Entre Ríos: condenaron a 20 años de prisión a un ex policía federal por crímenes de lesa humanidad en Concepción del Uruguay

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná condenó jueves al ex agente de la Policía Federal Argentina Darío Mazzaferri a 20 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, al considerarlo responsable de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita, los cuales calificó constitutivos de crímenes de lesa humanidad. La pena impuesta coincidió así con la requerida por el fiscal general José Ignacio Candioti, quien durante la exposición de alegatos había considerado acreditada la activa participación de Mazzaferri en una patota de la delegación de la PFA de Concepción del Uruguay «que se dedicaba a irrumpir en domicilios sin orden judicial alguna, a secuestrar jóvenes de las calles de la ciudad o de sus propios hogares, a mantenerlos en cautiverio en condiciones de total indignidad y a aplicarles diversos tipos de tormentos tanto físicos como psíquicos».
El juicio comenzó el 6 de junio pasado y abordó los hechos que tuvieron como víctimas del terrorismo de Estado a ocho personas, seis de las cuales eran estudiantes secundarios de las escuelas Normal y Nacional al momento de ser secuestradas durante las vacaciones de invierno de 1976, en lo que se conoció en Concepción del Uruguay como «La noche del mimeógrafo», ya que los interrogatorios efectuados por los represores versaron sobre la máquina de imprimir panfletos contra la dictadura que supuestamente tenía el centro de estudiantes. La semana próxima tendrá lugar la lectura de los fundamentos.
El ahora condenado represor fue individualizado por los sobrevivientes, la mayoría de los cuales lo mencionó por su apellido, y otros brindaron elementos que condujeron a su identificación. El ex oficial actuaba, según los testimonios, junto a sus camaradas Francisco Crescenzo y Julio Oscar Rodríguez, condenados por estos hechos en 2012. Mazzaferri llegó solo a esta instancia cinco más tarde porque estuvo prófugo durante cuatro años.
El tribunal, integrado por los jueces Beatriz Caballero de Barabani, Otmar Paulucci y Jorge Sebastian Gallino, consideró al imputado coautor material de los delitos de asociación ilícita; allanamiento ilegal de domicilio (en dos hechos); privación ilegítima de la libertad, agravada por haber sido cometida sin las formalidades de ley y con violencia (cinco hechos) y agravada por haber durado más de un mes –además de los mismos agravantes anteriores– (tres hechos); y tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas (ocho hechos), todos considerados crímenes de lesa humanidad. Previo a dar a conocerse el veredicto, Mazzaferri hizo uso del derecho a sus últimas palabras, oportunidad en que negó su responsabilidad en los hechos y desacreditó las pruebas acumuladas en la causa. El fiscal coordinador del distrito Entre Ríos Ricardo Álvarez acompañó la lectura del fallo, que tuvo lugar en la sala de audiencias del edificio ubicado en Urquiza 872 de la ciudad de Paraná.
“Se hizo justicia y eso es lo trascendente. Se reconocieron los graves delitos perpetrados contra las ocho víctimas que, siendo tan jóvenes, sufrieron secuestros y tormentos en sus cuerpos; tormentos oblicuos, como presenciar la aplicación de picana eléctrica sobre sus amigos, ocasionándoles tal situación padecimientos que perduran hasta la actualidad, tal como resulta de los dictámenes de los programas de asistencia a las víctimas”, señaló a Fiscales el fiscal general José Ignacio Candioti apenas concluido el veredicto. “La pena impuesta es proporcional a la magnitud del injusto cometido”, concluyó.

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