En medio de una discusión que por momentos fue acalorada, un grupo de intendentes y diputados provinciales plantearon al directorio del INYM airados reclamos por incumplimientos de los precios de hoja verde y la canchada. Dejaron una nota en la que exigen al instituto que haga cumplir los valores oficiales y aseguraron que si ello no ocurría, presentarían una denuncia penal contra el ministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Buryaile, y los directores del INYM.
Acaloradas discusiones, acusaciones cruzadas y ninguna solución concreta. Ese fue el saldo de la reunión realizada ayer a la mañana en la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en Posadas, de la que participaron un grupo de intendentes y legisladores provinciales; dirigentes del sector primario y de los secadores y el directorio del INYM.
Los funcionarios y dirigentes rurales plantearon que desde hace más de un año no se cumplen los precios oficiales de la materia prima y los productores cobran a plazos muy extensos. Afirmaron que a menos de 30 días, la industria está pagando entre 3,30 y 4,20 pesos el kilo de hoja verde, mientras que el precio oficial es de 6,02 pesos. Responsabilizaron a la industria por los incumplimientos y al INYM por una supuesta falta de fiscalización.
Los representantes de la molinería reconocieron que los valores que se manejan están por debajo de los que fueron estipulados por el último laudo de Agricultura de Nación, pero aseguraron que lo hacen obligados por “cuestiones de mercado”. Argumentaron que no son formadores de precios sino que se deben ajustar a lo que pagan las grandes cadenas comerciales.
La reunión llegó a uno de sus puntos más álgidos cuando un grupo de intendentes y dirigentes rurales acusaron a los representantes de la molinería de no hacer nada por defender los intereses de la cadena yerbatera y en cambio “ajustar para abajo” trasladando la crisis a los pequeños productores y tareferos.
También fue tenso el diálogo con el presidente del INYM, Alberto Re, quien aseguró que instituto hace todo lo que está a su alcance para fiscalizar la actividad, pero advirtió que es poco lo que se puede hacer cuando no hay denuncias formales y los establecimientos tienen todos los papeles en regla.
Señaló que la tarea de fiscalización se dificulta porque todos los productores y responsables de secaderos firman remitos y demás documentos en los que reconocen cobrar los precios oficiales. “Productores y secaderos firman lo que no cobran, entonces cuando vamos a inspeccionar encontramos todo en regla”, afirmó Re.
Desmintió que el instituto ni esté cumpliendo con su función de fiscalización, en ese sentido aseguró que en lo que va del año ya inspeccionaron a más de 100 de los 180 secaderos que operan en la zona productora, pero reconoció que los inspectores del INYM no tienen mucho “poder de fuego” dado que no tienen las atribuciones que sí tienen los organismos recaudadores de la Nación y la Provincia.
Atentos a que el cónclave finalizó solo con manifestaciones de buena voluntad, pero sin soluciones concretas, los diputados e intendentes no descartaron avanzar con la idea primera de denunciar penalmente al ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, por inacción en el cumplimiento de la Ley 25.564 (de creación del Inym), ya que el Instituto yerbatero opera bajo la órbita de la cartera de Buryaile.
“Esta situación irregular de años debe llegar a su fin y los molinos deben cumplir con el pago de los valores pactados porque es en esa fase de la cadena (por los molinos) donde se inicia la distorsión de los precios, que afecta y perjudica en especial a los pequeños y medianos productores”, enfatizó el diputado Joaquín Olivera.
El intendente de Campo Grande, Carlos “Caco” Sartori, explicó que van a agotar las vías de administrativas para reclamar el cumplimiento de la Ley Yerbatera, pero advirtió que si no obtienen resultados concretos en el corto plazo, recurrirán a la Justicia.
Participaron de la reunión –además de los ya mencionados- el presidente del Ifai y representante de Misiones en el INYM, Ricardo Maciel, los diputados Mario Lindemann, Ignacio Nemeth, Aníbal Vogel y Cristina Novoa; los intendentes de Montecarlo (Julio Barreto), Campo Viera (Juan Carlos Ríos) y Andresito (Bruno Beck) y los dirigentes rurales Hugo Sand y Cali Zuberbuhler, entre otros.
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