A dos semanas de las elecciones legislativas que definirán el próximo gobierno de Holanda, el primer ministro Mark Rutte dedicó los últimos días a endurecer las leyes de seguridad, en un intento por alinearse al discurso de la ultraderecha xenófoba, que amenaza con obtener una victoria el 15 de marzo próximo.
La Cámara Baja dio anoche media sanción a una serie de modificaciones a la Ley de Servicios de Inteligencia y Seguridad con la mirada puesta en reforzar su llamada guerra contra el terrorismo.
Las modificaciones a esta ley, que aun deben pasar por el Senado, facilitarán a los servicios secretos las escuchas telefónicas y otras formas de espionaje en aras de la «seguridad nacional».
El tema de la seguridad dominó los discursos de los candidatos no sólo de Holanda, sino de todo el mundo, impulsados por una derecha xenófoba y racista que, aupada por la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos, amenaza con avanzar en Europa.
Rutte debe superar ahora la prueba del Senado, donde no cuenta con mayoría propia, aunque por el tenor de la legislación podría pasar sin problemas, al igual que otra aprobada el martes pasado que permitirá al Ministerio de Justicia retirar la nacionalidad a los sospechosos de «terrorismo», sin necesidad de pasar por un tribunal.
La nueva norma responde a una necesidad de modernizar la legislación vigente, pero la oposición considera que es «desproporcionada» y que desdibuja los límites de los servicios de Inteligencia.
«Necesitamos una nueva ley (para luchar contra el terrorismo) pero no estamos convencidos de que esta sea la buena», afirmó el socialista Ronald van Raak, citado por la agencia de noticias EFE.
Van Raak consideró que la norma permitirá una «vigilancia de masas» porque otorga a los servicios de inteligencia la capacidad de interceptar todas las formas de comunicación por cable, incluyendo teléfono, Internet, correo electrónico y redes sociales, un sistema similar al que denunció el topo Edward Snowden en Estados Unidos.
En la misma línea, la diputada de la fuerza ecologista GroenLinks, Linda Voortman, advirtió que la norma violará la privacidad de los ciudadanos.
Pero el gobierno intentó apaciguar las aguas argumentando que los servicios de inteligencia estarán controlados.
El ministro del Interior, Ronald Plaster, aseguró que la ley garantiza la «recolección de información de forma proporcional» y negó que los servicios de inteligencia vayan a actuar «sin vigilancia» a partir de ahora.
Agregó que las escuchas y el espionaje siempre deberán tener «un propósito necesario y proporcional a la amenaza» registrada.
Asimismo, explicó que la ley no permitirá espiar a toda una ciudad, pero sí a todo un vecindario específico si se cree que un sospechoso de terrorismo se refugia en la zona.
El diputado demócrata Kees Verhoeven, criticó las modificaciones impulsadas por el gobierno y remarcó que, en medio de la campaña electoral, la ley está «demasiado desenfocada y suena a algo forzado».
Asimismo, Daan Weggemans, un experto en Seguridad de la Universidad de Leiden, opinó que la norma está «desenfocada» porque no se centra en el «peligro real» que afronta Holanda.
«La mayor amenaza de seguridad son los combatientes extranjeros que viajan a Holanda y que no son nacionales holandeses. Los que ya están en Siria probablemente morirán en los próximos meses o no querrán regresar aquí, irán a nuevas zonas de combate, como Yemen o Libia», explicó a EFE.
Por eso, a su juicio los esfuerzos en materia de lucha antiterrorista se deben centrar en «frenar a los terroristas» que se han aliado con grupos yihadistas como el Estado Islámico (EI), pero que son del Yemen, Francia, Túnez o Bélgica.
«Son gente que viaja en secreto a los Países Bajos, las cifras internacionales son las que realmente miden la amenaza para la seguridad», advirtió.
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