El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presidirá la primera reunión para comenzar a debatir un nuevo régimen penal juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad de los menores, de la que participarán representantes de distintos ministerios, integrantes del Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil.
El encuentro está fijado para las 15 en la sede de la cartera ubicada en Sarmiento 329 de esta capital, según informaron fuentes oficiales, y a las 16.30 habrá una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos alcanzados en la primera reunión.
Del encuentro participarán -entre otros- la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari; representantes de la cartera de Desarrollo Social que encabeza Carolina Stanley y del Sedronar, así como jueces y fiscales, y organizaciones sociales como Unicef, que ya confirmó su participación.
Desde el Gobierno ya anticiparon que el proyecto de ley que surja de esta mesa de trabajo será enviado al Congreso después de las elecciones legislativas de octubre, para evitar que el tema se cuele en la campaña electoral.
El debate sobre una eventual disminución de la edad de imputabilidad penal se intensificó tras el reciente asesinato de Brian, un joven de 14 años, muerto por otro de 15 durante un intento de robo en el barrio porteño de Flores, quien ayer fue liberado por orden de la Justicia y enviado a Perú, donde quedará bajo la tutela de sus abuelos que residen allí.
La iniciativa oficial despertó reparos y rechazos desde diversos sectores como Unicef -que participará mañana de la reunión- que admitió la necesidad de rediscutir el régimen penal de menores pero se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad, al considerar que se daría «un paso atrás» en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes, y no se estarían respetando los estándares internacionales.
También desde la Iglesia, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió que la intención oficial «no pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática», y se pidió no convertir a los chicos en «enemigos sociales».
También se manifestaron en contra de bajar la edad de imputabilidad de los menores sectores sindicales como la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), así como organizaciones de derechos humanos como el Serpaj.
En tanto, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, se mostró «de acuerdo» con la idea de bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años, aunque estimó que «debe ser un punto dentro de un conjunto de medidas» y pidió que el punto se trate como parte de una reforma más integral.
Por su parte, Garavano ya adelantó que también mantendrá reuniones con el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa -con quien ya habló telefónicamente- y con la diputada del GEN Margarita Stolbizer, para buscar «consensos», teniendo en cuenta que «no son cosas que se resuelven en un minuto o en diez días».
Garavano se reunió con el presidente del bloque justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, con quien analizó la agenda legislativa de este año, entre la que está la creación del régimen penal juvenil que el gobierno aspira a presentar en el Congreso tras las elecciones legislativas de octubre.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, reafirmó este jueves la necesidad de cambiar la ley actual del régimen de responsabilidad penal juvenil al sostener que se trata de «una ley de Videla, de la dictadura», y que su modificación significa saldar «una deuda que tenemos con la Democracia».
«En nuestra planificación, el tema es hacerlo después del período electoral, para no entrar en la discusión propiamente de la campaña, pero si se construye previamente consenso con los distintos actores o si los partidos políticos quieren discutirlo en el Parlamento, nosotros no tenemos problemas», afirmó Garavano.
«La ley actual es un espanto, es una ley de Videla, del año 80, de la dictadura, tiene más de 36 años, es una ley paternalista que no le reconoce derecho a los jóvenes, que no les permite a los jueces hacer un abordaje con una intervención más activas por parte del Estado», remarcó el funcionario.
Presentarán el proyecto para bajar la edad de imputabilidad después de octubre
La Iglesia pidió no convertir a los chicos en «enemigos sociales»
