Desde Amayadap alertan avance de intrusiones a propiedades privadas en la zona norte de Misiones

Desde la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap), los empresarios alertaron sobre lo que consideran una “grave situación ante las intrusiones a las  propiedades privadas, que están ocurriendo en la provincia de Misiones, generando una irregularidad legal que se arrastra desde hace años, pero agravada por el lento accionar de la justicia y las fuerzas públicas”, explicaron.

 

Al respecto, por medio de un documento al que accedió ArgentinaForestal.com, fundamentaron que este escenario “va en perjuicio de los derechos de los propietarios de la tierra, inversores y creadores de trabajo en muchos casos; instalando incertidumbre jurídica constante, onerosos costos legales,  gran pérdida de productividad de dichas tierras y desaliento a la inversión privada en la provincia” señalaron desde la cámara empresaria.

 

Agregaron que “haciéndonos eco de la relevancia pública y mediática, que tomó en los últimos meses el conflicto de tierras en la localidad de Colonia Delicia, entre pueblos originarios por un lado, colonos, pequeños productores y empresarios por otro, es que hacemos un especial énfasis en este problema, generado a partir de la Ley 26.160, (que impide desalojar comunidades originarias  y ordena la realización de un relevamiento territorial por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI), el cual sigue sin resolverse creando preocupación e incertidumbre, sobre la situación legal actual y futura, de las propiedades privadas en Misiones”, indicaron.

 

Intervención judicial y políticas de Estado

 

El conflicto de tierras en Colonia Delicia y Nueva Delicia, tomó conocimiento público, luego de la presentación de tres carpetas técnicas de relevamientos territoriales, realizados por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), el cuál concede derecho de uso a unas tres comunidades indígenas de las ya 5 existentes en la localidad, en un territorio que abarca 1.080 hectáreas, afectando innumerables propiedades privadas, pequeñas chacras, plantaciones, e incluso espacios destinados para uso de bien público, detallaron desde la Amayadap.

 

“Entendemos que solo una comunidad se encontraría sobre un terreno legalmente formalizado, pero las restantes 4 se apropiaron en forma irregular de terrenos privados, en los que los legítimos dueños se ven totalmente desprotegidos, ya que sobre estas intrusiones no se puede actuar, porque la Ley 26.160 aparentemente no permite su posterior desalojo. Y así pasa el tiempo y cada vez son más las familias,  cada vez son más las comunidades, algunas se formaron hace 12 años, otras hace 5, otras surgieron hace menos de 6 meses”, alertaron los empresarios madereros.

 

“De acuerdo a información de algunos de nuestros asociados, se estima que ya se han elaborado más de 50  relevamientos de tierras, con el fin de instalar nuevas comunidades de aborígenes,  en distintos puntos de la provincia. Los propietarios afectados no han sido notificados de forma oficial, por lo cual urge que se de conocimiento público de las posibles nuevas planificaciones, revelando dicha información de todos los relevamientos  realizados y a realizarse, dando a conocer a su vez las medidas de protección hacia la propiedad privada”, reclamaron.

 

Desde la institución, expusieron su visión sobre la problemática y reflexionaron en el escrito que “el derecho de uno termina donde comienza el del otro,  los Pueblos Originarios tienen  derecho a los sitios que histórica y fehacientemente han ocupado, pero no sobre terrenos donde se han instalado ilegalmente, en forma reciente y apañándose en una Ley que supuestamente, según ellos, les otorga la propiedad. Sostenemos, que el derecho a la propiedad privada anterior a la intrusión por parte de estas comunidades, debe ser respetado”, remarcaron desde la Amayadap.

 

Pueblos Originarios y nuevos asentamientos 

 

En el conflicto de Colonia Delicia, los propietarios aún no saben cuál es la solución: “ni siquiera se conoce la real situación del problema”, admitieron. “La ley permite que los indígenas transiten libremente por todos los terrenos privados, y les otorga derecho de uso (pescar, cazar, cosechar, talar, etc.) y si quisieran, podrían crear un nuevo asentamiento y la ley 26.160 no permitiría el posterior desalojo, en cambio a los legítimos dueños no se les da ninguna seguridad, no saben si perderán su tierra, si tendrán que compartirla, si se las expropiará y si esto ocurriera, no saben ni cómo ni cuándo se hará. Es más, como son “dueños registrables”, el Estado igualmente les exige seguir pagando los impuestos por tierras que en la realidad no las pueden usar”, explicaron.

 

Finalmente, concluyeron con una clara posición de defensa al Derecho sobre la Propiedad Privada: “con esta realidad no existe seguridad jurídica, no se puede proyectar a futuro, no es posible planificar inversiones en la provincia”,  indicaron desde la Amayadap y adelantaron que solicitarán a las autoridades provinciales que se tomen medidas que permitan destrabar el conflicto, generar reglas claras y que se pueda dar a conocer el contenido de los 50 relevamientos territoriales realizados, para que los Pueblos Originarios puedan tener sus tierras,  «pero bajo ningún punto que sean sobre el derecho que tienen los legítimos dueños a la propiedad privada», advirtieron.

 

 

Por Patricia Escobar