Macri se alimenta de sus enemigos mientras Misiones consolida su compromiso social

Macri se alimenta de sus enemigos mientras Misiones consolida su compromiso social

Macri no tendrá los mejores amigos, pero sin duda tiene los mejores enemigos. Cuando sus propios funcionarios le dan más dolores de cabeza que soluciones, cuando la economía se empecina en mostrar números poco alentadores, cuando el contexto mundial se mueve en una dirección poco conveniente para los intereses argentinos, aun cuando a los cráneos del equipo de comunicación gubernamental se les empiezan a terminar las ideas, el presidente puede contar con la invalorable colaboración de sus más fieles enemigos siempre dispuestos a regalarle triunfos mediáticos cuando más los necesita.

Cuidadosamente elegidos por el propio oficialismo en virtud de los niveles de rechazo que puedan generar en la sociedad, sus capacidades para defender lo indefendible y habilidades para morder todos los anzuelos que arroja el duranbarbismo, los enemigos preferidos del macrismo juegan un rol esencial en las estrategias que utiliza la comunicación de Cambiemos para imponer agenda en medios y redes sociales y para levantar la imagen del Gobierno al proponer un juego de contrastes.

Para un movimiento como Cambiemos, al que le cuesta sobremanera construir definiciones políticas que lo expliquen y que rehúye a todo lo que pueda sonar ideológico, resulta de gran ayuda tener a mano malos ejemplos que sirvan definir la propia identidad por lo negativo, es decir por lo que se rechaza o por lo que los diferencia del resto.

Figuras como Boudou, D’Elia, De Vido, Aníbal Fernández o la propia Cristina aportaron más a la comunicación de Cambiemos que el propio Durán Barba y cuando el plantel de enemigos funcionales parecía haberse llamado a un prudente silencio, el ex juez de la Corte Suprema y actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, salió al ruedo. En varias intervenciones mediáticas, no dudó en agitar el fantasma del helicóptero, se manifestó a favor de que el gobierno de Macri termine “cuanto antes” y consideró  que eso evitaría un “accidente violento”, sin aportar luego demasiadas precisiones respecto a tan apocalíptico pronóstico.

“Golpista, antidemocrático…” las críticas contra el penalista arreciaron, muchas de ellas surgidas de una genuina indignación y otras fabricadas por la usina de contenidos de Cambiemos que opera en redes sociales y multiplicadas por medios amigos del Gobierno.  No era para menos, como dirían en el tablón, Zaffaroni les había dejado la pelota picando adentro del área chica y sin arquero.

El regalo de Zaffaroni llegó además en el momento exacto para el Gobierno nacional. Uno de los emblemas del garantismo judicial salía a escena justo cuando Macri y su equipo hacían todo lo posible por mantener vigente la polémica mano dura versus derechos humanos que volvió a tomar fuerza a partir del caso Chocobar.

Después de Maldonado, Rafael Nahuel y varios sonados episodios de represión a manifestaciones públicas, Macri y su equipo están convencidos de que la mayor parte de la sociedad hace una valoración positiva de la inclinación que muestra el Gobierno nacional hacia la mano dura como principal respuesta para combatir la delincuencia y los desordenes públicos.  La salida a escena de Zaffaroni sirvió para sostener ese eje debate que de otra manera se hubiera diluido.

El otro enemigo que está ayudando a Cambiemos es el sindicalista-empresario exkirchnerista y examigo de Macri, Hugo Moyano. Miembro de una casta siempre sospechada de manejos espurios y cada vez más acorralada por la justica, el camionero busca consolidarse como el principal referente del gremialismo opositor y confía que alcanzará ese sitial el miércoles, cuando lidere una manifestación de cuya convocatoria dependerá en gran medida su futuro en el espectro nacional.

Para el Gobierno, el caso de Moyano es más delicado que el de Zaffaroni. Si bien no tiene capacidad de construir una alternativa política debido a que arrastra un bien ganado desprestigio, como buen sindicalista, sí tiene capacidad de hacer daño.

Desde el oficialismo operaron para cortar posibles alianzas con otros sindicalistas, como el eterno Luis Barrionuevo. Quieren ver a Moyano abrazado a Baradel, a los referentes más oscuros del  kirchnerismo y a voceros de los sectores más extremistas siempre dispuestos a recurrir a la violencia, a pudrirla, según reza la jerga de la política callejera.

Desde el oficialismo dan por descontado que la marcha del miércoles será multitudinaria. No son pocas las razones que justifican malestar y protestas, este es un sentimiento compartido aún por los que se bajaron de la protesta.

El desafío para quienes convocan la manifestación será conservar la calma, evitar la violencia para no regalarle al Gobierno escenas de destrozos como las vividas en diciembre durante la sesión en la que se sancionó la controvertida reforma previsional.

Pero la escena no está exenta de riesgos para el Gobierno. Si Moyano consigue nuclear a otros sectores del arco sindical mostrando fortaleza, puede convertirse en un genuino dolor de cabeza, Menem y Cristina pueden dar cuenta de ello.

Ambos sectores están dispuestos a jugar con fuego.

Luces amarillas

El curso de la economía y la difusión de casos de corrupción que salpicaron a funcionarios nacionales son los principales motivos por los cuales al Gobierno de Macri le conviene que Zaffaroni, Chocobar, la madre del delincuente que mató Chocobar, Moyano y otras figuras opositoras de cuestionada reputación sigan ocupando las primeras planas de los diarios y acaparen los debates en redes sociales.

Esta semana se conoció el dato de inflación de enero, que confirmó que Argentina todavía está lejos de transitar un camino que permita cumplir con la meta de 15 por ciento establecida por el Banco Central, porcentaje que el Gobierno intenta instalar como parámetro en las paritarias.

El índice fue de 1,8 por ciento, mucho mejor que el 3,1 por ciento con el que cerró diciembre, pero por encima del número de enero del año pasado que fue de 1,3 por ciento. Aunque hay en el dato de enero de 2018 un componente muy fuerte de aumento de precios regulados, la inflación núcleo también aporto lo suyo, fue de 1,5 por ciento, por encima del promedio del último trimestre de 2017 y también superior al número necesario para cumplir con la meta establecida por el Central.

Otro dato preocupante es que los precios mayoristas crecieron 4,6 por ciento, empujados por el dólar y el alza del petróleo. Se espera que eso impulse a la inflación de febrero por encima del 2 por ciento y se traslade también a abril.

Más allá de los que digan los fríos números de la estadística, la sensación térmica de la inflación en la calle viene trepando sostenidamente desde diciembre a fuerza de aumentos tarifarios y de sucesivas subas en los combustibles.

La buena noticia de la semana para el equipo económico es que el dólar detuvo su marcha ascendente, incluso registró bajas en dos días sucesivos y, según estiman analistas financieros, se estabilizaría en valores apenas superiores a los 20 pesos.

Para el Gobierno resulta fundamental que la divisa estadounidense se mantenga relativamente estable, es decir que no aumente por encima de la inflación, porque eso animaría a los exportadores de granos a liquidar sus dólares provenientes de exportaciones y así ingresarían dólares frescos tan necesarios para las arcas públicas.

Contexto adverso

Para pesar de Argentina, están cambiando los vientos económicos mundiales. Después de varios años de calma chicha, Estados Unidos tuvo 0,5 por ciento de inflación en enero pasado, una décima por encima de lo esperado por los mercados. Eso quiere decir que las tasas de interés del país del norte seguirán subiendo, una pésima noticia para un país como Argentina que depende del endeudamiento externo para funcionar y que espera con ansiedad la demorada llegada de inversiones.

Con la tasa de la FED en alza, también aumenta el costo de financiamiento y con ello se incrementa el riesgo país de naciones dependientes del endeudamiento. Para Argentina por ejemplo, el cambio en el contexto internacional llevó a su índice de riesgo país a 415 puntos, lo que implicó una suba de 20 por ciento en lo que va del año. Un riesgo país más alto obliga a Argentina a pagar una sobretasa mayor para poder financiar su déficit.

Que Estado Unidos eleve sus tasas de interés también se traduce en una mayor reticencia de los inversores a asumir riesgos, otra mala noticia para Argentina, en realidad para toda Latinoamérica. Eso se produce por dos motivos: por un lado, que los bonos y títulos estadounidenses –considerados la inversión financiera más segura- rindan mejor, representa un atractivo muy grande para los inversores y con ello se dificulta atraer capitales hacia otras opciones. Por otro lado, existe un consenso general según el cual cuando la FED aumenta sus tasas, las economías de países emergentes empiezan a tener más problemas, de allí que los capitales se muestren más reticentes a apostar por esos países.

La incógnita que queda flotando es hasta qué punto este “viento de frente” que empezó a soplar en los mercados internacionales podría afectar a la economía argentina. Sería razonable pensar que en la medida que la situación no se revierta, se vea afectado el crecimiento proyectado para este año.

Paritarias complicadas

Con la inflación lejos de encaminarse a cumplir con la meta definida por el Central y con crecientes dudas respecto a cuál será realmente el crecimiento de la economía argentina este año, no sorprende a nadie que las paritarias se conviertan en conflictos.

El primer gremio nacional en cerrar un acuerdo fue el de Obras Sanitarias. Desde el Gobierno se anunció como un triunfo que esta negociación se haya cerrado dentro del parámetro del 15 por ciento anual y sin clausula gatillo. Desde el sindicato advirtieron que eso no era del todo cierto, afirmaron que el aumento en realidad fue de 17,8 por ciento y que el acuerdo no es anual sino por nueve meses.

La letra fina revela que los trabajadores de esa actividad recibirán un aumento salarial de 15 por ciento, además de un adicional de 2,8 por ciento en cumplimiento de la clausula gatillo de 2017 y, si bien es anual, estipula que a los nueve meses de su entrada en vigencia las partes deberán volver a sentarse a negociar.

Todos los ojos están puestos en la paritaria docente de Buenos Aires, que marcará un parámetro para las demás discusiones. El Gobierno confía en que su gobernadora estrella, María Eugenia Vidal, logrará cerrar una paritaria de 15 por ciento anual más algún otro ingrediente.

Para el sector privado la discusión entre la patronal y los sindicatos gira en torno a qué parámetro pesará más, productividad o inflación.

Dando por descontado que este año la inflación volverá a superar los 20 puntos, las cámaras empresarias pretenden definir un aumento de base que no supere el 15 por ciento y agregar adicionales por productividad o crecimiento de ventas. Pretenden cubrirse así de un escenario en el cual el crecimiento de sus costos salariales supere al incremento de su facturación.

El problema es que los representantes de los trabajadores también dan por descontado que la inflación no bajará mucho en relación a la del año pasado. En ese contexto, un aumento de bolsillo inferior al 20 por ciento anual representaría una pérdida segura de poder adquisitivo para sus afiliados.

Fuego amigo

En el plano político, las actividades off shore de miembros de su Gabinete volvieron a darle dolores de cabeza al presidente. El ministro de Finanzas Luis Caputo fue denunciado por no declarar su participación accionaria en sociedades off shore radicadas en paraísos fiscales, a las que el mismo funcionario luego les vendió bonos argentinos. Caputo salió del negocio en 2016, cuando ya tenía más de un año en funciones en el Gobierno nacional.

Otro que fue señalado por ocultar su patrimonio fue el subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, quien debió reconocer que ocultó 1,2 millones de dólares en una cuenta bancaria en Andorra luego de que una investigación periodística revelara documentos que así lo indicaban.

Como viene siendo tradición, la familia Triaca volvió a ser relacionada con episodios reñidos con la ética. Esta vez el fiscal federal Jorge Di Lello imputó a una de las hermanas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por la supuesta comisión del delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”.

El fiscal dio impulso a una denuncia en la que se afirmaba que Lorena Triaca se desempeñaba como funcionaria de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y “era socia de una firma que contrató con el organismo que ella misma dirige”.

“La irregularidad se detectó desde el 31 de mayo del 2016, cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó en el Boletín Oficial la contratación directa de Unify Communications S.A por más de 7 millones de pesos, mientras la hermana del ministro de Trabajo se desempeñaba como directora de la empresa contratada que, además, al día siguiente asumiría como funcionaria pública”, sostuvo el Ibalo en su denuncia.

Otra hermana del ministro, Mariana Triaca, se había convertido en la primera en renunciar a un cargo público -como directora del Banco Nación- tras el decreto presidencial que prohibió el nombramiento de familiares de funcionarios de alta jerarquía en dependencias del Poder Ejecutivo.

Eje en lo social

Los desajustes de la economía nacional y la política de reducción de subsidios que viene llevando adelante la administración de Macri plantean serios desafíos a gobiernos provinciales comprometidos con el aspecto social, como el de Misiones. La marcada suba de los precios y el aun mayor incremento en las tarifas que se dieron desde inicios de diciembre a la fecha se sintieron con fuerza en los sectores más humildes de la población de todo el país.

Ante ese contexto, el Gobierno de Passalacqua se propuso un replanteo con el objetivo de reforzar la gestión orientada a reducir al máximo posible el impacto social que provocan algunas políticas nacionales. Con esa meta fue que el Gobernador dispuso retrotraer el aumento del VAD aplicado en la tarifa eléctrica y devolver a los usuarios lo cobrado por ese concepto en las últimas dos facturaciones.

Esta semana, al secretario de Hacienda Adolfo Safrán le tocó escuchar las quejas de los referentes de las cooperativas eléctricas de toda la provincia, que contaban con el aumento de VAD para enderezar sus finanzas y ahora no solo deberán dejar de aplicarlo, sino que deberán devolver parte de lo ya cobrado.

A los cabizbajos cooperativistas les tocó escuchar que el principal objetivo del Gobierno provincial pasa por defender el bolsillo de los misioneros en un contexto económico que plantea crecientes desafíos en el plano social. En esa reunión se les recordó que la medida de retrotraer el aumento del VAD tendrá un importante costo fiscal para Misiones, estimado en 45 millones de pesos por mes, y que atendiendo al principio de “esfuerzo compartido” a las cooperativas también les tocaba poner el hombro.

El propio Passalacqua convocó a una reunión de Gabinete que se realizará el miércoles próximo en la que se revisará la gestión de cada ministro y cada organismo del Estado. La idea es profundizar acciones de fuerte llegada  a la sociedad como entrega de kits escolares, campañas de prevención y atención de salud, asistencia de desarrollo social a los sectores más necesitados y un plan de obras con sentido social.

La fortaleza de la gestión de Passalacqua fue reconocida en todo el país al ser el único gobernador que decidió no aplicar el VAD provincial demostrando la gestión ordenada y eficiente de los recursos provinciales, listos para usarse cuando haya que cuidar el bolsillo de los ciudadanos.

Otras provincias siguen atravesando protestas y fuertes traumas debido a la fuerte suba de la energía y las naftas, lo que en Misiones no ocurrió en buena medida gracias al retroceso del VAD y a la prórroga del ITC diferenciado para Posadas por segundo año consecutivo.

La relación del gobernador con el presidente Macri está en su mejor momento y se prevé que en las próximas semanas vuelvan a compartir alguna reunión ya que Macri expone a Passalacqua como uno de los mejores administradores provinciales y valora que Misiones siempre cumplió con la palabra de brindar gobernabilidad, hasta en los peores momentos.

 



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