Análisis semanal: Buenos Aires va por los fondos del resto de las provincias

La pelea entre Buenos Aires y el resto del país por la distribución de los recursos que recauda el fisco nacional es una de las discusiones políticas de fondo más importantes para el país en la actualidad. Envalentonada por saberse la mimada del presidente Mauricio Macri y la carta más importante del mazo de Cambiemos, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal reclama para sí fondos que se distribuyen entre todas las demás provincias, lo que genera el previsible rechazo del resto del país.

Esta semana la Corte Suprema de Justicia –organismo siempre atento al interés político presidencial más allá de épocas, nombres y partidos- avanzó en la causa que inició Buenos Aires contra la Nación con relación al Fondo del Conurbano Bonaerense. El cuerpo habilitó a la provincia que gobierna Vidal a que emplace a las demás jurisdicciones para que se presenten a debatir respecto a la distribución de fondos.

El conflicto que hoy enfrenta a Buenos Aires con el resto del país es uno más de los efectos de una tradición política nacional histórica que consiste en salir del paso con parches y siempre patear para adelante las soluciones de fondo. Uno de esos parches fue el Fondo del Conurbano Bonaerense, que se constituyó para compensar a esa provincia por un índice de coparticipación per cápita poco favorable.

En 1992 se dispuso que ese fondo destinado exclusivamente a Buenos Aires recibiría el 10 por ciento de lo recaudado por Impuesto a las Ganancias, pero cuatro años más tarde –parche sobre parche- el Congreso nacional, entendiendo que la compensación era demasiado grande, estableció un tope de 650 millones de pesos y dispuso que lo que excediera de esa cifra se repartiría entre las demás provincias.

Con el paso de los años, inflación mediante, ese límite de 650 millones quedó desactualizado, lo que motivó que la provincia de Buenos Aires iniciara una demanda contra el estado nacional pidiendo que se declarara la inconstitucionalidad del artículo que estableció ese límite.

También exige que se declare inconstitucional otro artículo que estipula que el 4 por ciento de recaudado por el mismo impuesto se distribuya entre todas las provincias, excluida Buenos Aires.

Si la gobernadora bonaerense lograra su cometido, miles de millones de pesos que hoy se reparten entre todas las provincias pasarían a manos de Buenos Aires, posibilidad que lisa y llanamente amenaza la viabilidad fiscal de casi todas jurisdicciones, seriamente perjudicadas por un contexto económico recesivo que determina una caída en términos reales, tanto de la recaudación propia como de lo que llega vía coparticipación.

Las primeras provincias que salieron a rechazar el pedido de Vidal fueron Neuquén y Rio Negro. Julián Fernández Eguía, fiscal de Estado rionegrino, expresó que un eventual fallo favorable a Buenos Aires tendría un costo anual estimado de 1.900 millones de pesos para esa provincia, lo que para esa jurisdicción equivale a una masa salarial completa; mientras que el fiscal de Estado de Neuquén, Raúl Gaitán, dijo que esa provincia dejaría de percibir 1.150 millones.

Para Misiones el golpe sería todavía más duro: según fuentes del gobierno provincial, dejaría de percibir entre 3.000 y 4.000 millones de pesos por año.

El tema ya había sido evaluado por representantes de nueve provincias, entre ellos el gobernador Hugo Passalacqua, en la reunión de la Liga de los Gobernadores que se desarrolló en Entre Rios y volvió a tratarse en el marco del Congreso de los Pueblos Libres, que se hizo esta semana en la misma provincia y al que también concurrió el mandatario misionero. En ese ámbito, representantes del Litoral salieron a marcar la cancha en defensa del federalismo.

Más allá de lo dispuesto la semana pasada por la Corte Suprema con relación al reclamo de Buenos Aires, la percepción desde el interior es que tanto ese como otros temas que amenazan la integridad fiscal de las provincias –por ejemplo la avanzada que impulsa la Nación en contra de Ingresos Brutos- están contenidos por intereses electorales, pero podrían cobrar fuerza después de octubre, especialmente si los resultados fueran favorables al partido que gobierna el país.

Una buena y varias malas para la yerba mate

El sector yerbatero volvió a dejar tela cortar esta semana. En la sesión del jueves de la Cámara de Diputados de la Nación, los diputados del bloque Misionerista pretendieron que se tratara sobre tablas un proyecto para declarar la emergencia yerbatera. El objetivo era evitar que la iniciativa fuera girada para su tratamiento en comisiones dado que el Congreso estaba a punto de entrar en receso.

La moción de los misioneristas no logró la mayoría especial de dos tercios requerida, lo que impidió que el proyecto fuera evaluado en esa misma sesión, con el aditamento que los diputados misioneros del bloque Cambiemos –Alex Ziegler y Luis Pastori- votaron en contra, lo que les valió una cataratas de críticas. La diputada nacional Silvia Risko acusó a sus pares de Cambiemos de “darle la espalda a pequeños productores y tareferos” y consideró que “ambos se opusieron a su propia tierra por ser funcionales a las políticas de un Gobierno centralista y que no mira al interior del país”.

En su defensa, Pastori adujo que el proyecto en cuestión adolecía de inconsistencias, entre  ellas la ausencia de una declaración de emergencia provincial que –a decir del radical- debería obrar como antecedente obligado para que pudiera darse curso a un pedido de emergencia nacional.

El renovador Maurice Closs salió al cruce de las declaraciones de Pastori y sostuvo que para el caso en cuestión no era necesaria una declaración provincial, en tanto la emergencia solicitada a Nación no se fundaba en cuestiones climáticas y abarcaba a más de una provincia y por lo tanto hubiera sido imposible declararla primero en el marco de la Legislatura misionera.

También el jueves se desarrolló en el INYM una reunión convocada por intendentes y legisladores provinciales con el objetivo de buscar soluciones al eterno reclamo de productores y secadores por incumplimientos en los precios oficiales de la materia prima.

Al finalizar el encuentro, en el que no escasearon discusiones subidas de tono y golpes sobre la mesa, intendentes y legisladores dejaron una nota en la que exigían al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y a las autoridades nacionales a arbitrar los medios que fueran necesarios para hacer cumplir con lo que indica la ley yerbatera –en relación al cumplimiento de los precios oficiales- y amenazaron con denunciar penalmente al ministro de Agricultura Ricardo Buryaile si no hubiera respuestas favorables.

Entre medio de tantas disputas y acusaciones cruzadas, sobre el final de la semana se conoció una noticia favorable para el sector. Un informe elaborado por Misiones Online en base a datos de AFIP reveló un incremento interanual de 32 por ciento, medido en ingreso de divisas, en las exportaciones de yerba mate.

El repunte llega después de un 2016 que fue francamente malo, motivado por el pico alcanzado por el conflicto bélico que tiene lugar en Siria, principal destino para la yerba misionera y no alcanzó para alcanzar el nivel de ventas al exterior de 2015.

Mandatarios con buena imagen

Una encuestadora nacional reconocida realizó recientemente un relevamiento de imagen en Misiones que señaló a Passalacqua como la figura que más mide, con casi 70 puntos de aceptación, seguido por Mauricio Macri con más de 50 puntos de aceptación, ambos bastante por encima del resto de la dirigencia local. La encuesta se desarrolló en Misiones durante la última semana de junio.

Por otra parte, la Legislatura provincial sancionó dos leyes apuntando a mejorar la calidad de vida de la gente. Una de ellas crea un programa para la detección temprana de dificultades específicas del aprendizaje que estará orientado a las alteraciones de base neurobiológicas que afectan a los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura y el cálculo matemático.

La ley sancionada, que incluye la adhesión a la norma nacional, también garantiza el derecho a la educación de quienes presenten dificultades específicas del aprendizaje y busca promover su detección temprana, asistencia y conocimiento, tanto en la lectura (dislexia), el cálculo (discalculia) o la expresión escrita (disgrafía), en todos los niveles del sistema educativo provincial.

Establece un sistema de capacitación docente para la detección temprana, prevención y adaptación curricular para la asistencia de estudiantes que presenten dichas dificultades, con el propósito de brindar una cobertura integral en atención a las necesidades y requerimientos de cada caso en particular.

La segunda de las leyes sancionadas obliga a los comercios de grandes superficies a destinar no menos de 20 por ciento de su espacio en góndolas a productos de origen misionero. La ley estipula que dichos productos, sean o no comestibles, deberán tener un lugar preponderante donde estar exhibidos y promocionados.  “El objetivo es estimular, promocionar y vender productos de origen local en cadenas comerciales como hipermercados u otros de ventas de productos masivos, sean o no comestibles, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo, bienestar general de los consumidores para el desarrollo de un sistema económico social, solidario y sostenible”, señala la iniciativa que fue presentada por el diputado Hugo Escalada, de Vanguardia Radical.