Un aumento que incomoda a todos y gestos que dicen mucho

El giro liberal que Macri y su equipo le están dando a la economía argentina muestra este año –tal vez como solo lo había hecho durante el primer semestre de 2016- su costado más impopular. La política de reducción de subsidios se volvió a traducir en alzas de tarifas en transporte y energía en todo el país, justo cuando los gremios y las cámaras empresarias debaten pautas salariales para el resto del año.

En ese contexto, que partidarios del Gobierno nacional explican como una transición necesaria hacia un modelo de desarrollo genuino y opositores califican como ajustazo, en Misiones se desató la polémica por un incremento en la tarifa de energía cuya magnitud es un enigma para el usuario promedio. Polémica que promete continuar de la mano de una nueva suba que se aplicará a partir de la boleta correspondiente a los consumos de febrero.

Como ocurre con cada aumento de tarifa, desde la prestataria provincial EMSA responsabilizan a la Nación, cuyos representantes a su vez juran que la culpa es de la “ineficiencia” de la eléctrica local que suma costos desmedidos al valor de la energía.

Antes de ahondar en el tema conviene aclarar que la tarifa domiciliaria de electricidad está compuesta por tres elementos básicos: el valor de la energía al por mayor que distribuye Cammesa y lo establece la Nación; el Valor Agregado de Distribución (VAD), que se define en la provincia e incluye todos los costos de funcionamiento de EMSA y –si fuera el caso- de las cooperativas y los impuestos nacionales y provinciales.

Desde EMSA aseguran que la suba que ya se produjo y la que está prevista para el mes próximo se deben mayormente a un incremento del precio mayorista que dispuso la Nación en consonancia con su política de disminución de subsidios, aunque reconocen que también se vieron obligados a aumentar el valor del VAD para adecuarlo a los costos reales de la prestación.

El diálogo con Misiones Online, el secretario de Energía Eléctrica de la Nación, Alejandro Sruoga, recogió el guante. Explicó que en diciembre el precio mayorista del KW/h pasó de 640 a 860 pesos y que desde febrero valdrá 1.080 pesos y aseguró que el traslado de esos aumentos a las facturas domiciliarias se traduce en un incremento de 22 pesos –netos de impuestos- por cada 100 KW/h consumidos.

En base a estos números, la suba promedio en una factura de 300 KW/h –sumando impuestos- debería ser de aproximadamente 92 pesos y de unos 145 pesos para un consumo de 500 KW/h.

El funcionario argumentó que cualquier aumento que exceda esos márgenes es responsabilidad exclusiva de la prestataria provincial, pero luego debió reconocer los cambios aplicados en los esquemas de tarifa social y de incentivos al ahorro energético –ambos definidos por Nación- inciden para que los incrementos sean superiores en un porcentaje de casos que no supo precisar.

Desde EMSA y Defensa del Consumidor de la Provincia hacen hincapié en esos cambios a la hora de explicar por qué algunas boletas llegaron en diciembre con incrementos muy superiores al promedio de 35 por ciento anunciado por la prestataria.

Explican que para Misiones fue determinante la modificación en el sistema de tarifa social porque 45 por ciento de los usuarios está dentro de ese régimen. Hasta diciembre del año pasado, a los beneficiarios de este sistema se les bonificaban los primeros 300 KW/h, por los siguientes 300 KW/h se les cobraba la mitad de la tarifa vigente y por el excedente se aplicaba un precio equivalente al cuadro tarifario anterior.

Desde Energía de la Nación consideraron un despropósito aplicar un beneficio de carácter social a usuarios cuyos consumos se ubican muy por encima del promedio. En consecuencia optaron por mantener la bonificación a los primeros 300 KW/h y un descuento menor por los siguientes 150 KW/h, pero retiraron el beneficio sobre los consumos que superen la línea de los 450 KW/h.

A esto se suma la virtual eliminación de los descuentos por ahorro en relación a igual mes del año anterior.

Según estimaron desde Defensa del Consumidor de la Provincia, las modificaciones en tarifa social y estímulo al ahorro se traducen en variaciones de hasta 696 por ciento a usuarios con tarifa social que hayan consumido más de 450 KW/h –el referido porcentaje de aumento se da sobre el excedente de 450 KW/h, no en la factura total- y hayan quedado fuera del beneficio por ahorro.

Desde EMSA atribuyen a los cambios en tarifa social e incentivo al ahorro el hecho de que el aumento haya impactado de un modo tan variable entre distintos consumidores.

Para tener una idea de cuánto incide de manera global el aumento del precio de la energía mayorista y los demás cambios aplicados por Nación, desde EMSA afirman que –tomando como base el consumo de octubre- el costo promedio de compra de energía del mercado provincial pasó de 118 a 168,5 millones con el aumento de diciembre (+42%) y a 199 millones a partir del incremento previsto para febrero (+68% acumulado).

Componente local

Además del incremento en el valor de la energía que compra EMSA a Cammesa, el aumento que llegó a los usuarios incluye también una recomposición del VAD, que es el componente de la tarifa con el cual la prestataria provincial debe afrontar costos de transmisión y transformación de la energía dentro de la provincia, mantenimiento de la infraestructura, salarios del personal y costos administrativos.

Referentes de Cambiemos argumentan que la empresa provincial no es eficiente en su funcionamiento, lo que hace que sus costos estén inflados y que eso es en definitiva lo que determina que las tarifas sean altas. Así desestiman el impacto del aumento de las tarifas mayoristas y el recorte de la tarifa social.

Desde EMSA reconocen que el último aumento tarifario incluyó una suba del VAD pero aseguran que dicho componente se mantiene por debajo del 20 por ciento del total facturado, con lo cual se ubica dentro de los parámetros considerados normales para una provincia con la superficie y densidad poblacional de Misiones.

Afirman que la necesidad de actualizar el VAD surge de un atraso histórico que se profundizó con la aplicación del Plan de Convergencia Energético, mediante el cual las empresas eléctricas se comprometían a mantener congeladas sus tarifas a cambio de financiamiento de la Nación para inversiones en infraestructura y pago de aumentos salariales.

El congelamiento tarifario derivó en un atraso del VAD en 2014 y 2015, bache que debía ser cubierto con las remesas que debía enviar Nación. Como suele ocurrir con estos esquemas, la Nación primero demoró los pagos y luego directamente dejó de pagar, lo que obligó a la Provincia a cubrir con fondos propios los incumplimientos nacionales, al punto que EMSA reclama a la Nación una deuda de 1.250 millones de pesos por ese concepto.

Puestas ante la misma situación, prestatarias de otras provincias optaron por dejar de pagarle a Cammesa, así compensaban los incumplimientos nacionales y el atraso del VAD producido por el congelamiento tarifario. A la postre, el gobierno de Macri premió esta conducta con una condonación de deuda por más de 19 mil millones de pesos, pero para las empresas como EMSA, que pagaron rigurosamente sus obligaciones a pesar de los incumplimientos de Nación, no hubo ningún premio, más bien hubo castigo en forma de omisión.

Tal conjunción de factores minó la salud económica y financiera de una empresa eléctrica cuya eficiencia en el uso de los recursos está bajo permanente cuestionamiento desde hace décadas, sin que haya información certera que permita confirmar o desmentir dichos cuestionamientos.

Gestos potentes

El presidente sorprendió esta semana con dos actos que tal vez no tengan una incidencia directa en el funcionamiento del país pero sí tienen una enorme carga simbólica.

Recién llegado de su gira por Europa el mandatario buscó un dar un golpe de efecto para levantar la imagen del Gobierno nacional después de una serie de escándalos que involucraron a dos de sus más cuestionados ministros: Jorge Triaca y Miguel Etchevehere.

Sobre el primero ya pesaba el estigma del nepotismo, a lo que luego se sumó el escándalo con su empleada doméstica Sandra Heredia, a la que primero nombró en el  Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), gremio intervenido por la Justicia, y después despidió en medio de una catarata de insultos que, para pesar del funcionario, quedó grabada y fue reproducida por medios de todo el país.

Por el lado del ministro de Agroindustria, la polémica inició ya desde su nombramiento por tratarse del presidente de la emblemática Sociedad Rural Argentina y se alimentó con el confuso episodio de la indemnización de medio millón que recibió de esa entidad.

La reacción del presidente llegó en forma de un potente mensaje para la tropa propia y un gesto político de cara a la sociedad. Anunció ajuste de cargos políticos, congelamiento de salarios y prohibición de familiares directos de ministros en cargos ejecutivos.

Analistas coinciden en que el paquete de medidas tiene un impacto ínfimo en el gasto público y hasta algunos lo señalan como una contradicción teniendo en cuenta que al momento de asumir incrementó notablemente la cantidad de cargos políticos con la creación de nuevos ministerios, secretarías y direcciones.

El anuncio tiene más sentido cuando se lo interpreta como una declaración de principios de cara a la sociedad y como un llamado a la austeridad y a la ética a sus propios funcionarios.

El segundo gesto de Macri se inscribe en la tensión entre el garantismo y la mano dura, uno de los ejes sobre los que se cimenta la grieta que tanto rédito político le dio a Cambiemos.

El presidente y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich se muestran siempre dispuestos a ubicarse lo más lejos posible de cualquier postura que pueda ser interpretada como garantismo ante episodios que conmuevan a la opinión pública y que involucren a las fuerzas de seguridad.

En la semana tuvieron una nueva oportunidad de hacerlo luego de que un juez procesara por exceso en la legítima defensa al policía Luis Chocobar, quien mató a un ladrón después de que este apuñalara con saña y dejara al borde de la muerte a un turista estadounidense.

El procesamiento con embargo incluido que sufrió el policía causó indignación en las redes sociales y rápidamente el presidente lo recibió personalmente en su despacho, acompañado por Bullrich. En la oportunidad Macri se declaró orgulloso del accionar del policía y cuestionó la medida dispuesta por el juez.

El respaldo a Chocobar fue celebrado de manera casi unánime en las redes sociales hasta que días después se difundió un video, grabado por una cámara de seguridad, que registró lo ocurrido. Las imágenes desmentían el testimonio del policía que aseguró haber disparado en defensa propia porque el delincuente “se le venía encima”. El video muestra en cambio al delincuente intentando escapar a toda velocidad y al policía disparándole por la espalda.

Entonces se levantaron voces en contra del gesto presidencial, lo que fue celebrado por el equipo de comunicación de los globos amarillos. Los sondeos de opinión que manejan en el Gobierno les muestran que el presidente cosecha más adhesiones cuando el debate gira en torno al combate del delito y la represión de manifestaciones que cuando se habla del rumbo de la economía o de política dura.