La Audiencia Nacional de España emitió ayer una orden de búsqueda, captura y detención internacional contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro ex miembros de su gobierno destituido por delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricato y desobediencia a la autoridad, informaron fuentes judiciales.
La jueza Carmen Lamela envió a las autoridades belgas una orden europea para que los cinco imputados sean detenidos en el país y, por separado, dictó otra orden de captura internacional por si se encontraran en un país diferente, informó la agencia de noticias DPA.
La orden había sido solicitada por el fiscal ya el jueves, cuando otros ocho ex consejeros del destituido gobierno catalán quedaron en prisión tras declarar en la Audiencia Nacional de Madrid por los mismos presuntos delitos de rebelión, secesión y malversación, castigados con hasta 30 años de cárcel.
Son los mismos cargos que se imputan a Puigdemont y los ex miembros del gabinete que lo acompañan y que no se presentaron a declarar ayer.
Puigdemont había adelantado el miércoles que seguiría en Bélgica para denunciar «un juicio político efectuado al dictado del gobierno del Estado español».
Los consejeros que se quedaron en Bélgica y contra los que también se decretó la orden de detención son Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura), Clara Ponsatí (Educación) y Lluis Puig (Justicia).
En una entrevista emitida hoy por la televisión belga francofóna RTBF, el ex presidente catalán aseguró que se entregaría a las autoridades belgas si hubiese orden de detención y que estaba deseoso por «cooperar con la Justicia real (la belga), no con la española».
La denominada «euroorden» simplifica y acelera el proceso de entrega de un sospechoso entre dos países miembros de la Unión Europea (UE).
La misma establece la detención de los afectados y que la decisión sobre su entrega se tome en un plazo de entre 10 y 60 días, dependiendo de si estos aceptan o no su extradición al otro país.
En estos casos las decisiones las adoptan exclusivamente las autoridades judiciales, sin influencia política.
Uno de los supuestos en los que puede frenarse la ejecución de una «euroorden» es si el delito que se imputa no existe en el otro país o no está incluido en la lista de los que no necesitan doble tipificación.
Ni la rebelión ni la sedicion están incluidos en esa lista ni están recogidos como tal o de la misma forma que en España en el derecho belga.
El líder independentista se trasladó el fin de semana sorpresivamente a Bélgica con algunos ex consejeros después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy interviniera el viernes la autonomía de Cataluña, destituyera el gobierno de Puigdemont y convocara elecciones regionales para el 21 de diciembre.
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