En su punto más alto de imagen y luego de una seguidilla de triunfos políticos, el gobierno de Macri enfrenta una tragedia que conmociona al mundo y cuyas consecuencias marcarán a fuego lo que quede de su gestión. Al igual que en el caso Maldonado, el Gobierno vuelve a lidiar con una desaparición, esta vez no de una sino de 44 personas y del submarino que las albergaba.
Luto sin declarar, tragedia que no termina de consumarse, la desaparición no ocurre y finaliza en un momento sino que se extiende durante un tiempo -ya más de diez días para el ARA San Juan- que se convierte en un limbo insoportable. Esa característica la hace especialmente dolorosa, porque al sufrimiento por la posible pérdida le agrega la tortura de la incertidumbre.
En tiempos de hipercomunicación, los medios actuaron como una caja de resonancia llevando a las pantallas de todo el país y de buena parte del mundo las opiniones y pronósticos –cada vez más sombríos- de especialistas en las más diversas disciplinas, pero por sobre todo, la angustia de los familiares de los tripulantes.
Desesperación de quien supone a su hijo, su padre, su mujer o su hermano encerrado en un ataúd de metal estancado en el fondo del mar y peleando por la última bocanada de oxígeno. Indignación de quien no encuentra respuestas que alivien su dolor. Sentimientos y reacciones multiplicados por los medios, frente a los cuales la empatía es la única reacción posible.
Justamente por esa maravillosa capacidad del ser humano de sentir en carne propia lo que le pasa al otro, la desesperación y la angustia de cientos se convirtió en la angustia y la desesperación de millones y mientras se hacían cada más pequeñas las posibilidades de hallar a los tripulantes con vida, crecía la necesidad de encontrar culpables, aun ante la ausencia de pruebas contundentes.
De esa búsqueda de responsabilidades surgirán los costos políticos de una tragedia equiparable a las de Cromagnon y la estación de Once. Pero a diferencia de aquellos antecedentes, cuando los dedos acusadores apuntaron al unísono contra los gobiernos de turno y los empresarios implicados, a la hora de juzgar la desaparición del submarino la sociedad argentina se remitió un abanico más amplio de sospechosos.
Las lecturas más directas responsabilizan a la gestión actual –desde los responsables de la Marina hasta al propio presidente Macri- por haber perdido de vista al submarino. Quienes dan por descontado que la desaparición del Ara San Juan se produjo por un desperfecto técnico, entienden además que hay negligencia grave por haber sacado a navegar a una nave que no estaría en condiciones de hacerlo.
Con fuerte repercusión en las redes sociales –hay quienes no dudan en atribuirlas a un supuesto ejercito de trolls que manejaría el Gobierno nacional- también tomaron fuerza interpretaciones que cargan la mayor parte de la responsabilidad al Gobierno de Cristina, responsable del mantenimiento de media vida del San Juan –una suerte de service profundo que debe hacerse para extender la vida útil de la nave- en 2014.
Encuestadoras nacionales salieron a medir como incidió esta nueva tragedia en la opinión pública de las grandes ciudades. Se encontraron con un panorama similar al que surgió tras la desaparición de Maldonado: la gran mayoría interpreta la realidad de acuerdo a su propia postura política y con ello la reafirmaba.
La grieta sigue aportando a buena parte de los argentinos una matriz para interpretar lo que ocurre. Más afines a adherir a teorías que se ajusten a sus simpatías o antipatías políticas que a datos objetivos, rápidamente encuentran razones para atribuir todos los males al intrínsecamente corrupto gobierno de Cristina o a la inoperancia –cuando no lisa y llana maldad- del actual.
La novedad que señalan los analistas es que esta vez, tal vez por la magnitud del caso, aun en el núcleo duro de votantes de Cambiemos hay quienes atribuyen parte de la responsabilidad a algún nivel del gobierno actual, tal vez no a Macri, pero sí a la conducción de las Fuerzas Armadas o incluso del ministerio de Defensa. Entienden que la principal causa de la tragedia es el precario estado del equipamiento militar y lo atribuyen a la pesada herencia del kirchnerismo, pero consideran también que eso no deslinda de toda responsabilidad a las autoridades actuales por el mantenimiento del submarino y la ejecución de las misiones.
Sabiendo que no saldría indemne, en sus primeras declaraciones públicas sobre el hecho, Macri se preocupó por destacar que “no tenemos que aventurarnos a buscar culpables” hasta no poseer “información completa”.
Sea cual fuere en el resultado de la búsqueda, el Gobierno podrá mostrar a su favor que hizo el mayor esfuerzo posible por encontrar al submarino –máquina creada para no ser encontrada- y rescatar a los tripulantes y que consiguió desplegar un operativo en el que se involucraron los medios más modernos disponibles en el mundo.
Queda por ver hasta dónde llegarán las repercusiones en el plano político. Está claro que muchas cabezas rodarán. Fuentes de Gobierno aseguran que Macri estaba decidido a introducir modificaciones en la conducción de las fuerzas antes de este evento y anticipan que una vez terminado el operativo, el cambio será profundo y alcanzaría a la cúpula misma del ministerio de Defensa.
Ola reformista
La crisis provocada por la desaparición del submarino llegó en plena discusión de algunos de las reformas con las que el Gobierno de Macri pretende cambiarle la impronta a la economía argentina. Los cambios propuestos se ajustan a una matriz que pretende mejorar la posición del sector privado, alimentar con fondos frescos al gobierno de Buenos Aires al precio de un menor financiamiento para la Anses y una mayor carga tributaria sobre los individuos.
El jueves el Congreso recibió el texto del Consenso Fiscal, acuerdo celebrado por los gobiernos nacional y de todas las provincias a excepción del de San Luis. Por otro lado, la Cámara de Diputados sancionó y giró la Senado el proyecto de ley de Mercado de Capitales, que tiene el objetivo teórico de otorgar ayuda financiera para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Estos proyectos se suman a otros que ya se encuentran en el recinto parlamentario, como el proyecto de reforma tributaria, el laboral y el de los cambios previsionales.
El Congreso será el terreno en el que se debatirán los proyectos que modificarán la forma en que se distribuyen los recursos. Bajo la presión del Gobierno nacional y a regañadientes, las provincias debieron acceder a reducir progresivamente las alícuotas de Ingresos Brutos, medida que favorece directamente al sector empresarial. En otro de los puntos del acuerdo, se conmina a las provincias a llevar a valores de mercado las valuaciones fiscales de los inmuebles, lo que redundaría en un incremento exponencial en lo que pagan los individuos en concepto de impuesto inmobiliario.
Lo que pretende el Gobierno nacional es que las provincias cobren menos impuestos a las empresas y compensen con subas a los individuos. Vidal y Rodríguez Larreta, los más aplicados seguidores de las líneas que pretende imponer el Gobierno nacional, ya marcaron el rumbo. En ciudad y provincia de Buenos Aires ya se propuso reducir Ingresos Brutos y Sellos compensándolos con incrementos en los impuestos inmobiliarios y de alumbrado, barrido y limpieza (ABL), para recuperar la pérdida de la recaudación. En la Ciudad se propone un incremento para el año que viene, en promedio, del 20% en el ABL, mientras que en Buenos Aires la idea sería aumentar un 56% las partidas urbanas y un 50% las de los inmuebles rurales.
En Misiones, el Pacto Fiscal ya provocó los primeros cambios concretos a favor del sector privado. El ministro del Agro, José Luis Garay, anticipó a los forestales que las exportaciones de madera y manufacturas de madera dejarán de pagar Ingresos Brutos el año que viene, mientras las alícuotas de ese mismo impuesto a las exportaciones de celulosa y papel –principal agregado exportador de la provincia- se irán reduciendo progresivamente.
A diferencia de que lo ocurrió en ciudad y provincia de Buenos Aires, en la tierra colorada las buenas noticias para los empresarios no llegaron aparejadas –al menos hasta ahora- de aumentos en la carga fiscal sobre los individuos.
De aprobarse las reformas que pretende el Gobierno nacional pesará sobre el sector empresarial la responsabilidad de traducir el escenario “más amigable” que tanto reclamaban en inversiones y generación de puestos de trabajo que beneficien al conjunto de la sociedad. Una vez más un Gobierno nacional apuesta por la teoría del derrame, será tarea del empresariado hacer que esta vez sí funcione.
Gobernabilidad y refresh a fondo
En coincidencia con lo acordado en el pacto fiscal y haciendo honor al compromiso de facilitar gobernabilidad a un Gobierno nacional que recientemente fue respaldado por una aplastante victoria electoral a escala país, Hugo Passalacqua pidió formalmente a los legisladores misioneros que apoyen los proyectos de Consenso Fiscal y de Reforma Previsional presentados por el Ejecutivo y que ya cuentan con dictámenes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado.
El Gobernador aprovechó su periplo por Buenos Aires para participar de reuniones con pares de otras provincias con el objetivo de avanzar en la construcción de espacios comunes para defender la posición del interior en el ámbito legislativo. Sin embargo Passalacqua se ocupó de remarcar a los diputados y senadores renovadores que la prioridad debe ser consolidar un bloque misionerista cuyo único objetivo es la defensa de los intereses de la provincia, sin adherir a ninguna tendencia política ni corriente ideológica de orden nacional.
Además del misionerismo, el otro concepto básico que impulsa el gobernador es el refresh con el que la renovación viene dando curso a una demanda de la sociedad que tiene que ver con el recambio en la plana dirigencial.
Durante la semana se formalizaron las salidas de los presidentes de EMSA, Sergio Pity Ferreira, y del IPLyC, Eduardo Balero Torres y del titular de la dirección de Arquitectura de la Provincia, Ewaldo Tito Rindfleisch.
El único cargo que ya tiene reemplazo puesto es el de presidente de EMSA, que quedará en manos de Guillermo Aicheler, de la Cooperativa Eléctrica de Montecarlo Limitada, quien ya aceptó el cargo y anticipó que asumiría el 10 de diciembre.
La profundización en los cambios que impulsa Passalacqua en el Gobierno provincial fueron bien recibidos por la opinión pública y vienen a consolidar un rumbo que fue el que ratificaron los misioneros en las elecciones del 22 de octubre, cuando Passalacqua fue uno de los poquísimos gobernadores no aliados a Cambiemos que pudo alzarse con una victoria en su territorio.
Con coincidencias pero también con profundas diferencias, Macri y Passalacqua se apoyan en el respaldo de las urnas para consolidar sus liderazgos y se erigen en motores de cambios profundos que marcarán los rumbos de la política de los próximos años en la Nación y en la Provincia.
Passalacqua invitó a los senadores a votar a favor de la reforma fiscal
Exportaciones de madera de Misiones dejarán de tributar Ingresos Brutos y las de celulosa pagarán menos
Análisis semanal: Macri cada vez más genuino, reformas a la medida del sector privado y un gran triunfo de Vidal
