Violadores, abusadores sexuales: el mundo debate qué hacer con ellos

El asesinato de Micaela García reavivó la discusión sobre qué hacer con los delincuentes sexuales. El índice de reincidencia es alto, los tratamientos resultan ineficaces y la exposición pública es criticada por defensores de los derechos civiles y rechazada por jueces. En la Argentina, la ley de creación del Banco de Datos Genéticos no se aplica.

Marcelo Sajén aterrorizó a la ciudad de Córdoba durante trece años, desde 1991 hasta el 2004. Sus víctimas comprobadas fueron más de 60, pero se estima que podrían ascender a 200. Las mujeres iban por la calle con un silbato para pedir auxilio, pero esto no evitó que las violaciones se siguieran consumando. Sajén, rodeado por la policía, se pegó un tiro en la cabeza. Su viuda dijo que era un padre ejemplar y un marido cariñoso, y que nunca había sospechado nada.

Reconocer a un delincuente sexual es imposible. Muchos, como Sajén, son cabezas de familia y tienen la apariencia de ciudadanos irreprochables. Aún cuando sean apresados y cumplan una condena, la tasa de reincidencia es muy alta: oscila entre el 80 y el 85 por ciento. Además, el pronóstico de un tratamiento es malo y la recuperación es improbable. Es decir, que de 10 criminales sexuales, 8 atacarán indefectiblemente de nuevo.

Entonces, ¿hay alguna manera de prevenir o evitar los delitos sexuales?

Se han ensayado varias soluciones, más o menos drásticas, que levantaron protestas de grupos de defensa de los derechos civiles e incluso fallos judiciales que las declararon inconstitucionales.

Los muros de la infamia

En Colombia, se instituyó en el 2007 la práctica de instalar los denominados «muros de la infamia», enormes carteles callejeros con fotografías de violadores o abusadores, sus datos personales y la edad de las víctimas. Se presentaron cinco recursos ante la Corte Suprema: uno fue el de la madre de un niño, que alegaba que la visión permanente de la imagen de su abusador lo perturbaba. El resto fue presentado por los condenados. Argumentaban que la instalación de esos carteles por parte del Instituto Colombiano de Protección Familiar atentaba contra la dignidad e intimidad familiar y personal. El tribunal supremo ordenó desmontarlos y señaló que era atribución de un juez establecer el castigo a los delincuentes sexuales y que la exhibición de sus caras constituía una sanción adicional inaceptable.

Hace más de diez años que en ese país funciona un banco de ADN de delincuentes sexuales. Se almacenan los fluidos recogidos en las víctimas o en objetos de la escena del crimen, aun cuando los agresores no hayan sido identificados, para cruzarlos con los de nuevos detenidos.

En la Argentina, las experiencias similares no dieron los mismos resultados. Despues del caso Sajén, Córdoba fue la primera provincia en crear una base de datos genéticos de delincuentes sexuales, pero la iniciativa quedó en la nada.

Mendoza, por su parte, comenzó a organizar un banco en 2006. La Ley Nacional de creación de un banco, promovida por las Madres del Dolor y la senadora Sonia Escudero, fue aprobada en el 2013, pero nunca fue implementada. De todos modos, vale aclarar que la inclusión del material genético de un delincuente sexual en la base de datos depende de que su condena esté firme, lo que con los tiempos de la justicia argentina, puede tomar varios años. Además, no se incluye el ADN de quienes hayan delinquido antes de la sanción de la ley.

«No es odio, es protección»

Megan Kanka tenía siete años cuando un vecino de la pacífica localidad de Hamilton, New Jersey, la invitó a su casa a ver un cachorrito. Una vez a solas con la nena en su dormitorio quiso besarla. Ella intentó escapar. La asfixió, la violó y colocó su cuerpo en una bolsa plástica que llevó en su camioneta. Jesse TImmendequas, pedófilo, vivía junto a otros dos delincuentes sexuales condenados frente a la casa de Megan, pero los padres no lo sabían.

Un movimiento de ciudadanos indignados consiguió juntar cientos de miles de firmas en pocos días y el resultado de la presión fue la ley Megan, que establece que una comunidad tiene derecho a saber dónde viven y trabajan los delicuentes sexuales una vez cumplida su condena.

La ley, que rige con distintos matices en todos los estados de los Estados Unidos, no apunta a estigmatizar a los criminales, ni a arriesgarlos a un linchamiento, alega Maureen, la madre de Megan. «Sabemos que somos blanco de críticas por parte de los que dicen que violamos los derechos de quienes ya han cumplido una sentencia. No queremos arrojarlos a los lobos, ni odiarlos, no es así. «Cuando manejas en la calle, hay señales de tránsito, luces rojas, límites de velocidad. Están allí para proteger a la sociedad. Eso es lo que tratamos de hacer, proteger a la sociedad, y controlar a los delincuentes para cuidar a los chicos», dice Richard, padre de la nena asesinada.

Quienes se oponen a la ley Megan argumentan que su puesta en práctica no tuvo como resultado ninguna reducción en los delitos sexuales y que su implementación es un costo inútil.

El sabueso

Steve Rodell es un especialista en seguridad, basado en Indianápolis ,que decidió centralizar toda la información disponible sobre el paradero de los condenados por crímenes sexuales a los largo y a lo ancho de los Estados Unidos. En su sitio web gratuito, Family Watchdog, colocando una dirección cualquiera se puede acceder a información exhaustiva sobre todos los «depredadores sexuales» condenados que podrían significar una amenaza para las familias en una zona determinada. También se notifica por correo cuando un nuevo posible agresor se muda a un área. El sitio identifica domicilio y lugar de trabajo y clasifica a los agresores por tipo de crimen y peligrosidad usando diferentes íconos de colores. Rodell lamenta que los vecinos que no tienen condena firme no puedan ser incorporados a su base de datos. Además, planea sumar a los que utilizan internet y las redes sociales para conseguir víctimas, en general, con una identidad falsa.

Tratamiento y medicación

¿Pueden recuperarse los pedófilos, los violadores? ¿Hay algún tratamiento posible? Richard Krueger es una eminencia en su área: psiquiatra y profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, se dedica a la terapia de los delincuentes sexuales e integra una asociación de profesionales especializados. Aunque admite que no hay estudios que hayan demostrado su eficacia de manera concluyente, utiliza técnicas conductistas basadas en la recuperación de adictos a las drogas y el alcohol, con apoyo de medicación. El nombre del método es Terapia de Prevención de Recaída. Son tratamientos grupales, basados en el manejo de situaciones de alto riesgo y control de impulsos.

Krueger también estudia el empleo de medicación antiandrogénica, que bloquea la actividad de las hormonas sexuales masculinas, conocida como castración química .

«Muchos delincuentes sexuales acceden a tomar esta medicación como medio para lograr la libertad. Algunos, temerosos de volver a atacar y matar, acceden incluso a la castración quirúrgica, que implica la extirpación de los testículos. Este procedimiento es voluntario, es decir, implica la aprobación del condenado», señala Krueger. Hay otros países que aprobaron la aplicación del método químico pero de manera coercitiva. Entre ellos, Rusia, Polonia, Moldavia, Indonesia, y Corea del Sur. En el Reino Unido , Francia , Australia y España, es sólo una alternativa.

Los críticos de la castración química alegan que como el delincuente goza con el sufrimiento de su víctima, la supresión del deseo sexual no eliminan el peligro del ataque, que puede producirse incluso con el uso de un arma para la penetración.

«La mayoría de los estados en este país – dice el psiquiatra- opta por leyes que apuntan al confinamiento civil. Luego de su condena, los delincuentes inician un tratamiento en hospitales psiquiátricos. Pero nadie les firma el alta, de modo que una vez que están confinados, no salen más. Es decir , se trata de una prisión perpetua virtual», analiz