Análisis semanal: Acuerdo amplio contra la impunidad

Tres jueces lograron algo que parecía imposible en la Argentina de la grieta: alinear a todo el arco político del país, aunque sea por un breve tiempo y en relación a un solo tópico.

En un hecho inédito, representantes de ambos bandos de la grieta, de la  amplia avenida del medio y no alineados, estuvieron de acuerdo en algo. Personas tan disimiles en sus convicciones como Hebe de Bonafini, Gabriela Michetti, Víctor Hugo Morales, Alfredo Leuco, Axel Kicillof, Eugenia Vidal, Máximo Kirchner, Ricardo Lorenzetti, Sergio Massa, Marcos Peña, Sandra Giménez, Jorge Ratier, Tiki Marchesini, Ricardo Gil Lavedra y una lista interminable de dirigentes políticos, intelectuales, artistas y millones de argentinos que salieron a manifestar en calles y plazas coincidieron –al menos en líneas generales- respecto a un tema, lo que no ocurría hace muchos años en Argentina.

El inusual hecho fue motivado por un fallo de la Corte Suprema avalado por los jueces Guillermo Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, mediante el cual otorgaron al represor Luis Muiño, condenado por delitos de lesa humanidad, el beneficio del 2×1 en el cómputo de su pena.

El rechazo a esa decisión judicial ameritó la sanción en tiempo récord de una ley nacional -aprobada por unanimidad en el Senado y con un solo voto en contra en Diputados- que pone límites a la aplicación del 2×1, una declaración de repudio de la Legislatura de Misiones –presidida por Carlos Rovira- y de otras provincias, además de marchas multitudinarias que se desarrollaron en distintos lugares del país.

Tan amplio acuerdo se construyó en base al rechazo a que personas condenadas por los delitos más graves que puedan imaginarse, recuperen su libertad antes de cumplir sus penas valiéndose de una figura legal que siempre fue polémica y que prácticamente está en desuso.

Tanto revuelo demostró que incluso en un país marcado por las antinomias se pueden construir consensos y que luego de más de 30 años de democracia Argentina logró al menos uno: la dictadura no debe volver nunca más y sus perpetradores merecen ser condenados y deben cumplir de manera efectiva las penas que les correspondan.

Incluso aquellos que defendieron desde el punto de vista técnico el fallo de la Corte, como Lilita Carrió, lo hicieron sin poner en duda estos principios.

Cómo todo acontecimiento social de magnitud, el fallo Muiño repercutió políticamente con un alcance que quedará más claro con el correr de las semanas. El hecho dejó descolocado al Gobierno nacional, que en el juego político de ubicarse siempre en el lugar de la diferencia respecto al kirchnerismo, no encuentra todavía cómo encarar un tema tan delicado para el país como la última dictadura cívico militar.

Más allá de que los más altos exponentes de Cambiemos manifestaron su rechazo a la decisión de la Corte con una intensidad que fue in crescendo con el correr de los días, el fallo terminó salpicando al Gobierno nacional porque dos de los tres jueces responsables por dicha medida fueron designados por el Ejecutivo actual y la tercera le debe su continuidad en el cargo.

Además Macri arrastra antecedentes que generan dudas respecto de su real compromiso con la causa del castigo a los represores, entre ellos la promesa de terminar con “el curro de los derechos humanos”; el “no tengo idea de cuántos fueron”, en relación a la cantidad de desaparecidos, o la intentona de quitarle al 24 de Marzo su estatus de feriado inamovible.

Por otra parte, los cuestionamientos de los funcionarios de Cambiemos se demoraron y fueron más bien tibios al principio y recién se hicieron más contundentes con el transcurrir de los días, en coincidencia con la multiplicación de manifestaciones de repudio en toda la sociedad.

Más allá de las suspicacias generadas en torno a la postura de Cambiemos en relación a los crímenes de la dictadura, es justo recalcar que el Gobierno nacional salió en bloque a rechazar la posibilidad de que los condenados por delitos de lesa humanidad tengan el beneficio del 2×1 y que aún si ello fuera por conveniencia política, deja en claro que hay un amplio sector de la sociedad que no está dispuesto a aceptar la impunidad.

La bicicleta no para, la inflación tampoco

El Indec dio a conocer esta semana el índice de inflación correspondiente a abril, el dato fue un baldazo de agua fría para el equipo económico de Cambiemos porque pese a la suba de las tasas de interés dispuesta por el Central para contener el aumento de precios y a la estabilidad del dólar, la inflación no solo no disminuyó sino que aumentó: pasó de 2,4 en marzo a 2,6 el mes siguiente.

El dato es poco alentador para el sector productivo, ya que hace presagiar una suba aún mayor en las tasas, lo que complicará aún más el financiamiento para la economía real y elevaría el más atractivo del sector financiero. Explicado de otra manera: va a ser todavía más rentable poner el dinero en Lebacs o cualquier otro instrumento financiero que destinarlo a la producción primaria o la industria.

Otro efecto negativo del contexto económico actual es que las altas tasas sumadas a la estabilidad del tipo de cambio alimentan la fuga de capitales mediante maniobras especulativas tipo carry trade.

Esta forma de bicicleta financiera consiste en ingresar dólares, cambiarlos por pesos, pasarlos a Lebacs y luego volver a comprar dólares, aprovechando la ausencia de restricciones para la adquisición de divisas. Valiéndose de esta mecánica básica, especuladores consiguen hoy una rentabilidad anual superior a 25 por ciento en dólares, porcentaje que el año pasado se acercó al 40.

El modelo cierra con un moño para aquellos grupos económicos que tienen capacidad para tomar financiamiento externo a tasas muy inferiores a las que paga hoy Argentina, así consiguen pedir prestado a menos del 10 por ciento, dinero que luego ponen a trabajar al 26 por ciento.

Este festival de plata dulce para pocos no le resulta gratis al país, que termina cubriendo con endeudamiento la generosa rentabilidad que brinda a los siempre oportunistas cultores de la bicicleta financiera.

Más prestigio para STJ

Casi al mismo tiempo que crecían los cuestionamientos a la Corte Suprema de la Nación, en Misiones una decisión del Ejecutivo provincial generó el respaldo unánime de las fuerzas políticas y del ámbito judicial. Durante la semana que pasó el gobernador Hugo Passalacqua propuso a la fiscal Liliana Picazo como ministra del Superior Tribunal de Justicia, figura de extensa e impecable trayectoria en la justicia misionera.

El pliego que propone a Picazo como nueva integrante del STJ deberá ser evaluado por la Cámara de Diputados, en un trámite que se prevé rápido y exento de discusiones, dado que representantes de los distintos partidos con representación legislativa ya salieron a adelantar su respaldo a la postulación de la fiscal y de idéntica manera se manifestó el presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Ernesto Báez, quien consideró a la postulación como un acierto del gobernador Passalacqua.

La actuación de la fiscal fue determinante para el esclarecimiento de casos tan resonantes como los que le valieron dos condenas a prisión perpetua a Bertoldo Neumann, el femicidio de Angélica Ramírez, el asesinato de Guido Kachuk, el asesinato de Carlos Iriarte y logró imponer la pena más dura que recibió un violador en Misiones, que fue de 40 años y le correspondió al DT de fútbol infantil Luis Vargas.

Avancemos se apoya en una propuesta de Massa

El Frente Avancemos, espacio político que se presentó recientemente como opositor tanto a Cambiemos como a la Renovación y que dice no responder a ningún alineamiento nacional, comenzó su campaña recolectando firmas para la propuesta conocida como “Bajemos los Precios”, impulsada a la nivel nacional por Sergio Massa y Margarita Stolbizer.

Los referentes del interbloque conformado por los radicales disidentes del bloque Vanguardia, los camioneros massistas Adolfo y Alejandro Velázquez y los referentes del partido Trabajo y Progreso, que encabeza Claudio Wipplinger,  instalaron puntos de recolección de firmas en distintos lugares de la provincia.

Previsiblemente, la campaña que propone reducir impuestos a once productos de la canasta básica y promete con ello abaratar sus precios, tuvo una muy buena aceptación por parte de los vecinos: en poco más de 48 horas más de ocho mil personas estamparon sus firmas.

El puertismo se suma a la competencia

El partido que encabeza Ramón Puerta, Unión Popular, confirmó su participación en las próximas elecciones legislativas y aunque el dirigente todavía rehúsa a confirmar su candidatura, todo parece indicar que encabezará alguna de las listas, más probablemente la de senadores.

El embajador argentino en España, convocó hace poco un cónclave con el partido que conduce en Misiones para discutir la estrategia electoral. Por el momento el ex gobernador viene llevando adelante conversaciones con Ramón Velázquez, diputado provincial cuyo mandato vence este año y que buscaría renovarlo, acompañado por un importante grupo de agrupaciones peronistas.

Desde el puertismo cuestionaron a los legisladores provinciales y nacionales por Misiones y plantearon la idea de “generar un cambio” de donde surjan leyes con ejes en el combate y prevención de la violencia de género y la creación de fuentes laborales para los jóvenes.

Desafiantes, los partidarios del apostoleño advierten que Ramón Puerta es el “peronista con más votos en la provincia, como lo ha demostrado en cada elección”.

Schiavoni confía en cerrar el acuerdo por la EBY

El director Ejecutivo de Yacyretá, Humberto Schiavoni, confió en que el acuerdo que rubricaron los presidentes de la Argentina, Mauricio Macri, y de Paraguay, Horacio Cartes, transitará el camino del Congreso de ambos países sin mayores sobresaltos.

“Estimo que no tendrá inconvenientes porque Paraguay todavía tiene un año y medio de la actual administración, es un proyecto beneficioso para ambos países, destraba una situación que implica nuevas obras, y en el caso de nuestro país, es un acuerdo con una línea muy similar con la que venía trabajando la administración anterior. No creemos que tenga aristas que puedan generar discusiones”.

Luego del acto de firma, el funcionario explicó que el acta avanza sobre cuestiones económicas de compensaciones, Yacyretá le tiene que pagar a los dos países, “con un programa de reducción de gastos que va a redundar en un mejoramiento de la tarifa, ese es un compromiso de los países”.

Amplió que el anexo C del tratado de Yacyretá, establece que la tarifa tiene que ser la resultante y que remunere todos los costos de Yacyretá, si los costos bajan, las tarifas también bajan. “Lo que hay es un compromiso para converger en los próximos cuatro años, a una cifra que son 17,5 dólares por MW de gastos, que significan un 30 por ciento de reducción de los costos actuales sin resignar las inversiones “.