Misiones va tras inversiones y mientras, otorga créditos en vez de pedirlos

Que el desarrollo de la economía argentina sea más o menos favorable este año dependerá directamente de la capacidad del Gobierno nacional para captar financiamiento e inversiones provenientes del exterior, atento a ello, el equipo de Macri preparó una recorrida por las más prestigiosas universidades de Estados Unidos y reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo es dejar ante los ojos del mundo una impresión de solidez financiera, seriedad en la gestión pública y madurez política. Para ello el ministro del Interior Rogelio Frigerio, invitó a gobernadores de las cinco provincias que pueden dar más acabada muestra de esos atributos, entre ellos el mandatario misionero Hugo Passalacqua.

Más allá de las oportunidades concretas de inversión que podrían presentarse para la provincia a partir de las reuniones que se desarrollarán, la sola participación de Passalacqua en la comitiva representa un enorme reconocimiento a la gestión, no solamente del actual gobernador y su equipo, sino también a sus predecesores, quienes supieron recuperar a la economía de la provincia luego de la hecatombe de 2001 y mantener el crecimiento y el equilibrio en las finanzas a pesar de las crisis que se sucedieron en los últimos 13 años.

Durante su viaje, el Gobernador participará de charlas en la universidad George Washington y en el mítico MIT de Boston, además tendrá reuniones con funcionarios del BID. A diferencia de los demás gobernadores que participarán de la comitiva, Passalacqua no irá en búsqueda de créditos, sino de inversiones. Para ello expondrá respecto al potencial productivo de Misiones y a sus capacidades de desarrollo en sectores como la industria forestal, la de elaboración de infusiones, el turismo y el transporte y logística, entre otros.

A clases

Durante la semana que pasó, Misiones volvió a dar muestras de los atributos que llevaron al Gobierno nacional a considerarla un ejemplo a mostrar al mundo. Por ejemplo, fue la primera provincia en alcanzar un acuerdo con sus docentes y garantizar así un normal inicio de clases, cosa que para las demás jurisdicciones del país es todavía un objetivo de cumplimiento incierto.

Otra de las novedades positivas fue la puesta en funcionamiento del Fondo de Crédito de Misiones, que brindará apoyo financiero y capacitación a miles de emprendedores y pequeñas empresas en toda la provincia. En su primera semana de actividad, el Fondo de Crédito atendió a más de 150 personas por día, lo que dejó una clara muestra de que la entidad llegó para atender una demanda que estaba ávida de ese tipo de propuestas.

Además de la incidencia directa que se espera tenga el Fondo de Crédito en la generación de empleo, su puesta en marcha representa de por sí una declaración de principios de un Gobierno provincial que apuesta fuertemente al emprendedurismo –característica distintiva del misionero- como herramienta de crecimiento y es otra muestra del orden fiscal y financiero que le permite a Misiones salir a prestar plata cuando muchas de las demás provincias se ven obligadas a tomar deuda para poder pagar sueldos.

Reparación histórica

El Gobierno nacional convocó a los ministros de economía de todas las provincias a discutir un nuevo esquema de coparticipación. El equipo económico de Macri pretende avanzar en un modelo de coeficientes dinámicos, a diferencia del actual con porcentajes fijos, que se modifiquen conforme el comportamiento de diferentes variables socioeconómicas como población, distancia del centro del país, índices de necesidades básicas insatisfechas, capacidad recaudatoria propia,  sin perder de objetivo de reforzar los recursos a aquellas zonas más atrasadas.

La que más ganaría con el nuevo sistema sería Buenos Aires, que es la más castigada con el esquema actual, pero para Misiones también hay buenas perspectivas, especialmente teniendo en cuenta que es la provincia más poblada del NEA y la que tiene un menor porcentaje de coparticipación.

La postura oficial de Misiones es reclamar la recomposición del 30 por ciento de coparticipación cedida junto a otras provincias como La Rioja, para conformar en 1988 el Fondo del Conurbano Bonaerense,  de manera que desde la provincia se analizará debidamente el proyecto de reforma para que contemple la reparación de esta injusticia histórica.

El gobierno nacional apura además una reforma impositiva que apunta a reducir la presión fiscal y pretende que provincias y municipios aporten para ese objetivo reduciendo o eliminando impuestos y tasas. Al respecto el Secretario de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, consideró que una reforma tributaria de esa naturaleza se daría de bruces contra otro de los objetivos de la política económica nacional, la reducción del déficit fiscal y atentaría contra la sustentabilidad de las provincias.

Más allá de las discrepancias que pudiera haber respecto a la reforma fiscal, la posibilidad de una nueva ley de coparticipación genera gran expectativa en Misiones, dado que representa una oportunidad histórica para reparar una injusticia que se ha cometido con la provincia. Por otra parte, el sentido común sugiere que sea cual fuere el nuevo esquema de distribución de recursos que aplique la Nación, difícilmente será peor para Misiones que el vigente.

 

Correo de familia

Para Macri la semana que pasó fue una de las peores en términos políticos desde que asumió la presidencia. Debió enfrentar dos escándalos mediáticos autoinfringidos y salir a reconocer errores en cadena nacional, para luego dar marcha atrás. En el medio, el equipo de gobierno volvió a mostrar flaquezas en el manejo político y de la comunicación.

Primero fue el Correo Gate, tema que ganó las tapas de los principales diarios del país cuando la fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, consideró que un acuerdo de pago alcanzado entre una empresa del Grupo Macri y el Estado Nacional era “abusivo, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación (por parte del Estado) perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”, según consta en su dictamen.

El acuerdo de pago al que se refiere el dictamen de Boquin, fue alcanzado en junio de 2016 entre el Estado nacional, ya con Macri como presidente, y la empresa Correo Argentino, firma de la familia Macri que operó la concesión del correo entre 1997 y 2003, año en que el gobierno de Néstor Kirchner le rescindió el contrato.

El estado le inició en 2001 una causa judicial a la empresa del grupo que encabeza Franco Macri, padre del presidente, en reclamo de una deuda de 296 millones de pesos, que entonces equivalían a 296 millones de dólares, en concepto de canon impago.

Luego de 13 años en los que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hicieron poco y nada por cobrar esa deuda, el gobierno de Macri llegó a un acuerdo mediante el cual la empresa se comprometía a pagar alrededor de 555 millones de pesos a lo largo de 15 años. De acuerdo con la Justicia Comercial, dicho acuerdo representaría una quita de más del 98 por ciento de la deuda que, indexada a 15 años partiendo de 2016, superaría los 70 mil millones de pesos.

La difusión de este acuerdo golpeó a Mauricio Macri en un aspecto clave: sembró dudas respecto a su integridad moral, valor sobre el que se construyó su imagen pública de outsider, de hombre ajeno al barro de la política y por lo tanto más honesto que los políticos “de carrera”.

A pocos días del escándalo del Correo, el gobierno modificó el método de cálculo de los aumentos de jubilaciones y pensiones, en detrimento de los beneficiarios. Previsiblemente, la reacción negativa de la sociedad y en especial de la oposición ante tan impopular medida no se hizo esperar.

Como epílogo de ambas situaciones el Gobierno nacional debió borrar con el codo lo que había escrito con la mano, dejó sin efecto tanto el acuerdo con el correo cuanto la modificación en el cálculo de jubilaciones. El propio presidente Macri salió a reconocer ambos errores, sin embargo ya era tarde para evitar un costo político cuya magnitud solo será revelada con el transcurso de los meses.

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