Realizan movilización y un acto en repudio al 2×1 en Posadas

Miembros de la comunidad educativa de la Facultad de Humanidades y de la Asociación de Ex Presos Políticos de Misiones, entre otras organizaciones, ante el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que favorece a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, realizan una movilización para expresar colectivamente el repudio a este fallo.

La concentración comenzó  a las 17 en la plaza San Martín para marchar hasta la plaza 9 de Julio donde será el acto a las 18 en repudio a este fallo judicial.

 

La convocatoria se realizó esta mañana durante una conferencia de prensa en la Sala del Concejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, ubicada por calle Tucumán 1946 1º Piso, Posadas. De la misma participaron el vicedecano de la casa de estudios Rubén Zamboni, el intendente de Posadas Joaquín Losada, integrantes de la Asociación de ex Presos Políticos de Misiones, el presidente del Colegio de Abogados- Ernesto Baez, Edmundo Soria Vieta- ex ministro de Derechos Humanos, la Directora General de Derechos Humanos Clara Melgarejo, integrantes de la Fundación Germania, Amelia Baez en representación del Centro de Derechos Humanos Pedro Peczak, entre otros integrantes que se adhieren al repudio.

En este marco, Edmundo Edmundo Soria Vieta reflexionó sobre el polémico fallo y consideró que: «Es una bofetada a la democracia y una bofetada al estado de derecho. No se puede, con artilugios legales, intentar justificar, aplicar normas del derecho penal que beneficien a condenados por delitos de lesa humanidad, de tortura, muerte y desaparición de personas».

Por su parte el presidente del Colegio de Abogados- Ernesto Baez en un análisis jurídico sostuvo: «El fallo desde el punto de vista jurídico es totalmente criticable puesto que, en mi concepción, no concibo la idea de derecho alejado de la justicia. La ley del 2×1 ya era una ley negativa aplicada a delitos comunes, imagínense ustedes cuando se la traslada a delitos de lesa humanidad, donde existen violaciones de derechos humanos. Las soluciones que se pueden dar desde el punto de vista jurídico pueden ser a través de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos».

En este marco el intendente de Posadas, Joaquín Losada, en una reflexión como militante político sostuvo: «Voy a dar una interpretación política sobre el fallo. Recuerdo el 24 de marzo cuando, con muchos de los compañeros que están acá, hacíamos diferentes actos por la Memoria, la Verdad y la Justicia y yo planteaba que en Argentina estábamos viviendo un momento de banalización de los derechos humanos, se buscaban distintos métodos para banalizar lo que fue y lo que sigue siendo la Memoria, la Verdad y la Justicia. Hoy vemos como la grieta se agiganta por una escisión que no es casual, sino que forma parte de una misión y un modelo que se intenta impulsar y que intenta retroceder casi 30 o 40 años las conquistas que ha hecho todo el pueblo argentino para garantizar la Memoria, la Verdad y la Justicia. Por ello repudio totalmente el fallo de la corte».

El equipo de docentes y auxiliares de docencia que conforma el Área de formación docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales también manifestó su repudio al fallo. Asimismo, el decanato adhiere a la manifestación expresada por esta área e invita a la comunidad educativa a manifestarse al respecto.

¿Qué es el “2×1”?

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró aplicable el cómputo conocido como “2×1” para la prisión de un condenado por delitos de lesa humanidad. Este beneficio, que permite reducir una pena de prisión, fue otorgado por una ley sancionada en 1994, pero derogada en 2001.

Este beneficio surge de la Ley 24.390, sancionada por el Congreso en 1994. La norma determinó que la prisión preventiva no podía extenderse por más de dos años (con la posibilidad de solicitar una prórroga de un año en investigaciones complejas). La prisión preventiva es un recurso al que puede acudir un juez cuando considera que un imputado que está siendo investigado (aún sin condena) puede fugarse o entorpecer la investigación.

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