Pidieron la expulsión de siete mujeres paraguayas detenidas con marihuana y cocaína en las afueras de Iguazú

Pidieron la expulsión de siete mujeres paraguayas detenidas con marihuana y cocaína en las afueras de Iguazú

La defensa de siete paraguayas detenidas en agosto del año pasado con marihuana y cocaína pidió la expulsión del grupo en base a lo dispuesto por la reciente modificación de la Ley de Migraciones, que impone controles más estrictos para evitar que extranjeros con antecedentes delictivos ingresen y permanezcan en el país.
Gabriela García González, Blis Eduvigis Ramos, Blanca Elva Cardozo Álvarez, Emilse Cardozo Álvarez, Laura Graciela Gómez, Marimar Encina Cañete y Liz Paola Encina Cañete se encuentran con prisión preventiva , dictada por el juez Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero.
Las mujeres cayeron en momentos en que pretendían cubrir en micro el trayecto entre Puerto Iguazú y Pacheco, provincia de Buenos Aires, con un cargamento de droga compuesto por poco más de 100 kilos de marihuana y uno de cocaína.
En el operativo que llevó adelante el Escuadrón XIII de Puerto Iguazú de la GN, se determinó que ellas habían escondido el estupefaciente dentro de llamativos almohadones. A los uniformados les pareció raro que todas tuvieran almohadas diferentes de las que entrega la empresa de micros.
En su momento, el magistrado rechazó la excarcelación que pidió la defensa de las sospechosas, a cargo del abogado Javier Noguera.
Las ciudadanas paraguayas están acusadas del delito de “transporte de estupefaciente agravado”.
Los gendarmes decomisaron en el operativo 111,990 kilos de cannabis sativa y 1,092 de cocaína.
Según el decreto 70/2017 firmado por el presidente Mauricio Macri, las causas penales que tengan los extranjeros podrán ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado «cualquiera fuese su antigüedad». La Justicia deberá notificar a Migraciones sobre «todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero, en el plazo de 5 días hábiles de producido».
Si se produce la expulsión por un delito doloso, la persona tendrá una prohibición de reingreso por un mínimo de 8 años y puede llegar a ser permanente, de acuerdo con la gravedad del caso.
Ayer, el abogado Noguera, basado en estos cambios, presentó el pedido en el juzgado de Guerrero.



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