El INYM volvió al centro de la polémica y un llamado a la austeridad

Escenario por excelencia de profundas e históricas pujas sectoriales, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) volvió a estar en el foco de la polémica esta semana. En un plenario realizado el jueves, el directorio volvió a habilitar la cosecha en septiembre, lo que provocó alivio entre molineros y representantes sindicales de los tareferos, pero también generó indignación en buena parte de los productores y secadores, además del rechazo del Gobierno de Misiones.

Tradicionalmente la cosecha de invierno se extiende desde abril hasta el final de septiembre, luego se suspende durante dos meses y en diciembre inicia la zafriña de verano, mucho menos relevante que la de invierno en términos de volúmenes obtenidos.

Pero a inicios de este año ese calendario se modificó a pedido de productores, secadores, un sector mayoritario de las cooperativas y el Gobierno de Misiones, como parte de un paquete de medidas orientadas a favorecer el cumplimiento de los precios de la materia prima.

Desde estos sectores entendían que el mercado de materia prima estaba distorsionado por una sobreoferta de hoja verde provocada por tres cosechas record consecutivas, las de 2014, 2015 y 2016. Productores recuerdan que en 2014, luego de una pobre cosecha en 2013, se pagaban precios superiores a los oficiales y que esa situación se fue revirtiendo conforme se acumulaban las bolsas de canchada en los depósitos de las industrias.

El razonamiento se basa en pura lógica de mercado: con la demanda interna estancada desde hace décadas y ante una reducción de las exportaciones –este año se recuperaron luego de un muy mal 2016, pero no llegan todavía a niveles de años anteriores- una reducción de la oferta se plantea como la manera más rápida de valorizar el producto.

Atendiendo esas razones, el directorio del INYM resolvió en febrero último suspender la cosecha un mes antes de lo habitual –además de otras medidas como la cupificación- para reducir el suministro de hoja verde.

Pero lo que ocurrió en los meses siguientes fue que la naturaleza se encargó de limitar la oferta de materia prima. La inusual cantidad lluvia que cayó desde marzo a mayo propició la diseminación de diferentes plagas y las plantas de yerba perdieron entre 40 y 60 por ciento de sus hojas, lo que se tradujo en una cosecha mucho menor a la esperada. A mayo del corriente, los secaderos habían recibido 20 por ciento menos hoja que el año pasado, merma que se estima –todavía no hay datos- se profundizó en junio y lo que va de julio.

Ante este nuevo panorama, desde la molinería plantearon que ya no había sobreoferta y que -en cambio- sí había riesgo de escasez y que por lo tanto no se justificaría suspender la zafra un mes antes de lo habitual. El pedido fue respaldado por la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), cuyos representantes argumentaron que un mes menos de cosecha implicaría menos trabajo para los tareferos, el eslabón más débil de la cadena yerbatera.

Ante la posibilidad de que quedara sin efecto una de las pocas conquistas concretas que consiguieron luego de numerosas jornadas de protesta e incontables reuniones y asambleas, referentes de las principales asociaciones del sector primario pusieron el grito en el cielo. Advirtieron que la continuidad de los incumplimientos en los precios de la hoja verde  –afirman que se está pagando entre 4 y 4,50 pesos por kilo cuando el valor oficial es de 6 pesos- y los dilatados plazos de pago que estaría imponiendo la molinería, representarían pruebas incontestables de que el mercado de la materia prima sigue distorsionado.

En consecuencia, redoblaron la apuesta y exigieron no solo que se mantuviera la suspensión de cosecha para septiembre, sino que además se impidiera la zafriña de verano.

Como viene siendo tradición, al menos durante los últimos 14 años, el gobierno de Misiones respaldo a los productores.

Entre los secadores, las opiniones estaban divididas. Algunos respaldaron la postura de los productores, entendiendo que su actividad no se recompondría a menos que se cumplieran los precios oficiales de la materia prima y otros, más urgidos por la coyuntura, pedían que continuara la cosecha para recuperar las semanas de trabajo perdidas a causa de las lluvias.

Ante esos argumentos, el directorio del INYM se inclinó el jueves por la opción de volver a habilitar la zafra en septiembre, lo que además deja prácticamente descartado el reclamo del sector primario de suspender la zafriña. El presidente del directorio, Alberto Re, justificó la decisión porque “el 22 de febrero,  con un contexto absolutamente distinto al que tenemos hoy y preocupados porque había una enorme cantidad de hoja verde, con stocks muy altos, se tomó las decisión de no cosechar en septiembre, ahora cambiaron las circunstancias […] Se resolvió habilitar la cosecha por una evaluación de las perspectivas y los stocks presentes, más allá de los pedidos de las entidades”, subrayó.

En respuesta, dirigentes del sector primario volvieron a acusar al INYM de defender los intereses de la molinería por sobre los demás eslabones y amenazaron con retomar las medidas de fuerza. “No queríamos que se hiciera la zafriña ni cosecha de septiembre mientras no estén las condiciones dadas para nivelar la oferta y demanda. Limitar plantaciones ya, urgente, y cupos de cosecha”, sintetizó Cristian Klingbeil, vice presidente de la APAM.

El ministro del Agro de Misiones, José Luis Garay, también salió al cruce. “Con rechazo de la Provincia, el INYM aprobó cosechar en septiembre, pese a que había prometido lo contrario a productores misioneros. Sin criterio claro: la no cosecha en septiembre era porque había sobreoferta y esto hacía que no se cumpliera con el precio oficial. Ahora supuestamente se equilibró la oferta, pero tampoco se cumple con el precio oficial, que sigue siendo el problema de fondo”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.

#Yerba Con rechazo de la Provincia el INYM aprobó cosechar en septiembre, pese a que había prometido lo contrario a productores misioneros.

— José Luis Garay (@JoseLuGaray) July 6, 2017

Fuentes de la molinería –que como es usual no hablaron públicamente- argumentaron que una suspensión de cosecha no tendría demasiada incidencia en las condiciones de comercialización de la materia prima, en tanto los verdaderos formadores de precios son los grandes jugadores de la cadena comercial –cadenas de mayoristas y de supermercados-, compañías cuyo poder económico y de lobby supera por varios cuerpos al de los establecimientos yerbateros más grandes del país.

Apelando al argumento del “techo bajo”, señalan que en realidad los precios se construyen de arriba hacia abajo, es decir que son las cadenas de supermercados las establecen a qué valor van a comprar la yerba elaborada y a los demás eslabones no les queda más alternativa que acomodarse.

En la vereda opuesta, asociaciones de productores y el Gobierno provincial entienden que para garantizar la continuidad de los pequeños y medianos productores, los precios deberían construirse de abajo hacia arriba, respetando un piso que garantice la cobertura de los costos de producción y elaboración, incluyendo un salario justo para los trabajadores rurales y un margen de ganancia razonable para todos los integrantes de la cadena.

Al margen de la polémica, en lo que todos concuerdan es en la necesidad de incrementar la demanda de yerba mate y de diversificar la cartera clientes para el producto madre de la región. Coinciden además en la certeza de que ambos objetivos solo podrían cumplirse incrementando las exportaciones, dado que difícilmente el mercado interno pueda crecer a un ritmo superior al incremento de la población.

La coparticipación vuelve a ser eje de debate

Uno de los desafíos de fondo que asumió el Gobierno de Macri es la reforma de la Ley de Coparticipación, mandato que dejaron los constituyentes en la reforma de 1994 que hasta ahora no pudo ser resuelto. El tema fue encarado con decisión a inicios del año en curso, cuando la Nación convocó a debatir a representantes de todas las provincias, pero la discusión  se fue enfriando ante la previsible dificultad en llegar a un acuerdo y –como de costumbre- la cuestión terminó relegada en la agenda por cuestiones más urgentes pro no más importantes.

En las últimas dos semanas, el tema volvió a tratarse en dos reuniones que tuvieron amplia convocatoria. El jueves y viernes se realizó en San Juan el Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de La República Argentina, que tuvo como ejes principales la modificación de la coparticipación federal, la ley de Responsabilidad Fiscal y la reforma tributaria.

Una semana antes, los mismos temas se trataron en reuniones del Plenario y del Comité Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos, en Resistencia, con la participación del secretario de Provincias de la Nación, Alejandro Caldarelli.

Tanto en San Juan como en Resistencia se escucharon argumentos parecidos: las provincias reclamaron una coparticipación primaria –la que define cuánto del total recaudado le corresponde a la Nación y cuánto al conjunto de las provincias- que sea más federal, mientras que representantes del Gobierno nacional volvieron a insistir con la necesidad de avanzar en una reforma fiscal que reduzca la incidencia de impuestos distorsivos, entre los que el equipo económico de Macri incluye –entre otros- a Ingresos Brutos, principal fuente de recaudación propia de las provincias.

De lograr para las provincias una mejora en la coparticipación primaria, quedaría entonces el desafío de resolver cómo distribuir ese excedente entre las distintas jurisdicciones. Algunas provincias, entre ellas Misiones, entienden que esos recursos deberían distribuirse según criterios que permitan compensar a las jurisdicciones más desfavorecidas por la coparticipación secundaria, es decir la forma en que se distribuyen los recursos entre las provincias.

En esa discusión, en la que ninguna provincia se muestra dispuesta a resignar un centavo, Misiones plantea que recibe un porcentaje menor al de Chaco y Corrientes, provincias con menor población y similares condiciones sociales y tiene un objetivo claro: recuperar el 30 por ciento cedido a fines de los 80 para la conformación del Fondo del Conurbano Bonaerense.

Pedido de austeridad

“La cosa no está fácil”, la frase pronunciada en tono de advertencia que ya es un lugar común en los discursos del Gobernador Hugo Passalacqua volvió a sonar con fuerza la semana pasada durante una reunión realizada en San Ignacio de la que participaron los 75 intendentes misioneros.

El mandatario enfatizó la necesidad de extremar el cuidado de los recursos y estar muy atentos a las necesidades de la gente frente a un contexto económico nacional recesivo y ante la latente posibilidad de que el Gobierno de Macri se incline por medidas de restricción del gasto público luego de las elecciones.

Aunque desde la Nación se encargaron de desmentir en reiteradas oportunidades la posibilidad de recurrir a un ajuste –discurso previsible en un año electoral- analistas ven en algunas medidas que está tomando la gestión de Macri, como la intentona de dar de baja pensiones por discapacidad y los incrementos en los combustibles, un anticipo de lo que podría ocurrir el año próximo cuando el Gobierno no tenga que someterse al rigor de una elección.

Ministro en alza

Fuentes relacionadas al Gobierno provincial dieron cuenta del crecimiento de la figura del titular de Desarrollo Social, Lisandro Benmaor, al que ven como un eficiente gestor en una de las áreas de Gobierno cuya importancia crece ante la difícil situación económica que afecta a todo el país.

El joven funcionario es visto como uno de los principales protagonistas del “refresh” que propone la Renovación, fuerza desde la que destacan su capacidad de dar respuesta a las necesidades de la gente, más allá de las responsabilidades que le impone su cargo.