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Sigue el debate por la jueza acusada de “buscar panzas” y otorgar adopciones irregulares a familias ricas

La jueza acusada de “buscar panzas” de madres pobres para dar sus bebés en adopción a familias acomodadas declaró hoy ante un jurado de enjuiciamiento que decidirá si la destituye. Según los empleados del Juzgado de Familia N° 1 de Pilar, que estaba a su cargo, la jueza Alejandra Velázquez incurrió en reiteradas ausencias, les ofreció la “changa” de conseguir embarazadas de pocos recursos para dar sus bebés a familias que habrían pagado coimas y sometió a malos tratos a su personal.

El jury, presidido por la presidenta de la Corte Suprema bonaerense Hilda Kogan, escuchó el alegato de la magistrada. Esta podría ser destituida la semana próxima por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Ocupaba el cargo desde hace seis años y, ante las denuncias del Colegio de Abogados de San Isidro, fue suspendida y sometida a juicio.

La principal acusación en su contra es el otorgamiento de adopciones sin respetar e ignorando el orden del registro de adoptantes, de no presidir las audiencias y de maltrato a los empleados del Juzgado de Familia. Consideraba una “buena changa” conseguir bebés de familias carenciadas para darlos en adopción. Se sospecha que fue a cambio de favores y dinero de matrimonios adoptantes de buena posición económica.

Su defensa, a cargo de Francisco García Santillán, llamó a la propia magistrada a dar su testimonio. Antes, los testigos propuestos por la Procuración General de la Provincia, ratificaron en sus testimonios las graves irregularidades durante la gestión de la jueza Velázquez. Sin embargo el secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, Ulises Giménez, aseguró que hay pruebas de que Velázquez habría ofrecido dinero a trabajadoras sociales para dar con embarazadas que no podían criar a sus bebés. Su intención: venderlos a familias acaudaladas de los countries en zona norte del Gran Buenos Aires.

La imputada Velázquez argumentó su inexperiencia para justificar los errores cometidos, que también admitió. “Fui aprendiendo en el transcurso de los dos primeros años de gestión”, dijo la magistrada suspendida. Sin embargo les había pedido a las asistentes sociales y otros empleados de su juzgado buscar “mujeres embarazadas o chicos en estado de abandono, en barrios carenciados”.

 

“Puse toda mi voluntad e incluso el ejercicio de mis funciones provocó mi ruptura matrimonial”, expresó ante el jurado que juzga su conducta. “Siempre tuve como norte a los niños y a las personas víctimas de la violencia”, agregó.

Cuando quiso justificar su ausencia por problemas de salud, la fiscalía puso en evidencia que tales licencias coincidieron siempre con sus viajes a destinos turísticos fuera del país. “He cometido errores”, reconoció. Es que su firma figura en expedientes con fecha posterior a la salida de los oficios e incluso firmó uno en día domingo.

Los reclamos de la Asociación Judicial Bonaerense lograron la intervención del juzgado a cargo de Velázquez. Este quedó a cargo de la Secretaría de Resolución de Conflictos, dependiente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

Una funcionaria de tal secretaría señaló que el juzgado era “un desorden” y que “se sorteaba a la marchanta”. Las declaraciones del personal dejó en evidencia tres conflictos: “falta de liderazgo de la jueza, canales de comunicación obturados y ausencia de criterios uniformes”.

El lunes próximo continuarán los alegatos, agotadas las declaraciones de los testigos de la defensa, y el jueves se producirá el veredicto.

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