto haría que esa función si privatizara y dejara de estar en manos del estado para trasladarla a un particular”, indicó Ayala

 

Además agregó que de esta manera, el abogado se vería en la obligación de tener que denunciar a su cliente y así se destruiría la función del abogado. Esto provocaría que ninguna persona confíe en contar sus problemas a un profesional abogado si este estuviera obligado legalmente a actuar en contra de su cliente. Para Ayala esto tiene que ver con la esencia del abogado, quien no es un funcionario imparcial como es el juez, y no es un funcionario que tenga el rol de juzgar a alguien, si no es un profesional  preparado para colaborar con la justicia asistiendo a una persona particular.

 

Ayala trasladó la situación a un comerciante común. “Un vendedor de un comercio, o una inmobiliaria no va a preguntar a su cliente de donde obtuvo el dinero. Y la UIF no va a investigar al vendedor, al escribano o a la inmobiliaria, sino al comprador para ver de donde obtuvo ese dinero. Averiguar si los fondos son lícitos o no es una investigación posterior que no puede quedar en cabeza del abogado. Los abogados somos colaboradores del fisco para que este haga su investigación”, apuntó Ayala.

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