Dos años y medio después, dan por agotada la investigación por el asesinato del albañil Carlos Guirula

Dos años y medio después, en el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas dieron por agotada la investigación por el asesinato del albañil Carlos Raúl Guirula (30), al que torturaron y mataron a la salida de un motel. En febrero, cuando termine la feria judicial de verano, el expediente será enviado a la Fiscalía para el requerimiento de elevación a juicio.
La pesquisa llegó a su tramo final luego de los interminables planteos que trabaron los abogados defensores de los policías que están acusados de haber arrestado al trabajador de la construcción y luego de provocarle la muerte a golpes y patadas.
En dos ocasiones, por pedidos de excarcelación y apelaciones denegadas, la causa llegó al Superior Tribunal de Justicia, que rechazó los planteos.
Y fueron más las veces que incidentes de distintos tipos llegaron a la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores, que siempre avaló las decisiones del juez Marcelo Cardozo, quien dirigió la instrucción.
De acuerdo con la reconstrucción que hizo el magistrado, el sábado 19 de julio de 2014, Guirula y dos amigos entraron en el motel Park (Andresito y Santa Catalina) con dos prostitutas. Cuando ya se retiraban, el albañil tuvo una discusión con el conserje, supuestamente porque se negaba a pagar la cuenta de lo que había consumido. Consideraba que lo que le querían cobrar era excesivo. Desde el albergue transitorio llamaron a la Policía y al rato cuatro patrulleros llegaron al lugar.
Guirula no solo fue reducido y esposado. La dieron una paliza brutal que hizo que llegara muerto en el móvil en el que lo trasladaron a la comisaría 13ra.
Cardozo le dictó la prisión preventiva a Lourdes Beatriz Tabárez, el sargento primero Claudio Marcelo Servián y el agente Carlos Da Silva, todos de la seccional XIII; y de los cabos primeros Lucas Nahuel Saravia y Ricardo Escobar; ambos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional Uno, por el delito de “torturas seguida de muerte agravadas”.
También al oficial subayudante Carlos Alberto Zidorak, del Comando Radioeléctrico, quien está acusado de “omisión funcional para evitar torturas”.
En el segundo trimestre del año, la fiscal Amalia Spinatto haría el requerimiento. Como los defensores pueden apelar, las actuaciones volverían a hacer escala en la Cámara. Por eso, se cree que el caso podría llegar a uno de los tribunales penales de Posadas para juicio a mediados de 2017.

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