Economistas y legisladores coincidieron en que la progresiva reducción de ingresos brutos prevista para esa actividad beneficiará al sector privado en detrimento de los fiscos de la mayoría de las provincias y que no hay razón para que ningún sector plantee que a partir del pacto fiscal podrían aumentar alícuotas de ese impuesto provincial en algún lugar del país. Desde la cámara que nuclea a las empresas del sector habían afirmado que la reforma perjudicaría a las industrias radicadas en la provincia y a las del resto del país.
La reducción de ingresos brutos en todas las provincias fue uno de los puntos más discutidos del pacto fiscal. Pasadas las elecciones en las que el Gobierno nacional obtuvo un triunfo significativo a escala nacional y con un inminente fallo de la Corte por el Fondo del Conurbano pendiendo cual espada de Damocles sobre las cabezas de los demás gobernadores, Macri consiguió el compromiso de todas las provincias de bajar progresivamente las alícuotas de ingresos brutos y sellos.
De resultas que el sector privado surgió como uno de los principales ganadores –junto con Buenos Aires- en el nuevo esquema tributario que pretende instrumentar el equipo económico de Macri. En Misiones uno de los primeros sectores en recibir noticias concretas fue la foresto industria. A pocas semanas de firmado el pacto, en una reunión de la Mesa Forestal Nacional el ministro del Agro misionero, Luis Garay, anticipó que se eliminaría el cobro de ingresos brutos a las exportaciones de madera y manufacturas elaboradas con ese material, mientras que las alícuotas aplicadas en ventas al mercado interno se reducirían a 2 por ciento.
La industria celulósica en cambio, seguiría pagando un máximo de 7 por ciento tanto en exportaciones como en ventas al mercado interno, porcentaje que se iría reduciendo a razón de un punto por año para terminar en un piso de 3 por ciento en 2022.
Una primera lectura indicaba que las grandes compañías de celulosa deberían esperar un poco más que los madereros, pero en definitiva también se beneficiarían con una considerable reducción del impuesto, que en Misiones bajaría a menos de la mitad en cinco años.
Pero desde la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) se mostraron disconformes y plantearon al presidente Macri su preocupación por lo resuelto en el pacto fiscal porque consideraron que “perjudicará no solo a la industria de la provincia, sino a todas las fábricas del sector del país”.
Los representantes de la industria celulósica entienden que al establecer el pacto fiscal un techo de 7 por ciento en la alícuota de ingresos brutos para todo el país –techo que se adoptó para evitar una baja abrupta de la alícuota en Misiones- las demás jurisdicciones, que venían cobrando tasas menores ahora las aumentarían.
El presidente de AFCP, Claudio Terrés, declaró semanas después de la reunión de la Mesa Forestal Nacional, que habían decidido enviar una carta a la Unión Industrial Argentina (UIA) para que a través de esa institución -que los representa- se canalice el reclamo que corresponda a las autoridades del gobierno nacional.
Consultados por Misiones Online, economistas y legisladores nacionales consideraron injustificados los planteos de los empresarios. Coincidieron en que si bien el sector celulósico no va a tener una reducción de ingresos brutos en 2018, si la tendrá en los años posteriores y advirtieron que el pacto fiscal no introduce ningún cambio que haga que su situación el año próximo sea peor que la actual.
El diputado nacional Luis Pastori (Cambiemos) consideró que la preocupación planteada por la AFCP en relación a que el pacto fiscal podría motivar a las demás provincias –excluida Misiones- a aumentar las alícuotas de ingresos brutos, no tiene sentido. “Lo único que hace el pacto es poner un techo que antes no había, no dice que una provincia que cobraba ingresos brutos por debajo de 7 por ciento ahora tendrá que aumentar. Es cierto que tendrá la posibilidad de aumentar hasta 7, pero sin el pacto también tenía esa posibilidad, es más sin el pacto podría aumentar a 9 si quisiera, cosa que ahora no podrá hacer. En definitiva no hay nada que pueda perjudicar a las celulósicas, son las provincias las que siguen teniendo la potestad de establecer sus alícuotas, solo que ahora tienen un techo que antes no tenían, eso no puede ser malo para ellos”, indicó.
En similar sentido se manifestó el economista Guillermo Knass, quien se mostró sorprendido de que desde una cámara empresarial salgan a cuestionar una reforma cuyo efecto más concreto será una transferencia de recursos del sector público al privado.
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