A ocho años de la Tragedia del Paraná: la investigación no avanzó en Paraguay por la falta de respuestas de la Justicia del vecino país

A ocho años de la Tragedia del Paraná: la investigación no avanzó en Paraguay por la falta de respuestas de la Justicia del vecino país

El prefecto Jorge Antonio Lezcano y Hugo “Tyson” Alfonso son los dos condenados por la llamada Tragedia del Paraná, el cruce del río que el 16 de enero de 2010 terminó con ocho nadadores muertos frente a las costas de Posadas. Sin embargo, quien actuó como fiscal ad hoc del caso, tanto en la instrucción como en el debate oral que se concretó en el Tribunal Federal de la capital misionera, Juan Andrés Stuber, indicó que la intención era ampliar la acusación contra los dueños de las barcazas ancladas frente a Encarnación, cuya presencia fue el desencadenante de la desgracia que sufrieron los deportistas, y contra el entonces responsable de la delegación Encarnación de la Armada paraguaya. Pero los intentos en ese sentido siempre naufragaron por la falta de respuesta de la Justicia del vecino país.
Tanto desde la Fiscalía Federal de Posadas como del Juzgado del mismo fueron se enviaron exhortos vía Cancillería al Paraguay, pero las autoridades del otro lado de la frontera nunca hicieron el aporte correspondiente para que los eventuales sospechosos rindieran cuenta sobre sus actos.
El oleaje, el viento y las barcazas, que empezaron a moverse y se colocaron en un ángulo agudo en relación a la costa, generaron un vórtice que se chupó a unos 50 nadadores, ocho de los cuales perdieron la vida.
“Queríamos determinar si era ese era el lugar normal en que fondeaban las barcazas. Si los ‘muertos’ donde las fijaban al río estaban bien, si las naves se encontraban señalizadas, si estaban autorizadas, si era normal que se movieran con el viento”, enumeró Stuber en una entrevista con el programa Expedientes de Misiones Online TV.
“En cuanto al responsable de la Armada, era quien desde su jurisdicción debía garantizar la seguridad”, añadió.
Pero la falta de colaboración de la Justicia del vecino país hizo que esas preguntas quedaran sin respuesta. Actualmente, a ocho años de la tragedia, la acción penal ya está extinguida.



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