Representantes de distintas asociaciones del sector primario y de secaderos convocaron a directores del INYM y legisladores para debatir la problemática del sector yerbatero. El principal reclamo sigue siendo el incumplimiento de los precios oficiales de la materia prima. Productores se manifestaron en contra del pedido de que se habilite la cosecha en septiembre e incluso solicitaron que se suspenda la zafriña. Exigen que se avance en mecanismos de control y fiscalización, como el Centro de Transacciones que propone el Gobierno provincial.
La reunión se realizó en San Vicente y asistieron legisladores de distintas bancadas, casi todos los directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y representantes de asociaciones de productores y referentes del sector secaderos. En la oportunidad los productores manifestaron su rechazo a que el INYM permita que se coseche yerba en septiembre.
Tradicionalmente la cosecha se extiende hasta el último día de septiembre, pero el INYM había resuelto que este año terminara un mes antes, para disminuir las distorsiones generadas en el mercado de la materia prima por una sobreoferta generada luego de tres cosechas record consecutivas.
Por distintos motivos, principalmente relacionados al clima, este año se cosechó bastante menos yerba que en los años anteriores, lo que motivó que asociaciones que representan a la molinería solicitaran al INYM que dejara sin efecto la suspensión de cosecha en septiembre, lo que fue rechazado ayer por los productores, quienes argumentan que a pesar de que la cosecha este año no fue buena, la industria sigue sin cumplir con los precios oficiales, lo que estaría indicando –razonan- que sigue habiendo una sobreoferta de materia prima.
Según dejaron en claro los productores, el principal problema sigue siendo el incumplimiento de los precios y los plazos de pago demasiado extensos. Afirman que, dependiendo de la zona, la hoja verde se está pagando entre 4 y 4,50 pesos por kilo a plazos de entre 60 y 90 días, mientras que quienes pretendan cobrar el valor oficial de 6 pesos por kilo, deben esperar alrededor de un año para efectivizar el cobro.
Además de incidir en el mercado a través de mecanismos de limitación de la oferta, como la suspensión de cosecha, los productores exigieron que se avance de manera más efectiva en la fiscalización. En ese sentido plantearon que se agilice la puesta en funcionamiento del Centro de Transacciones, que permitiría controlar a través de mecanismos electrónicos todas las operaciones de compra venta de materia prima, terminar el registro de productores y bancarizar a todos los productores.
Por otra parte, los productores cuestionaron duramente al Gobierno nacional por la falta de apoyo financiero al sector. “Acá no vimos nada del Fondagro que prometió la Nación”, indicó Julio Petterson, dirigente de la zona de Andresito.
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