Jueces correntinos inspeccionaron edificios que habrían sido adquiridos en Misiones con dinero proveniente del narcotráfico

Jueces correntinos inspeccionaron edificios que habrían sido adquiridos en Misiones con dinero proveniente del narcotráfico

Jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes, representantes del Ministerio Público Fiscal y abogados defensores de los imputados en una causa de lavado de activos realizan inspecciones en Misiones de inmuebles donde estaban emplazadas empresas que fueron fundadas por un grupo sospechado operar con dinero del narcotráfico.
Las diligencias se dieron en el contexto del juicio oral y público que se realiza en la Capital correntina donde se ventilan hechos relacionados con la actividad de siete acusados por el delito de asociación ilícita y lavado de activos.
Las inspecciones comenzaron este 21 de en la localidad de Montecarlo, Misiones, donde está instalado el complejo Tangará uno de los emprendimientos por medio del que supuestamente se incorporaban activos al sistema legal.
Posteriormente la comitiva se trasladó a la ciudad de Candelaria, donde funcionaba el Corralón Cerro Corá, también investigado por la misma causa.
En tanto, el viernes 22 de diciembre realizaron una recorrida en el edificio ubicado sobre la Ruta Nacional 12 en la ciudad de Posadas, lugar en el que funcionaba la concesionaria RR Vip Automotores.
Este local de venta de autos fue allanado para secuestrar vehículos de alta gama que, según se sospecha, habrían sido adquiridos con fondos provenientes de actividades ilícitas, pero también se sostiene la hipótesis que algunos de ellos pudieron haber sido intercambiados por cargamentos de marihuana.
En la causa están imputados Roberto Rodríguez y José Glibota, el primero sindicado como el líder de la banda y el segundo acusado de asesorarlo y de realizar negocios en su nombre. También están acusadas Santa Elba Aquino y Griselda Sosa -madre y pareja de Rodríguez, respectivamente-, Daniela Villalba –ex pareja de Rodríguez-, María de los Ángeles Herrera –pareja de Glibota-y Rosa Ramos.
Según la investigación que desarrolló el fiscal federal de primera instancia, Flavio Ferrini “se pudo comprobar que Rodríguez, principal organizador de la estructura, ha utilizado a personas físicas y jurídicas interpuestas (tales como RR Vip Automotores SRL., Corralón Cerro Cora S.R.L., Emsetur SRL y el “Complejo Tangará”) para realizar operaciones financieras simuladas a fin de ingresar al mercado bienes de origen ilícito mediante actos materializados con la colaboración de los restantes coimputados”.
Las averiguaciones iniciaron el 26 de enero de 2012, un informe enviado por la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales ‘Corrientes’ de la Gendarmería Nacional puso en conocimiento respecto de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, supuestamente liderada por personas identificadas como “Gabriel” y “Cacho”, que ingresaba la droga desde la República del Paraguay para su posterior transporte y comercialización en distintos puntos del país. El avance de la causa permitió acreditar que “Gabriel” era Roberto Rodríguez, mientras que “Cacho” era el imputado José Glibota.
Al resto de los imputados –todas personas del círculo íntimo de Rodríguez- se les detectaron operaciones, cuentas bancarias, automóviles y motos de alta gama, que llegaban a millones de pesos, bienes que no guardaban relación con los ingresos declarados por cada uno de ellos. “Rodríguez ha adquirido por interpósita persona –y mediante operaciones financieras anómalas, bienes de origen espurio registrados a nombres de terceros, quienes actuaban como ‘testaferros’ o ‘prestanombres’”, concluyó Ferrini.
En el debate que se realiza en Corrientes, Rodríguez pidió declarar y puso en dudas la legalidad de los procedimientos realizados en la etapa de instrucción que desarrolló el juez federal Carlos Soto Dávila, actualmente procesado por la mala administración de los bienes incautados en esta causa.
Advirtió que la investigación había sido iniciada por una investigación de tráfico de drogas pero debido a que se realizaron 60 allanamientos sin que pudiesen hallar estupefacientes, se abrió un expediente por otro delito. Respecto a esto advirtió, antes de declarar, que “agrandaron la causa porque no encontraron nada”.
Aseguró que lo habían privado de la libertad por una supuesta causa de drogas, y que en esa condición se anotició que se realizaron los allanamientos. “Me enteré por los diarios que habían sacado los autos”, dijo.
En el juicio sostuvo que tenía deudas, para así advertir que su patrimonio eran en su mayoría obligaciones que debía cumplir.
Respecto al modo en que administraba la agencia, sostuvo que al adquirir un rodado ponía a nombre de terceros y luego, el formulario del Certificado de Transferencia de Automotores, lo gestionaba personalmente con la clave de la Afip.
Aseguró que actuó de buena fe y que fue mal asesorado por su contador y una gestora.

Fuente: novacorrientes.com



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