Análisis semanal: Reflexiones sobre política y poder, furia y represión, voto y abstención

Análisis semanal: Reflexiones sobre política y poder, furia y represión, voto y abstención

El primer intento del Gobierno nacional de convertir en ley la controvertida reforma previsional derivó en un escándalo de proporciones mayúsculas. La violencia fue la principal protagonista: afuera del Congreso una protesta con fundamentos genuinos pero infiltrada por grupos violentos con intereses políticos y por simples saqueadores fue ferozmente reprimida por fuerzas federales que militarizaron la zona, mientras dentro el recinto de la Cámara baja, los principales referentes de los bloques legislativos mostraban comportamientos propios de un barrabrava.

Más allá de los acuerdos de la alta política, razones partidarias, operaciones mediáticas, oportunismos desestabilizadores y falencias en la comunicación oficial, resulta necesario aclarar que la principal razón para que el proyecto sea resistido es su naturaleza intrínsecamente impopular. Bajo el eufemismo de reforma previsional, lo que hay es un ajuste liso y llano sobre uno de los sectores más desguarnecidos de la sociedad. Ese es un dato objetivo que no consiguió rebatir ninguno de los argumentos surgidos desde la usina de comunicación de Cambiemos y que días antes de la votación fueron recopilados en un paper distribuido entre los dirigentes del oficialismo.

La parte más difícil de justificar del sistema de actualización que propone el Gobierno de Macri es la desaparición de un trimestre a los efectos del cálculo de los aumentos, lo que se produciría en el momento del cambio de un sistema a otro. La primera actualización del nuevo sistema está prevista para marzo, seis meses después de la última del actual esquema, pero a la hora de hacer el cálculo se contemplará solamente un trimestre, el último de 2017. Como resultado, la reforma recorta la mitad del aumento que prevé el sistema actual. En términos de dinero contante y sonante, un jubilado que cobre 10 mil pesos tendrá en marzo un incremento 900 pesos menor y a lo largo de todo el año, cobrará 6.200 pesos menos.

La estrategia de comunicación de Cambiemos respecto a ese punto durante la semana previa al tratamiento del proyecto se limitó a negar lo que era evidente. Contra lo que decían analistas y dirigentes del más amplio espectro ideológico –desde el furiosamente liberal Javier Milei hasta referentes de izquierda como Miriam Bergman- referentes de Cambiemos como Marcos Peña o el diputado nacional Luis Pastori, aseguraban que la reforma resultaría beneficiosa para los jubilados.

Incluso la diputada oficialista Elisa Carrió –suerte de reserva moral de Cambiemos- había anticipado que su voto negativo si el oficialismo insistía en eliminar un trimestre del cálculo de actualizaciones, pero luego de un llamado a la disciplina partidaria a cargo de Marcos Peña, la legisladora cambió de opinión.

Con la tropa propia alineada y con el respaldo de casi todos los gobernadores plasmado en el pacto fiscal, el oficialismo se lanzó a la aventura de sancionar una ley resistida por un amplio sector de la sociedad, contando apenas con los números justos para lograr el quórum.

De la peor manera posible, el oficialismo aprendió entonces que para tener resultados no basta con ser efectivos en las negociaciones de la alta política, también hay que saber ejercer el poder en los territorios intrincados de la rosca. Macri volvió a mostrar inteligencia a la hora de negociar, pero le faltó pulso para hacer cumplir lo negociado.

Lo que ocurrió en el recinto fue que muchos diputados que responden a gobernadores que habían comprometido su apoyo se mostraron reticentes a pagar el costo por una reforma impopular de un gobierno ajeno que ni siquiera había logrado defenderla bien.

Con los diputados del kirchnerismo y de las fuerzas de izquierda en franca oposición, a los diputados poco convencidos de seguir el mandato de sus gobernadores –la mayoría de ellos peronistas- les bastó el juego de la calesita para impedir el quórum que necesitaba el oficialismo para iniciar la discusión. Con la mirada fija en el tablero, un grupo se sentaba en sus bancas justo antes de otro grupo abandonara las suyas, todos atentos a no alcanzar el número mágico en la pizarra: 129.

Luego de febriles negociaciones de pasillo y llamados frenéticos de las más altas esferas de poder de la Nación y de las provincias, la sesión alcanzó el quórum y el presidente Emilio Monzó la declaró abierta. Pero desde la oposición reclamaron que se había terminado el tiempo máximo estipulado e incluso denunciaron la presencia de diputados que todavía no habían jurado.

Lo que siguió fue un espectáculo vergonzoso para la política argentina. A la vista de todo el país, se desató una catarata de exabruptos a cargo de los legisladores. En torno a la banca de Monzó se armó un tumulto más propio de un partido de fútbol barrial que de un intercambio de opiniones en el Congreso de la Nación. Palabras subidas de tono, gestos amenazantes e incluso un par de manotazos entre el mencionado Monzó y el histórico dirigente radical devenido en kirchnerista, Leopoldo Moreau completaron el bochorno.

Minutos después volvió a cobrar relevancia la figura de Carrió, que pidió levantar la sesión argumentando que no estaban dadas las condiciones. Desde el oficialismo lo consideraron como un gesto de cordura en defensa de la institucionalidad y desde la oposición, como un reconocimiento de las irregularidades que denunciaban.

Violencia y represión

En sus primeros dos años de gobierno, Cambiemos dejó en claro que no le interesa la calle como espacio de expresión política. Entienden que la mayor parte de la sociedad reprueba las manifestaciones públicas y las emparenta con ideas negativas como el populismo, la violencia o directamente, la delincuencia.

Ante el desdén de Cambiemos por operar políticamente en ese territorio a los fines de contener o desactivar protestas, el espacio público queda libre de disputa para la acción de grupos con distintas intenciones que van desde la manifestación pacífica hasta el saqueo de comercios. La represión -cada vez más violenta- aparece entonces como la única respuesta que ensaya el Gobierno nacional.

El mismo cuadro promete repetirse porque desde ambos lados de la grieta entienden que les conviene. Los estudios de opinión le muestran a Cambiemos que la sociedad –especialmente en las grandes ciudades- está harta de piquetes, marchas y manifestaciones, apoya la política de aplastarlas a fuerza de palos y balas y no se conmueve demasiado con los heridos o incluso muertos que pudieran quedar en el camino.

Desde la oposición también entienden que el conflicto callejero los beneficia, entre otras cosas porque les aporta argumentos para sostener que las políticas de Macri sólo son posibles con represión.

Con dos muertes provocadas en circunstancias de protesta en menos de un semestre y luego del escándalo del jueves, resulta difícil sostener que la escalada de violencia no vaya a tener un costo político para el Gobierno.

Cualquiera sea la estrategia que pretenda llevar adelante el macrismo, desdeñar a la calle como espacio de expresión política parece una apuesta cuanto menos arriesgada en un país en el que no hace mucho, un presidente debió renunciar y escapar en helicóptero ante la imposibilidad de contener manifestaciones callejeras.

 DNU, bono y un nuevo intento

El levantamiento de la sesión enfureció a Macri, quien inmediatamente ordenó redactar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para poner en vigencia la reforma previsional. El decreto llegó a ser firmado por todos los ministros, pero las expresiones de rechazo generalizado y una nueva intervención de Carrió, desactivaron esa posibilidad.

“Carrió y la Coalición Cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional”, publicó la legisladora en su cuenta de Twitter, ni bien se confirmó la intención del presidente de sacar la reforma por decreto.

Entonces tomó fuerza la posibilidad de morigerar el ajuste con un bono y volver a intentar una sanción en Diputados el lunes. Se volvió a convocar a una sesión especial y el Ejecutivo anunció que de aprobarse la reforma, pagaría en enero y por única vez un bono para los jubilados que cobran menos de 10 mil pesos y para los beneficiarios de AUH. Quienes hayan cumplido con los 35 años de aportes cobrarán 700 pesos; los que ingresaron gracias a alguna moratoria, 375 pesos y 400 los que cobran asistencia social.

El bono implicará al estado nacional un desembolso de 4 mil millones de pesos, muchísimo menos de lo que se ahorraría con la entrada en vigencia del nuevo régimen, entre 60 y 10 mil millones de pesos.

Para un jubilado que cobre 10 mil pesos, el bono compensará poco más de 10 por ciento de la pérdida que tendrá durante todo el año si se aprobara el nuevo sistema.

Previsiblemente desde el kirchnerismo se opusieron. Para diputado nacional Agustín Rossi “lo del bono es un engaña pichanga para conseguir el quórum, es una farsa. Es una nueva burla para el conjunto de los jubilados y pensionados”.

Los operadores políticos de Cambiemos tendrán hasta el lunes para evitar que se repita ese día el papelón del jueves y lograr que esta vez sí se respeten los acuerdos de cúpulas. Los legisladores que jugaron a la calesita tendrán la oportunidad de tomar el lunes una postura definida respecto a la posibilidad de dar o no el quórum, ya que ello representa el umbral mínimo de seriedad que deberían cumplir todos los legisladores.

Radicales, abstenerse

El año legislativo cerró en Misiones con la jura de los nuevos diputados y concejales y las elecciones de autoridades.  Con mayoría propia, la Renovación tenía de antemano garantizada la presidencia, que previsiblemente recayó en Carlos Rovira y la primera vicepresidencia que fue para el exintendente Orlando Franco. Pero lo que se preveía como un acto institucional que no podía dejar mucha tela para cortar, terminó generando polémica gracias a la intervención de los diputados radicales.

En consonancia con el pacto de gobernabilidad mutua que mantienen los gobiernos nacional y provincial, desde la cúpula de Cambiemos bajaron a sus legisladores el mandato de apoyar la reelección de Rovira, entendiendo que la ética, la tradición y hasta el sentido común obligaban a reconocer el claro mensaje que dejó el pueblo misionero en las dos últimas elecciones.

Pero los diputados radicales se negaron a seguir el mandato emanado de la conducción nacional de Cambiemos, luego de acaloradas reuniones realizadas el día previo a la votación, decidieron no votar a Rovira, postura que acompañaron dos de los cuatro legisladores del PRO.

No votaron al candidato de la mayoría, pero tampoco se animaron a proponer a un candidato alternativo, en cambio se abstuvieron, no votaron a nadie. El diputado Gustavo González, uno de los abanderados del abstencionismo, justificó su decisión con un reclamo de alternancia en la presidencia.

Detrás de las declaraciones pour la galerie quedó en evidencia una tensión interna en Cambiemos impulsada por un radicalismo que procura socavar el crecimiento del PRO en la provincia, impulsado principalmente por el protagonismo cada vez mayor de Humberto Schiavoni en el pequeño círculo que rodea al presidente y que interviene directamente en la toma de las decisiones más relevantes para el país.

Diputados de los demás bloques cuestionaron la postura presentada por los radicales. Desde la renovación consideraron poco democrático no reconocer los resultados que marcaron las urnas, mientras que desde el PAyS calificaron al voto radical como incoherente y poco arriesgado. El presidente de ese bloque, Martín Sereno, observó que los radicales reclamaron alternancia pero no presentaron una alternativa y que con la abstención  se quedaron a medio camino entre apoyar u oponerse. “A este tipo de gente en el barrio le decíamos pecho frío”, toreó el del PAyS.

La resistencia radical no tuvo ningún efecto práctico y Rovira resultó electo con 32 de los 40 votos entre los que se incluyeron los 24 de la renovación, 2 del PRO, los 4 del PAyS y los bloques unipersonales de Trabajo y Progreso y Cultura, Educación y Trabajo.

Los diputados del PRO que sí respetaron el mandato partidario fueron Miguel López Vedoya y Jorge Ratier, quienes son los conductos más directos del macrismo en la Legislatura. “Quien gobierna debe tener la conducción de la Cámara”, sostuvo López Vedoya, mientras que Ratier –quien luego fue electo vicepresidente segundo- abogó por el respeto de las minorías, pero también por las mayorías.

Los diputados del PRO que desoyeron lo que pidió su propio partido fueron Alba Nilsson y Roberto Rocholl, quienes corren riesgo de ser sancionados y hasta fueron cuestionados en las redes sociales por muchos de los partidarios de los globos amarillos.

A diferencia de lo ocurrido en la Legislatura, en el Concejo Deliberante de Posadas todos respetaron las mayorías, lo que permitió que el renovador Fernando Meza fuera electo por unanimidad.

Cumplidos los actos institucionales pertinentes, la renovación se garantizó la presidencia y la mayoría tanto en la Legislatura de Misiones y el Concejo de Posadas. Por el lado de Cambiemos, quedó un sabor amargo por no haber conseguido votar en bloque en la primera sesión de los diputados electos en octubre y quedó planteada la necesidad de avanzar en consensos internos más sólidos.

Consenso fiscal

La primera tarea para la nueva composición de la Legislatura fue analizar el Pacto Fiscal, que fue evaluado el viernes en una reunión conjunta de las comisiones de comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales en la que participó el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán. Todo indica que sería sancionado en una sesión especial convocada para el lunes.

Las modificaciones que introduce el documento, que ya fue consensuado por los gobiernos nacional y de todas las provincias menos San Luis, implicará para Misiones una pérdida de alrededor de 1.700 millones de pesos en su recaudación propia, según informó Safran durante la reunión. Parte de ese dinero sería compensado por un bono nacional a 11 años y por la devolución del 3 por ciento de los fondos coparticipables con los que se quedaba la Anses.

La pérdida neta dependerá de cuánto traccione la economía y en cómo ese crecimiento se refleje en la recaudación de impuestos. Los pronósticos más optimistas sugieren que las modificaciones impositivas implicarán una reducción del orden de los 900 a 1.000 millones de pesos en la recaudación, mientras que si la economía crece menos de lo estimado, las pérdidas podrían llegar a los 1.200 o 1.300 millones.

La estrategia del Gobierno provincial para capear la crisis que se avizora tiene como principal argumento reducir a su mínima expresión posible los gastos de la política haciendo un manejo austero y eficiente de los recursos.

A las empresas les tocará demostrar la factibilidad de la teoría del derrame. La puesta en vigencia del pacto fiscal, que prevé la reducción progresiva de alícuotas de impuestos provinciales provocará una transferencia millonaria de recursos del sector público al sector privado. Con ello, las empresas tendrán la responsabilidad de volcar esos fondos a la generación de empleos, lo que permitiría que esta vez -a diferencia de lo ocurrido en décadas anteriores- una baja de impuestos se traduzca en beneficios para el resto de la sociedad.



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