El gobierno nacional sigue ajustando las cuentas en la obra social de los jubilados y ahora analizará unos 200 mil casos. Se trata del subsidio social para medicamentos de los afiliados cuyos ingresos superan el techo establecido por la nueva normativa anunciada por ese organismo, que es de una jubilación y media de la mínima.
Al día de hoy el beneficio que le garantiza la gratuidad de los medicamentos a los jubilados de PAMI es percibido por 1,6 millones de sus 5 millones de afiliados; pero el cruce de información a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) detectó que 50 de los beneficiarios eran propietarios de aviones y 2.000 de ellos cuentan con embarcaciones a su nombre.
Estos datos llevaron al organismo a establecer nuevos parámetros para el acceso al beneficio que fueron equiparados a los establecidos para la tarifa social de servicios públicos; los afiliados de Pami que soliciten el subsidio deberán demostrar ingresos iguales o inferiores a una jubilación mínina y media; no poseer más de un inmueble y no contar con un vehículo de menos de diez años de antigüedad.
Desde el Pami explicaron que la nueva normativa entrará en vigencia el 26 de enero y las revisiones que alcanzan a cerca de 200.000 jubilados se realizarán de manera progresiva, cada vez que el afiliado deba renovar el subsidio vigente.
El presidente del PAMI, Carlos Regazzoni, aseguró hoy que «cuando hicimos un cruce de información a través del Sintys (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social) nos encontramos, en todo el país y sobre todo en el interior, con muchas irregularidades», agregó el funcionario.
«Si la persona tiene un barco de lujo o un avión es inadmisible que cobre un subsidio social que le permite tener medicamentos gratis, porque se rompe el espíritu del beneficio. Ahora, si tiene una prepaga, más de una propiedad, cobra pensión y jubilación o tiene un auto con una antigüedad menor a 10 años, será evaluada su situación», aclaró Regazzoni.
El directivo especificó que existe lo que se llama «vía de excepción», norma pensada para evaluar casos específicos que «rige para toda la administración pública cuando se otorgan subsidios, ya sea para ver quién debe recibirlos, como para detectar a quién no le corresponde».
Las personas que conviven con VIH, cáncer, son trasplantados o insulino dependientes, por ejemplo, tienen una cobertura del 100% en remedios, y «eso no se toca», aseveró el titular de la obra social.
En tanto, los medicamentos llamados ambulatorios, que tienen un descuento del 50% y los que son para pacientes crónicos que poseen una reducción del 80%, «tampoco se tocan», añadió, porque «lo que estamos revisando es que reciba remedios gratis quien realmente lo necesita, es decir, quien está en situación de vulnerabilidad».
Para acceder al subsidio total en remedios la persona debe demostrar que cobra un haber mínimo o menos que eso, es decir 8491,7 pesos mensuales, y si percibe más ingresos, pero demuestra que gasta más del 5% de ellos en medicamentos, puede solicitarlo.
«Cuando el afiliado vaya a renovar los trámites para acceder al subsidio social tendrá que demostrar que lo necesita si tiene prepaga o más de un auto o casa, para lo cual se hará una evaluación ambiental», señaló Regazzoni.
El funcionario adelantó que se está investigando «la facturación de PAMI. Este año vamos a pagar una prótesis más barata que en 2014, es decir, hay pagos injustificados, costos altísimos injustificados. Esos datos los vamos a tener en breve».
«Lo que más nos preocupara es brindar un buen servicio, y en eso estamos trabajando a diario. Por eso quiero dar tranquilidad a los afiliados: el acceso a los medicamentos lo tienen garantizado», finalizó el titular de PAMI.
Por su parte, el ex ministro de Salud, Daniel Gollan, criticó la medida y en declaraciones aseguró que esta «es una muy mala noticia desde el punto de vista sanitarista, es una medida que sorprende, es realmente grotesco”.
“Se lo pretende presentar como una cuestión de equidad pero va impactar fuertemente en los jubilados. Esta es la cuarta medida de restricción que impulsa este Gobierno», agregó el médico que además estimó que la decisión del PAMI terminará afectando entre 700 y 800 mil jubilados.
Uno de sus antecesores, el ex ministro de Salud, Ginés González García, en cambio apoyó la decisión y en declaraciones aseguró que «si la medida está acompañada por un uso racional del medicamento, no me parece mala»; ya que, según el ex ministro, el recorte podría servir para disminuir la automedicación entre los jubilados. Télam.
Llovieron las críticas de la oposición por el nuevo recorte en medicamentos
No fueron los únicos. Desde el Frente Renovador, el economista Aldo Pignanelli calificó como «terrible» y una «vergüenza» la medida, mientras que el defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, advirtió que con los nuevos criterios para la entrega de medicamentos gratis «se genera un estado de angustia en el total de los jubilados y genera alarma».
Pignanelli cuestionó la medida y advirtió que «no puede ser una excusa» para acortar ese beneficio «decir que no es transparente el sistema». «Es terrible, lo del PAMI es una vergüenza», remarcó el economista del Frente Renovador, quien observó que la cobertura de medicamentos al 100 por ciento es «un derecho adquirido» de los jubilados y «el Gobierno lo sacó».
Semino, por su parte, evaluó que con la reciente medida «lo que se está desenmascarando es un problema histórico que es estructural, que hay que modificar y que sí le hace perder mucha plata al Instituto (Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) y regula el mercado de los medicamentos en la Argentina, porque el contrato del PAMI implica un tercio del total del medicamento».
«Existiendo ambas cosas, las irregularidades y los negociados, se genera un estado de angustia en el total de los jubilados y genera alarma», amplió y estimó que «debiera esto ameritar una discusión más amplia».