Entre abril y junio de 2005, en empleados de la empresa Patagonia Spirit ingresaron sin autorización, en forma clandestina y con violencia al Parque Nacional Tierra del Fuego, removiendo los mojones que demarcaban el límite del área protegida y talando 216 árboles para la apertura de una senda de acceso desde la Ruta Nacional N° 3 hacia la Bahía San José.
Doce años después del hecho, esta semana la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de los condenados en el caso de tala ilegal en jurisdicción del Parque Nacional Tierra del Fuego a penas de prisión por los delitos de “daño agravado y usurpación”.
A principios de septiembre de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur condenó a los tres imputados en el caso.
El veredicto dictado tras la Audiencia de Debate y Juicio determinó una condena ejemplificadora en cuanto al deber de cuidado y conservación del ambiente. La pena tiene una finalidad de prevención tanto general, al enviar un mensaje a la sociedad para que sepa que conductas como las llevadas a cabo por los autores son ilegales, como especial, orientada a educar a los sujetos que delinquieron para que no vuelvan a hacerlo.
Tanto el ingeniero civil Ricardo Bianciotto como el agrimensor Horacio Burgos recibieron una condena de 1 año y 3 meses de prisión, mientras que al maestro mayor de obras Orlando Rubén Mansilla Ruiz le aplicaron 1 año de prisión.
De esta manera, la Justicia ratificó que se trató de un desmonte ilegal en jurisdicción de Parques Nacionales. Se trata, además, de la primera vez que se condena una tala de estas características en un área protegida nacional.
Los antecedentes del caso
Entre abril y junio de 2005, empleados de la empresa Patagonia Spirit ingresaron sin autorización, en forma clandestina y con violencia al Parque Nacional Tierra del Fuego, removiendo los mojones que demarcaban el límite del área protegida y talando 216 árboles para la apertura de una senda de acceso desde la Ruta Nacional N° 3 hacia la Bahía San José.
El informe de peritaje realizado por la Dirección de Bosques en septiembre de ese mismo año reconoció tres sectores en los que la picada penetró en el Parque mediante el corte de ejemplares de lenga (Nothofagus pumilio) y guindo (Nothofagus betuloides), tanto adultos como jóvenes. A su vez, estableció que de los aproximadamente 2200 metros de longitud total de la picada, cerca de 380 metros tuvieron lugar en jurisdicción de Parques Nacionales.
Después de más de 10 años de proceso judicial, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el último pedido de probation de los imputados y ordenó al Tribunal Oral a llevar a cabo el juicio oral y público, argumentando que la lesión al ambiente, protegido por la Constitución Nacional, no afecta a un particular sino a toda la comunidad y a las generaciones futuras.
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