La jueza Federal de Posadas, María Verónica Skanata, dispuso que uno de los aduaneros imputados por supuestos casos de corrupción en el puente internacional San Roque de Santa Cruz, que une la capital misionera con Encarnación, Paraguay, cumpla arresto domiciliario por cuestiones de salud.
Francisco Antonio Llorente sufrió una descompensación cuando se encontraba alojado en la delegación local de la Policía Federal Argentina y luego de recibir atención médica, continuó la detención en su residencia.
La ley contempla el arresto domiciliario para personas mayores de 70 años y por razones de salud, como este caso.
Además de Llorente, están en prisión por sospechas de «asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho» Orlando Alfonso (o Alfonzo), alias “Kiwi”; Bernardino Castor Esquivel; y Lorenzo René Juárez, apodo “Indio”.
Hay otros cinco aduaneros imputados, pero que nunca estuvieron presos.
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