La Cámara de Apelaciones cree que los aduaneros pueden entorpecer la investigación y por eso seguirán presos

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, con los votos de los magistrados Ana Lía Cáceres de Mengoni y Mario Osvaldo Boldú, avaló la decisión de la jueza Federal María Verónica Skanata de mantener en prisión a los aduaneros imputados por el presunto cobro de coimas para el ingreso de contrabando por el puente internacional que une la capital misionera con Encarnación, Paraguay.
Se conoció este jueves la resolución con respecto a Francisco Antonio Llorente, Orlando Ariel Alfonso y Lorenzo René Juárez. Fuentes del caso adelantaron que misma postura habrían tomado los camaristas con respecto al cuatro sospechoso detenido, Bernardino Castor Equivel, pero esa resolución aún no se difundió.
Para la Cámara de Apelaciones, los hechos atribuidos a los imputados «se habrían llevado a cabo en connivencia e intervención de un número aún no determinado de personas, en un ámbito específico cual es la Zona Primaria Aduanera (art. 5 de la Ley 22.415) y definido como ‘la propia casa de la Aduana’ (C.N.C.P., Sala II, in re ‘Cazzola Carlos F. S/recurso de casación’, del 27/3/96), donde cumplen tareas como funcionarios aduaneros. Que asimismo, no puede soslayarse que en el aludido ámbito también converge la actividad de otros funcionarios estatales como son los pertenecientes a la Dirección Nacional de Migraciones y fuerzas de seguridad quienes, a la par de la Aduana, cumplen funciones esenciales”.
“Que ello indica que los hechos se habrían desarrollado presuntamente con previo concierto de voluntades y con sujetos aún no individualizados, en un ámbito espacial en el que cumplían funciones asignadas por la Administración y que resulta operativamente sensible para el Estado. Esto se verifica a poco de que se observe que constituye uno de los principales pasos fronterizos con considerable flujo migratorio (Posadas¬Encarnación) y que, en razón de aquella especial situación en que se encontraban los imputados desarrollando sus tareas, no puede descartarse la existencia de vínculos y conexiones generados en virtud de ellas, siendo esta circunstancia la que imprime serias y fundadas sospechas acerca del riesgo procesal de entorpecimiento de las investigaciones”, añadió.
“Que en efecto, si bien se encontrarían acreditadas ciertas condiciones personales que eventualmente disiparían el riesgo procesal de fuga –arraigo, situación familiar, etc.–, cierto es que el examen acerca de la viabilidad de la soltura no puede desatender tanto la gravedad de la imputación, la naturaleza y modalidad de comisión de los hechos investigados, el número de imputados, su calidad de funcionarios públicos, la existencia de causas cuya agregación por cuerda fue ordenada, como así también la posibilidad de que los encartados tomen contacto con alguno de los intervinientes a fin de adoptar medidas que frustren el éxito de la investigación en pleno curso de ejecución”, consideraron los magistrados.

Investigación que está lejos de terminar
Según Mengoni y Boldú, “los datos que inicialmente podrían haber sido obtenidos en modo alguno habilitan a sostener que la investigación se encuentre completa, menos aún que no exista investigación en curso conforme lo postulan los apelantes pues, a partir de la individualización de algunos de los sujetos que presuntamente han intervenido en las maniobras denunciadas, es donde el cauce de la investigación adquiere mayor trascendencia en orden al objeto del proceso y la necesidad de incorporar mayores elementos de convicción, esto es, la averiguación de la verdad a efectos de la aplicación del derecho de fondo; sobre cuya base se dispusieron las medidas ordenadas por la Sra. Magistrada”.
«Que en ese contexto y a contrario sensu de lo sostenido por las defensas al momento de enumerar cada una de las medidas ordenadas y argumentar acerca de la imposibilidad de su frustración, hemos de señalar que la naturaleza de aquellas no obsta a su entorpecimiento habida cuenta de que, a través de su resultado, resulta factible incorporar al proceso a personas aún no individualizadas, como así también otros datos vinculados a domicilios y medios de transporte empleados u operatorias de diversa índole que podrían cobrar incidencia en el esclarecimiento de las maniobras investigadas, la totalidad de las cuales pueden verse frustradas de concederse la libertad”.

La imputación
Llorente, por razones de salud, cumple arresto domiciliario. Los demás se encuentran alojados en la delegación Posadas de la Policía Federal Argentina. Además de los que están detenidos, hay otros seis imputados que están en libertad. Todos se encuentran acusados del delito de «asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público».