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Polémica en Iguazú por un proyecto de regularización de tierras fiscales

Mientras desde el bloque de concejales de la U.C.R. de Iguazú denuncian que el Ejecutivo Municipal copió textualmente un proyecto presentado por ellos con anterioridad para la regularizar la situación de la tenencia de tierras fiscales, desde el oficialismo dicen que la Dirección de Tierras ya había elaborado un proyecto similar en el mes de febrero.

 

 

Por su parte, los radicales piden que se respete el trabajo previo realizado por ellos con los vecinos. En un comunicado de prensa los radicales manifiestan que en el mes de agosto de 2016 el concejal Kevin Florentín presentó un proyecto tendiente a regularizar la situación de la tenencia de tierras fiscales. “la intención era discutir el proyecto y resolverlo fuera del tiempo electoral, para que no se utilizara como botín de campaña”.

En tanto, el secretario del bloque, arquitecto Alejandro Verón lamentó que “tardaron cuatro meses en darse cuenta que para resolver el tema de tierras era necesario el proyecto de la U.C.R., por eso lo copiaron y presentaron como propio. Curiosamente, el contenido era una copia del proyecto presentado por la bancada radical”.

Asimismo el profesional aclaró que “como equipo nos puso muy contentos que una problemática histórica como la de tierras encuentre solución a través de un proyecto presentado por la Unión Cívica Radical, sin embargo es un vergüenza que estuvieran más de cuatro meses para darse cuenta que para resolver el tema de tierras debían copiar el proyecto de la UCR y presentarlo como propio”.

Florentín, en tanto, afirmó que “los ‘pequeños’ cambios que se introdujeron, podrían haberse propuesto como modificaciones, incluso lo podrían haber propuesto durante el tratamiento del proyecto y desde agosto del año pasado los vecinos estarían recibiendo su título de propiedad. Es obvio que desde el oficialismo priorizaron los tiempos de la campaña electoral antes que la necesidad de los vecinos”.

También argumentó que antes de presentar el proyecto, desde el partido se inició una serie de audiencias públicas en los barrios para debatir el contenido con los vecinos. “Como resultado de estas audiencias introdujimos algunas modificaciones. Detrás de este proyecto hay un trabajo realizado por un grupo humano, no es grato ver que se apropian así”, comentó indignado

Según lo indicado por el arquitecto Verón, se intentó concretar dos reuniones con los concejales a fin de discutir el proyecto, pero ninguna prosperó. “A la primera reunión no se presentó ningún concejal y en la segunda solo fue una concejal, la concejal Méndez Ferreyra, para comunicarnos que no había intención de los demás concejales de tratar el proyecto. “Seguramente ahora que el mismo proyecto fue enviado desde el Ejecutivo montarán todo el circo, más aún en el inicio del año electoral”, concluyó.

Por su parte el presidente del cuerpo, Juan José Raynoldi procuró bajarle el tono a la polémica y dijo que “ésta es una discusión que tiene sentido. Este tipo de proyectos ya se han hecho en el pasado y éste no es “el proyecto”, ya que el mismo plantea cuestiones inaplicables, porque la tierra ya está ocupada”.

En esa línea, Raynoldi aclaró que “la dirección de tierras tiene listo este proyecto desde el mes de febrero. Yo personalmente presenté 2 proyectos en 2014. No creo que nadie haya copiado nada… El Ejecutivo ya lo tenía listo desde la dirección de tierras con mucha anticipación”.

 

La falta de acuerdos, el factor que nunca permitió destrabar el conflicto

La problemática de la tenencia de la tierra en Iguazú es un problema de vieja data. La mayoría de los terrenos no cuenta con documentación dominial, por lo que muchos vecinos no pueden acceder a los servicios básicos, como la luz y el agua.

En los últimos años muchos proyectos tendientes a regularizar la situación naufragaron por la falta de acuerdos y de consensos de la clase dirigente. La expresión más sobresaliente se produjo en el año 2013, cuando se convocó a la ciudadanía a un plebiscito para modificar los artículos de la Carta Orgánica que reglamentan la cuestión de la tierra.

 

 

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