El detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime sumó hoy un nuevo procesamiento, esta vez en el marco de la causa en la que se le investiga por las preguntas irregularidades en la renegociación del contrato de concesión de la terminal de ómnibus Retiro en 2005.
El procesamiento del ex funcionario kirchnerista fue dispuesto por el juez federal Sebastián Ramos, quien además procesó al empresario Néstor Otero, dueño de la empresa Terminal de Buenos Aires SA, quien se habría beneficiado con las decisiones de Jaime.
El magistrado los procesó por la presunta comisión del delito de «negociaciones incompatibles» y ordenó mandar a trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 50 millones de pesos.
El ex funcionario kirchnerista está acusado de haber intervenido activamente en el proceso por el cual se prorrogó de manera irregular la concesión de la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro (ETOR) a la empresa Terminal de Buenos Aires.
En su fallo de 88 páginas, el juez Ramos resaltó que Jaime ya había sido condenado en el marco de otra investigación por haber recibido dádivas de parte del empresario Otero y sostuvo que es un hecho relevante a la hora de analizar por qué se interesó en prorrogar el contrato de explotación de la terminal de micros de Retiro.
La renegociación que amplió el plazo por 10 años de la concesión computado a partir del día 29 de septiembre de 2005 fue instrumentada a través del Acta-Acuerdo convenida entre la Secretaría de Transporte de la Nación y la empresa Terminal de Buenos Aires SA (TEBA S.A.).
El juez consideró que a la hora de decidir la prórroga no se tuvo en cuenta «la conducta incumplidora que quedó evidenciada de la concesionaria a lo largo de la prestación de los servicios», algo que había señalado la Auditoría General de la Nación en uno de sus informes.
Jaime y Otero fueron condenados ya por el delito de «aceptación de dádivas» a raíz de haberse comprobado que el empresario pagó alquileres de un departamento al entonces funcionario.
El ex funcionario kirchnerista fue detenido el 2 de abril en el marco de otra causa, a cargo del juez federal Julián Ercolini, por la compra de trenes y repuestos inservibles a España y Portugal.
El ex funcionario fue condenado a seis años de prisión por la tragedia del tren de Once, un fallo que está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación.
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