Massa y Stolbizer renunciaron a sus fueros: «Vamos a la elección sin privilegios»

Los candidatos del frente 1País hicieron su presentación frente a un escribano público, lo que no les impediría ser detenidos en caso de ser acusados de algún delito.

Sergio Massa y Margarita Stolbizer confirmaron que todos los candidatos del frente 1País renunciaron a sus fueros parlamentarios, que les impide ser detenidos en caso de estar acusados por haber cometido un delito, a menos que sean descubiertos in fraganti (artículos 68 y 69 de la Constitución Nacional).

El acto fue formalizado con una presentación firmada ante escribano público y girada a las autoridades actuales y futuras de ambas cámaras del Congreso.

En este marco, ambos precandidatos aseguraron que «si algo necesita la política es ejemplaridad» e invitaron al resto de las fuerzas políticas a «copiar la decisión».

Massa expresó que «vamos a la elección a representar a los argentinos sin privilegios».

«No es tiempo de palabras, es tiempo de hechos, de gestos; de mostrar la decisión de no usar privilegios», señaló el líder de 1País.

En este sentido, agradeció a «todos nuestros candidatos y legisladores que no dudaron en firmar» e invitó a los candidatos «de todas als fuerzas políticas» a «repetir este ejemplo».

«Ninguna de las personas de este espacio van a utilizar por ninguna causa frente a una investigación o requerimiento de la Justicia, ningún tipo de fuero para ampararse o esconderse», enfatizó Stolbizer.

La precandidata agregó que «hay que dejar de especular» y apuntó contra «aquellos que creen que las bancas son cuevas para ocultar sus delitos y la impunidad».

«El mayor problema no es la corrupción, sino la impunidad de los corruptos. Y acá entra en juego el otro elemento fundamental que es la Justicia. Nosotros nos ponemos a disposición de la Justicia, pero quienes tiene que demostrar su voluntad para avanzar en las causas de corrupción es el propio Poder Judicial», reclamó Stolbizer.

La Ley de Fueros (25.320), ampara a los diputados y senadores ante una investigación judicial para que no puedan ser detenidos ni allanados en sus domicilios o oficinas. Se reglamentó en el 2000, cuando el escándalo por las coimas en el Senado sacudió al gobierno de Fernando de la Rúa.

Lo establecen los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución. El primero indica que «ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador».

El siguiente, explica que «ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho».

Y el 70 concluye que podrán «ser suspendidos en sus funciones con la aprobación de cada Cámara, con dos tercios de votos», que es a lo que deberá enfrentarse Julio de Vido, en caso de que el juez así lo resuelva.

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