El ministro de Energía y Minería admitió que la reducción de subsidios a los consumos de gas y electricidad provoca “un impacto en el bolsillo de todos los argentinos, pero tiende a que valoricemos la energía con el real costo de producirla”.
Juan José Aranguren expresó estos conceptos al hablar durante un seminario en la Cancillería sobre la aplicación en el país de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU.
El ministro recordó que el objetivo 7 del plan de Naciones Unidas apunta a “garantizar el acceso a la energía asequible, sostenible, segura y moderna para todos” y que “se emparenta con las metas del Gobierno de “garantizar la seguridad energética para el desarrollo sostenible y acompañarla con una mitigación del impacto del cambio climático”.
“El sector energético es productor del 27% de los gases de efecto invernadero en el país, por su participación relevante en la matriz de anhídrido carbónico”, precisó.
Sobre la quita de subsidios para estimular el ahorro, el ministro destacó el paliativo de la tarifa social para el acceso de los sectores más vulnerables a los servicios eléctricos y la provisión de gas.
Aranguren recordó que, en materia de electricidad, el beneficio alcanza a 3,6 millones de hogares, el 27% de los 13,2 millones de usuarios, «pero con los cambios introducidos, de generar mayor participación a partir de reducir la antigüedad requerida de los vehículos y de considerar dos sueldos mínimos, aún para jubilados y pensionados, ese número se tendría que elevar a aproximadamente 4 millones».
En materia de gas natural, prosiguió el ministro, “cuatro provincias aún no tienen redes -van a tenerlas a fines del año próximo, cuando terminemos el GNEA (Gasoducto del Noreste)-, y tampoco acceden muchos barrios en los conurbanos de las grandes ciudades, por lo cual son sólo 8 millones los hogares que reciben este servicio, de los cuales el 25% lo hace con tarifa social”.
Luego, “en el caso del plan de garrafas, que alcanza a 2,6 millones de hogares, su reformulación mejoró la situación anterior, donde la distribución tenía mucho que ver con la política partidaria, porque estaba a cargo de los municipios, mientras a partir de una base de datos de Anses son las amas de casa las que reciben el subsidio y es más razonable que así sea”, aseguró Aranguren.
El ministro anticipó que “seguiremos trabajando en la depuración de bases de datos y reorganizar la tarifa social, porque hoy sólo se tiene como referencia al titular del servicio, del medidor de gas o luz, y tenemos que asegurarnos que (el beneficio) llega a quien la necesita; ése es un trabajo que vamos a encarar durante 2017”.
Aranguren recordó asimismo que en tres meses se adjudicaron 59 proyectos de energías renovables en 17 provincias por 2.423 Mw de potencia, que se construirán en plazos de 12 a 30 meses.
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