Análisis semanal: La Justicia, metida de lleno en la política

Análisis semanal: La Justicia, metida de lleno en la política

Hace 23 años el terrorismo daba su golpe más fulminante en Argentina. Un coche bomba hizo trizas la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) dejando 85 muertos y más de 300 heridos entre los escombros. La investigación que siguió fue una de las muestras más acabadas de corrupción política y de justicia sucia que diera la Argentina en toda su historia, al punto de que hay dos expresidentes acusados de encubrimiento. Antes que para esclarecer el hecho, la causa Amia sirvió de fuente inagotable de escándalos, el último de los cuales se produjo hace unos días con el pedido de desafuero y prisión preventiva para Cristina Kirchner, acusada nada menos que de traición a la patria.

El juez federal Claudio Bonadio, quien llamativamente concentra todas las causas que involucran a la expresidenta, consideró a los dos ataques contra la embajada de Israel y la AMIA como actos de guerra, entendió entonces que el pacto con Irán implicaba beneficiar a un enemigo y por eso procesó a los acusados bajo la figura de traición a la patria.

El juez federal pidió además la detención del inefable Luis D’Elía, el presunto lobbysta iraní Yusuf Khalil y del exlíder de Quebracho Fernando Esteche, todos implicados en la misma causa. Mientras los recién mencionados ya están alojados en una celda, Cristina permanecerá en libertad gracias a sus fueros de senadora y todo indica que no será encarcelada, al menos hasta que no tenga una condena firme.

 

Ahora el Congreso deberá tratar el desafuero de la expresidenta, dependiendo del resultado de ese trámite Cristina deberá o no cumplir con la prisión preventiva dictada por Bonadio.

Más allá de pertenencias políticas, la mayoría de los legisladores parece sentirse cómodo detrás de la llamada “doctrina Pichetto” según la cual el desafuero sólo procede cuando existe condena firme. Esa interpretación ya benefició a Carlos Menem, quien permanecerá en su banca del Senado a pesar de que ya acumula dos condenas en su contra, ambas apeladas. Frente al antecedente del riojano, la situación de Cristina es más favorable dado que hasta ahora no pesa sobre ella ninguna condena en ninguna instancia.

La medida dispuesta por Bonadio fue tomada con moderación por el Gobierno, al menos en declaraciones públicas de sus principales referentes que pidieron que se deje actuar a la Justicia, mientras que sus legisladores anticiparon que estudiarían el tema antes de resolver su voto, cuidándose mucho de no hacer comentarios respecto de la causa.

Fuentes de Cambiemos reconocen que la avanzada de Bonadio generó opiniones encontradas dentro de esa alianza. Por un lado reina una inocultable emoción con la posibilidad de ver tras las rejas a Cristina y entienden que buena parte de la sociedad festejaría con esa imagen. Pero por otro lado, no son pocos los que reconocen que la catarata de prisiones preventivas ordenadas por la justicia contra exfuncionarios del kirchnerismo no hace más que alentar las acusaciones por una supuesta manipulación política de la justicia y ven que eso podría terminar perjudicando la imagen del Gobierno.

Por otra parte está en discusión si el nuevo escándalo beneficiará a un Gobierno que por estos días está concentrado en cerrar acuerdos con las demás fuerzas políticas para avanzar en las reformas que pretende el presidente Macri.

Del otro lado de la grita, desde el entorno kirchnerista volvieron a denunciar un proceso de persecución política e interpretaron el pedido de captura a Cristina como una cortina de humo para desviar la atención pública de la discusión de temas como los aumentos de tarifas que se avecinan y las reformas previsional y laboral.

La propia Cristina se declaró víctima de una operación que tendría a Mauricio Macri como director y a Bonadio como ejecutante y volvió a hablar de una campaña para intimidar y disciplinar a la oposición.

En medio de los misiles cruzados, referentes del PJ –muchos de los cuales respaldaron con su voto el memorándum con Irán que motivó el pedido de detención de Cristina- anticiparon su rechazo al pedido de desafuero, lo que garantizaría la libertad de la expresidenta por al menos seis años.

¿Exceso en la preventiva?

Más allá de opiniones sobre cada uno de los casos en los que está avanzando la justicia, desde la política ven con preocupación cada vez mayor la facilidad con la que un juez federal puede ordenar detenciones sin mediar condenas apelando a la prisión preventiva.

Ocurre que el criterio de la prisión preventiva según marca la ley es aplicable ante peligros de fuga o para quienes tienen capacidad de entorpecer las investigaciones, pero ese criterio fue ampliado por interpretación de jueces como Lijo y Bonadio a la relación de los procesados con el poder en general y sus estribaciones en posibles complicidades o influencias posteriores para operar sobre un proceso judicial.

Hombres de reconocidas trayectorias como Ricardo Gil Lavedra y León Arslanián advirtieron respecto a un posible uso discrecional de la figura de la prisión preventiva. En ese sentido, un reciente documento del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de posiciones muy duras frente al gobierno de la ex presidente, advirtió que “a fin de evitar abusos de discrecionalidad judicial que afecten el principio de legalidad penal y la división de poderes, los recientes hechos de público conocimiento plantean la necesidad de reanalizar los límites de la restricción de la libertad durante el trámite del proceso”.

Fue un poco más allá el texto e hizo expreso el destinatario de su pedido: es necesario –dice- que “el Congreso de la Nación reglamente las causales que, objetivamente, puedan configurar los supuestos de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga, para lo cual deberá ponderar no solo la ley procesal, sino también la Constitución Nacional y los pactos de derechos humanos”.

Independientemente de lo que resuelva el Congreso en relación al desafuero de Cristina, la causa iniciada por la denuncia del fiscal Nisman deberá seguir su camino, cuya próxima parada es la Cámara Federal, que deberá evaluar la solidez de la prueba recolectada por el fallecido fiscal.

Bomba, muerte y corrupción

La olla que destapó Nisman –cuyo contenido todavía no está del todo claro- es la última derivación de la causa Amia, uno de los más nefastos antecedentes que arrastran la política y la justicia argentinas.

El primer gran hito de la causa se produjo en 2001. Luego de siete años de investigación se hizo un juicio oral contra 22 acusados de conformar la conexión local. Dos años después la justicia argentina acusó formalmente  al gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbolá de ejecutarlo. Según la investigación del juez Galeano, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión de su gobierno de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.

Entidades integradas por familiares de víctimas, como Memoria Activa y Apemia, cuestionaron la investigación del juez Galeano y denunciaron una cadena de complicidades que llegaría a las más altas esferas gubernamentales cuyo objetivo sería encubrir a los verdaderos perpetradores del atentado.

En diciembre de 2003 la Cámara Federal le dio la razón a esos cuestionamientos y apartó de la causa a Galeano por falta de imparcialidad y un año más tarde el Tribunal Oral Federal absolvió a los 22 acusados de integrar la conexión local.

El entonces flamante presidente Néstor Kirchner prometía impulsar una nueva investigación, que develara no solamente quiénes fueron los ideólogos y los perpetradores del atentado, sino también la trama de complicidades y encubrimiento que denunciaban los familiares de las víctimas. Para ello creó una fiscalía especial que dedicaría solamente a esa investigación al frente de la cual designó a Alberto Nisman.

La causa por encubrimiento contra los funcionarios públicos quedó en manos del juez Claudio Bonadio, uno de los que según Domingo Cavallo estaba listado en la servilleta en la que Carlos Corach habría enumerado a los jueces afines al menemismo.

En nuevo juez de la causa fue rápidamente acusado de falta de imparcialidad y reemplazado en 2005 por Ariel Lijo. Bonadio entendió que su desplazamiento fue arbitrario y respondía más a una necesidad de contar con un juez más funcional al poder político de turno que a buscar el esclarecimiento de la causa. Entonces quedó declarada una enemistad pública entre Bonadio y el kirchnerismo.

A pesar de los cuestionamientos que había recibido la causa Amia, Nisman siguió la misma pista que Galeano, convencido de que los iraníes habían sido los responsables del atentado. Siguiendo esa línea el juez Canicoba Corral, quien había reemplazado a Galeano en la causa por el atentado, pidió la captura de ocho funcionarios iraníes y un miembro de Hezbolá.

En 2007 Interpol ratificó lo ordenado por Argentina y emitió circulares rojas para capturar a los iraníes y llevarlos ante la justicia. A pesar de ello Irán se negó hasta ahora a extraditar a los requeridos por la justicia argentina.

La causa Amia se mantuvo relativamente alejada de los titulares de los diarios hasta 2013, cuando la presidente Cristina Kirchner, en el marco de una relación más estrecha con Irán que incluía la posibilidad de establecer vínculos comerciales más fuertes, impulsó un pacto con esa nación asiática que fue aprobado por el Congreso con la mayoría kirchnerista.

El memorándum, que a postre nunca entro en vigor, permitiría tomar declaración a los iraníes en su propia tierra. Desde el oficialismo afirmaban que eso serviría para destrabar una situación que no tenía visos de avanzar y redundaría en el esclarecimiento del atentado. Pero desde la oposición entendieron que el pacto escondía un intento de encubrimiento ya que les brindaba a los acusados la posibilidad de ser interrogados en Irán, donde no serían capturados, y con ello se liberarían de las alertas rojas.

En ese contexto, el fiscal Nisman sorprendió a la opinión pública a inicios de 2015 afirmando en entrevistas periodísticas que tenía pruebas concretas de encubrimiento que comprometían a la presidente Kirchner y otros funcionarios y que el memorándum era una pieza central en ese supuesto intento de encubrimiento.

El día en que debía presentar esas pruebas ante el Congreso, apareció muerto en el baño de su departamento. Las pericias que se hicieron días después concluyeron que se trató de un suicidio, pero pericias nuevas que se hicieron este año concluyeron que se trató de un asesinato. Ocurre que cuando hay un cambio de gobierno en Argentina, hasta los resultados de las pericias se modifican.

La acusación presentada por el Nisman contra la presidenta Kirchner fue rápidamente desestimada por el juez Rafecas, quien consideró que ninguna de las líneas de acusación se sostenía mínimamente y que no se podía iniciar un proceso penal ya que las pruebas “dejan huérfano de cualquier sustento” la supuesta maniobra de encubrimiento y/o entorpecimiento de la investigación del atentado a la AMIA.

Durante todo 2015 la denuncia de Nisman siguió un derrotero que parecía condenarla al olvido. La fiscal Pollicita apeló el fallo de Rafecas por “descartar en forma anticipada y prematura la hipótesis” que contiene la denuncia de Nisman, pero la Cámara Federal respaldó el fallo de Rafecas y rechazó la denuncia de Nisman por dos votos contra uno. Después el fiscal federal Moldes apeló la decisión de la Cámara Federal y entregó un escrito a la Cámara de Casación para que se revise el fallo, pero la Cámara Federal de Casación Penal cerró formalmente la denuncia de Nisman al desestimar la apelación de Moldes.

Todo eso se produjo entre febrero y mayo de 2015, parecía que Cristina iba a terminar su mandato sin tener que preocuparse por el fantasma de Nisman y de su denuncia.

Pero en agosto de 2016, ya bajo la presidencia de Macri, familiares de víctimas del ataque a la AMIA se presentaron ante el juez Bonadio –cuya enemistad con Cristina era pública- para que los aceptara como querellantes en la causa abierta por la denuncia de Nisman.

Entonces se abrió otro largo periplo de apelaciones por parte de los fiscales Moldes y Pollicita que fueron sistemáticamente rechazados por el juez Rafecas y la Cámara federal, hasta que el expediente llegó a la Cámara de Casación Penal que ordenó reabrir la denuncia.

La causa cayó en manos del juez Lijo, considerado por entonces afín al kirchnerismo, pero junio de este año, por decisión del presidente de la Cámara Federal Porteña Martín Irurzún, el caso pasó al juzgado de Bonadio, lo que fue denunciado desde el entorno de Cristina como una maniobra de forum shopping.

Menos de seis meses le llevó a Bonadio pedir la prisión preventiva de Cristina Kirchner y de otros implicados en la causa. Todo indica que Cristina, amparada por sus fueros, seguirá en libertad durante el proceso de esta causa, al menos mientras no tenga una condena firme.

Misionerismo con bloque propio

La coyuntura política reserva al Congreso un lugar central en el escenario de 2018. Allí se continuarán discutiendo modificaciones de fondo como el paquete de reformas que impulsa el Gobierno nacional y cuestiones candentes como el desafuero de Cristina Kirchner.

De cara a esos debates, el Frente Renovador concretó un viejo anhelo, la conformación de un bloque propio en la Cámara de Diputados. El bloque misionerista se plantea como una herramienta para defender los intereses de los habitantes de la tierra colorada desde una perspectiva federal.

Un paso más en la construcción de autonomía política, el bloque propio permitirá a los legisladores misioneros tomar las decisiones más favorables a los intereses de la provincia sin tener que dar explicaciones a nadie más que al pueblo que los votó.

En Misiones, la Legislatura se prepara para una nueva jornada de alto valor institucional. El domingo 10 asumirán los diputados electos y se elegirán nuevas autoridades.

Con mayoría renovadora garantizada, la presidencia del cuerpo volverá a quedar en manos de Carlos Rovira y la primera vicepresidencia también sería para esa fueza.

Queda por verse cómo votarán los integrantes de los demás bloques. La normas no escritas de la tradición y la ética mandan a respetar el dictado de las urnas y reservar la presidencia para el partido más votado, en este caso la renovación, pero el año pasado el radicalismo optó por abstenerse.

Transparencia que beneficia a la gente

Desde comienzos de su mandato al gobernador Passalacqua le tocó lidiar con un entorno económico poco amigable. El cambio de paradigma que llegó de la mano del presidente Macri profundizó en 2016 la recesión que se insinuaba en años anteriores. Cayó el poder adquisitivo de los asalariados en todo el país, con ello las ventas y la recaudación. Además se aplicaron reducciones en las retenciones a la soja y se aplicaron reintegros que repercutieron negativamente en la coparticipación y en los fondos que llegan a los municipios.

Al calor de ese contexto Passalacqua acuñó una frase que se convirtió en un latiguillo que repite en casi todos sus discursos: “la cosa no está fácil”.

Y cuando la cosa parecía ponerse un poco menos difícil porque la actividad comenzaba a repuntar de un modo sostenido, la demanda judicial de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano apareció en el horizonte amenazando desfinanciar a todas las demás provincias. Para evitar pérdidas mayores, las provincias acordaron un pacto fiscal y comprometieron su respaldo a proyectos de reforma que, de no profundizarse el crecimiento de la economía, podrían terminar disminuyendo los ingresos de las provincias por recaudación propia.

Desde el Ejecutivo provincial entienden que el nuevo escenario obliga a extremar la austeridad en el gasto y poner como nunca el acento en la transparencia en el manejo de los recursos.

En sentido, el Gobierno provincial dio un paso importante esta semana al concretar importantes reformas en el Tribunal de Cuentas que permitirán hacer un control mucho más estricto, mediante el uso de herramientas informáticas, de las empresas en las que el Estado tiene algún tipo de participación.

El resultado de esta política de austeridad está a la vista: Misiones fue la primera provincia en anunciar que pagará un bono de fin de año a su planta de empleados públicos. Se depositará en dos cuotas: la primera, de 1.500 pesos, el 22 de diciembre y la segunda será de 1.000 pesos y se pagará en los días previos a Reyes.

El beneficio especial de fin de año implicará una inversión de 200 millones de pesos a la Provincia. “Es un enorme esfuerzo, más aún ante la delicada situación económica y financiera del país. Es mucha plata la que vamos a poner, pero nos pareció que poner la plata en el bolsillo de la gente era la inversión más inteligente que podíamos hacer”, declaró Passalacqua.

 

 



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