Itatí: fiscal pide investigar a jueces y funcionarios judiciales por supuestas coimas de narcos

Itatí: fiscal pide investigar a jueces y funcionarios judiciales por supuestas coimas de narcos

El fiscal federal de Corrientes, Carlos Schaefer, solicitó que se investigue a jueces, entre ellos al juez federal Carlos Soto Dávila, y funcionarios judiciales por haber recibido supuestas coimas de parte de narcotraficantes, en el marco de la mega causa por la desarticulación de una banda narco que operaba en Itatí
Schaefer elaboró un duro informe en el que involucra a jueces y otros funcionarios judiciales en un caso de supuestas coimas para beneficiar a personas vinculadas al narcotráfico a partir de escuchas telefónicas que el juez federal N° 12 Sergio Torres transcribió en el procesamiento de 28 detenidos, en los tribunales de Comodoro Py.
El fiscal presentó su informe ante la Cámara Federal de Corrientes, el ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación y solicitó que el texto se eleve al Consejo de la Magistratura Nacional para que se investigue a los magistrados mencionados ante un supuesto caso de corrupción judicial para beneficiar a narcotraficantes.
Los supuestos involucrados de manera directa en el informe del fiscal son: el juez federal N°1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, y el secretario del mismo juzgado, Pablo Molina; además, pide que se investigue al Defensor Oficial ante la Cámara Federal, Rubén Molinari.
Asimismo, el fiscal pide se investigue a otra persona que tendría un cargo administrativo en la justicia federal y que aparece mencionada con el apellido “Leguizamón”, del cual no trascendieron más datos.
El fiscal denunciante tomó como base el expediente por el cual el juez Torres procesó y mantiene detenidas desde mayo pasado a 28 personas acusadas por asociación ilícita en el tráfico de drogas proveniente de Paraguay, causa en la que siguen en prisión, entre otros, el intendente de Itatí, Roger Terán, y su vice, Fabio Aquino.
En su escrito, Schaefer afirma: “Me dirijo a ustedes a efectos de poner en conocimiento y consideración de graves hechos que surgen de la resolución dictada (por el juez Torres) que dan cuenta de hechos de corrupción y narcotráfico que involucran a miembros del Poder Judicial Federal en Corrientes”.
El informe del fiscal, que tiene 21 páginas y al que accedió NA, indica que existirían motivos suficientes para investigar a esos miembros de la Justicia federal porque transcribe escuchas telefónicas que el juez Torres volcó al procesamiento de los narcos de Itatí.
Según la transcripción de los audios en el expediente, una de las escuchas refiere a que habrían pagado una suma millonaria para que el juez Soto Dávila otorgue la libertad a un acusado, identificado como “Cachito Bareiro”, de Itatí, detenido hace varios años por narcotráfico.
El expediente de procesamiento firmado por el juez Torres dice textualmente: “Bareiro pagó un millón y medio de pesos al juez que estaba de turno en esa oportunidad, el juez Soto Dávila, por su libertad. Eso fue para que no se haga efectiva la captura que pesaba sobre el mismo… se escuchó que un allegado del juez fue a cenar al domicilio de Bareiro para ir a buscar la plata. Que el secretario del juez, un tal Molina, se encargaba de hacer las transacciones. O sea, hacía de intermediario del juez para estas cuestiones”.
En esa supuesta cena, la entrega del dinero la habría realizado un hermano del detenido Bareiro; el expediente precisa que el pago de la supuesta coima se habría concretado a través del funcionario Pablo Molina, secretario del juzgado de Soto Dávila.
Además, el informe de Schaefer transcribe otras supuestas escuchas que hacen referencia a conseguir dinero para el defensor oficial ante la Cámara Federal de Corrientes. En las escuchas lo mencionan simplemente como “Defensor Oficial de la…”.
“Tiene que venir una buena moneda para que el Defensor Oficial de la”, dice textualmente y el informe aclara que no se escucha el audio.
Además de las escuchas citadas por el juez Torres, el fiscal Schaefer tuvo en cuenta la declaración de un “testigo de identidad reservada que denuncia vínculos con el nacotráfico por parte del juez Soto Dávila y el secretario Pablo Molina”.

Fuente: Momarandu.com



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