Análisis semanal: Las reformas y los marcos mentales de Argentina

Con la confianza del campeón invicto que no conoce el olor de la lona, Macri se propuso la ambiciosa meta de resolver en tiempo récord la disputa por los recursos federales que sostenían las provincias y la Nación y además convertir en ley una serie de reformas de fondo que había negado durante la campaña y que –sabía- iban a ser resistidas.

Después del rápido y resonante triunfo que significó la firma del Pacto Fiscal, al que siguiendo la analogía pugilística podría equiparse a una victoria por KO en el primer round, al campeón le tocó defender su título en el Congreso y ante un rival mucho más complicado: la reforma previsional. Volvió a ganar, pero esta vez fue por decisión dividida y tras recibir mucho castigo. Finalmente Macri tuvo la ley que le permitirá alivianar -aunque sea un poco- el rojo de las cuentas públicas a costa de un menor aumento para los jubilados, pero por primera vez desde que es presidente, debió pagar un costo político alto por un acto de gobierno.

El plan político del macrismo para el último trimestre del año era sencillo pero arriesgado, guardar silencio hasta las elecciones y después avanzar a toda máquina para convertir en ley en menos de dos meses, reformas que en la cabeza del presidente estaban decididas desde el minuto cero de su gestión.

Haciendo gala de un buen manejo político y gracias a la puntual ayuda de la Corte Suprema en forma de guiños a favor de la demanda de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, el Gobierno nacional logró un acuerdo con las provincias –todas menos San Luis- para resolver la disputa por la distribución de recursos y en el mismo acto se agenció el compromiso de los gobernadores de apoyar los proyectos de reformas laboral, tributaria y previsional.

En ese punto, la seguidilla de triunfos parecía imparable y todo indicaba que Cambiemos cerraría el año consiguiendo todo lo que se había propuesto. Pero entonces comenzaron los contratiempos, primero con la reforma laboral que fue resistida de plano por buena parte del arco sindical. Teniendo en cuenta que era la menos urgente de las reformas, el Gobierno accedió a postergarla hasta el año próximo y concentró todos los cañones a las otras dos.

El más difícil de convertir en ley, era sin dudas el proyecto para modificar la forma de cálculo de las jubilaciones. Más allá de las explicaciones urdidas por el equipo de comunicación de Cambiemos y replicadas por todas sus espadas mediáticas, la medida fue interpretada por gran parte de la sociedad como un ajuste sobre uno de los sectores más vulnerables.

 

Más allá de los pormenores técnicos relacionados a los sistemas de cálculo de las actualizaciones de haberes, al Gobierno le resultó imposible justificar un dato concreto y muy fácil de entender: con el sistema anterior los jubilados recibirían en marzo un aumento semestral y con el nuevo, uno trimestral. Para el Estado eso significaba un ahorro de alrededor de 60 mil millones de pesos, mientras que para un jubilado que cobra 10 mil pesos, la reforma implicaba que ganaría 6.200 pesos menos a lo largo de 2018.

En paralelo, se debatía el proyecto de reforma tributaria, mediante la cual el Gobierno pretendía reducir la presión fiscal sobre las empresas. El contraste de ambas medidas reforzaba la idea de que el gobierno de Macri giraba hacia un liberalismo más ortodoxo: estaba dispuesto a resignar recaudación a favor del sector empresario, al tiempo que retaceaba recursos a los jubilados.

Después de aprobada la reforma, encuestas realizadas por distintas consultoras señalaron que la reforma previsional era considerada como una medida negativa por más del 60 por ciento de la población y a diferencia de lo que ocurriera con otras crisis políticas que debió enfrentar el Gobierno –Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Ara San Juan- esta vez había muchos votantes del núcleo duro de Cambiemos que responsabilizaban al Gobierno por algo que consideraban negativo.

En su libro No pienses en un elefante, el lingüista George Lakoff afirma que los humanos pensamos de acuerdo a marcos mentales que actúan antes de iniciar cualquier razonamiento analítico y que estamos más dispuestos a torcer nuestras interpretaciones para que los datos que nos muestra  la realidad se ajusten a esos marcos, antes que a salirnos de la seguridad que esos marcos nos brindan. Eso explicaría entre -otras cosas- por qué hinchas de dos equipos de fútbol usualmente hacen interpretaciones diametralmente opuestas de algún fallo arbitral.

Aunque la escribió analizando la escena política de Estados Unidos, la teoría de los marcos mentales de Lakoff pareciera inspirada en la grieta argentina que separa a macristas antikirchneristas de kirchneristas antimacristas. Así por ejemplo, la tragedia del Ara San Juan fue para algunos a causa del deficiente mantenimiento del kirchnerismo y para otros, culpa de la impericia del gobierno actual. Nisman o bien se suicidó ante la imposibilidad de defender su denuncia o bien fue asesinado a pedido de Cristina en una maniobra de encubrimiento.

En ese contexto, la polémica por la reforma previsional resultó una novedad porque, según marcan encuestas de opinión pública, una buena proporción de votantes de Cambiemos trascendió la lógica de los marcos mentales y se mostró disconforme con el Gobierno por una medida que consideraron injusta. Eso se vio en las manifestaciones en contra de la medida, que a diferencia de otras oportunidades no se limitaron a sectores opositores, estuvo la extrema izquierda y el kirchnerismo, pero también hubo cacerolazos en barrios tradicionales de clase media porteña, territorios fuertes del macrismo. Desde ese punto de análisis es que la reforma previsional fue la medida de mayor costo político para Macri y su equipo desde el comienzo de la era Cambiemos.

Cuestión de números

Pensar que el presidente y sus alfiles políticos no tenían calculado el impacto negativo que causaría en la opinión pública la reforma previsional, es subestimar sus bien demostradas capacidades de interpretación de la realidad. Aun sabiendo que la medida era de corte impopular, decidieron avanzar, lo que demuestra la necesidad imperiosa que tiene el Gobierno de achicar su gasto. El propio presidente en entrevista con la CNN reconoció que “si cumplimos el sendero de bajar el gasto público y el déficit fiscal, el país no va a estallar”, dando a entender que si no se cumplieran esos dos objetivos el país sí estallaría.

En su reciente Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), advierte que el déficit fiscal sigue siendo alto en la Argentina. El informe señala que pese a la reducción de los subsidios, la recaudación extraordinaria del blanqueo de capitales y el aumento de los ingresos tributarios asociados al mayor nivel de actividad, el déficit fiscal se mantuvo elevado en los primeros 10 meses del año, en un 4,7% del PBI. Y agrega que si se excluyen los ingresos generados por el blanqueo, el déficit primario llega a 3,3% del PBI y, el financiero, a 5,2%.

Tal vez el dato más preocupante que muestra el panorama económico actual es el déficit de cuenta corriente, que toma en cuenta exportaciones e importaciones de bienes y servicios y transferencias de rentas desde y hacia el país, lo que incluye pago de intereses y de utilidades y dividendos. El rojo de esta cuenta indica básicamente que Argentina gasta más dólares de los que genera su economía.

De acuerdo datos difundidos el jueves por el Banco Central, en el tercer trimestre de 2017 este rojo llegó 8.683 millones de dólares, lo que implica un salto interanual de 200% frente al mismo período del año anterior. La causa principal es un incremento de 24% en las importaciones, contra una variación casi nula de las exportaciones, que fue de -0,2%. A eso se le agregó un mayor déficit en la cuenta servicios, con un crecimiento de 28,6% y otro salto de 46,5% en el saldo negativo de la cuenta de ingresos primarios, ya que el rojo por intereses de la deuda se elevó 66% anual y la salida de utilidades y dividendos creció 28,3%.

Como resultado, en el acumulado de los últimos cuatro trimestres el déficit de cuenta corriente sobre el PBI alcanzó el 4,5%, el peor rojo de cuenta corriente desde 1998.

Un informe elaborado por Ecolatina concluye que “tal como se viene observando en los trimestres previos, el sector externo es el principal punto débil que presenta el modelo económico. Si bien el flujo de financiamiento externo permite posponer los problemas que pudieran presentarse, continúa siendo preocupante la situación a mediano plazo. Lo cierto es que la dependencia de financiamiento externo vuelve vulnerable al sistema. Si bien el gobierno se encuentra con viento de cola tras haber ganado las elecciones y logrado pasar las principales reformas (previsional, tributaria), y augura buenas expectativas para el año entrante, será necesario revertir esta situación y generar dólares genuinos para no tropezar  nuevamente con la restricción externa”.

Crecimiento asegurado

Datos como los déficits crecientes y el endeudamiento para financiarlos siembran dudas respecto a la sustentabilidad de la economía argentina en el mediano plazo, pero otros índices como el crecimiento sostenido del PBI aportan tranquilidad en el corto plazo y generan optimismo respecto a la posibilidad de solucionar los desequilibrios de fondo antes de que sea demasiado tarde.

En el tercer trimestre de 2017, el PBI creció 4,2% interanual mostrando tres trimestres consecutivos de alza. Adicionalmente, se modificó al alza la variación interanual del segundo trimestre de 2017 (pasando de 2,7% a 2,9% interanual).

En términos desestacionalizados, el PBI trepó 0,9% en el tercer trimestre respecto al anterior, lo que implica de manera anualizada, un ritmo de crecimiento en torno a 3,6%.

Con esos datos el nivel de actividad logró superar el pico que había registrado en el tercer trimestre de 2015.

Que la economía crezca implica que hay más actividad, más consumo y con ello mayor recaudación. El problema es que en el contexto actual, el crecimiento está apuntalado por la toma de deuda, lo que no es sustentable en el mediano plazo porque lleva a un deterioro progresivo de la economía que puede terminar en una crisis de solvencia como la que experimentó el país en 2001.

El desafío para el Gobierno será aprovechar ese crecimiento para resolver las inconsistencias. Bajar progresivamente la necesidad de tomar deuda, corregir el atraso cambiario y reducir las tasas de interés sin disparar la inflación, son algunas de las tareas pendientes. Lo que no debe hacer el Gobierno si quiere evitar el colapso es aprovechar el crecimiento para aumentar el gasto, porque de ese modo persistirían todas las restricciones.

La visión de Macri y de su equipo económico, reserva al sector privado un rol fundamental en la recuperación de la economía. A diferencia del gobierno anterior, que creía en las bondades de la intervención directa del estado, tanto para controlar al sector privado como para generar riquezas –estatizaciones de YPF, Aerolíneas y ferrocarriles, creación de Arsat – la receta del macrismo consiste en crear condiciones favorables y dejar que los empresarios hagan todo lo demás.

En esa línea van medidas como la reforma previsional que incluye beneficios fiscales, reducciones de alícuotas y devoluciones de retenciones a la exportación e inversiones en infraestructura orientadas a mejorar la competitividad del sector privado.

Como nunca antes, la pelota está del lado de los empresarios, a los que les tocará motorizar el crecimiento de la economía. Su desafío será aprovechar el entorno más favorable a sus intereses para invertir y generar empleo y así cumplir con la teoría del derrame.

De acuerdos y lealtades (retomando el eje)

Otra de las consecuencias que generó la polémica por la reforma previsional es un realineamiento entre la Nación y las provincias. La calesita a la que sometieron al oficialismo algunos diputados de provincias que habían comprometido su apoyo al proyecto en la fallida sesión del jueves, no cayó bien en la Casa Rosada y el propio presidente se lo hizo saber a los gobernadores cuyos representantes no hicieron mucho esfuerzo por dar el quórum.

Allí es donde la coherencia política del gobierno provincial volvió a ser reconocida por Macri y sus más directos colaboradores. Para el Gobierno nacional, la negociación del Pacto Fiscal y de las reformas fue la confirmación de que la gestión que encabeza Passalacqua practica la firmeza a la hora de negociar y la lealtad a la hora de cumplir los acuerdos.

Contar con una contraparte que garantiza coherencia y seriedad no es poca cosa en la arena política argentina, el macrismo lo sabe y tomó nota. Después de lo ocurrido en las últimas dos semanas, la valoración de Passalacqua y de la renovación creció significativamente a ojos del Gobierno nacional, lo que sin dudas redundará en una relación más estrecha entre ambas esferas de Gobierno y entre las fuerzas políticas que representan.

Otro aspecto que llamó la atención de autoridades nacionales fue el clima de tranquilidad en el que Misiones debatió y aprobó el Pacto Fiscal. Las imágenes de policías misioneros repartiendo botellas de agua entre los manifestantes que pacíficamente expusieron su rechazo a esa medida frente a la Legislatura provincial, contrastaron con las escenas de violencia extrema que se vieron a las puertas del Congreso de la Nación.

Lo que no quiere decir que la medida haya caído bien en Misiones, al contrario, la reforma previsional dispuesta por la Nación también generó en la tierra colorada un marcado descontento social y que se suma a la disconformidad con la situación económica. La diferencia la marca la presencia de un Gobierno provincial que mantiene altos niveles de adhesión, lo que evita que el disgusto se traduzca en manifestaciones de violencia pública como las que sí se ven en Buenos Aires. Eso tampoco escapa de la consideración de un gobierno nacional que necesita paz social.

 

 

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