La dirigente social Milagro Sala fue procesada por el delito de «homicidio en el grado de tentativa calificado por precio o promesa remuneratoria» en el marco de la causa que se conoce como «de la balacera», ocurrida en el 2007 en el barrio Azopardo de la ciudad de Jujuy, según informaron hoy fuentes judiciales.
“Se firmó el procesamiento de Milagro Sala y de Fabián Ávila, y ya estaba procesado Alberto Cardozo en el marco de la misma causa”, dijo hoy el juez de Instrucción de Causas Ley, Pablo Pullen Llermanos.
El procesamiento contra Sala por “homicidio en el grado de tentativa calificado por precio o promesa remuneratoria», es “un delito severamente penado que consumado tiene una pena de prisión perpetua”, dijo el juez.
“En grado de tentativa tiene una escala penal, si se encuentra culpable esta persona, de entre 15 y 20 años de prisión”, precisó.
La causa investiga un confuso hecho con arma de fuego entre dos bandas, por el que se ordenó inicialmente la detención de Jorge Páes y Fabián Ávila, acusados de «homicidio en grado de tentativa», a raíz de una denuncia realizada por Cardozo -dirigente social aliado a Sala-, quien protagonizó el enfrentamiento junto a los mencionados, y luego también fue detenido.
Páes, quien fue sindicado al comienzo de la causa como presunto sicario de Sala, fue sobreseído en agosto pasado y recuperó su libertad. Por su parte, Ávila fue procesado por «tentativa de homicidio» al igual Cardozo, que ya lo estaba.
En esta causa, Sala estuvo anteriormente acusada de «encubrimiento agravado» por favorecer a un prófugo (Páes), pero en base a las pruebas el juez resolvió imputarla por tentativa de homicidio.
“Ahora esperamos que la causa siga su derrotero recursivo porque los abogados de Sala nos tienen acostumbrado a recurrir todo; parece que no quieren llegar a juicio pero, como se sabe, todo se resuelve en el debate”, señaló el magistrado a la prensa.
Pullen Llermanos dijo que en ese juzgado residual de causas Sala tiene ahora dos prisiones preventivas, al recordar la causa del dirigente fallecido Lucas Arias, en la que está imputada por «lesiones graves agravado por el número de personas intervinientes, o sea dos o más personas».
Por otro lado, el juez aseguró que «no me siento presionado por nadie», en relación a las causas que viene investigado en las que están involucrados integrantes de la Tupac Amaru, y afirmó que «nosotros actuamos con total independencia».
«El otro día dicté falta de mérito en relación a Milagro y eventualmente dictaré el sobreseimiento si entiendo que no hay pruebas para llevarla a juicio por ese delito, pero en otras causas abundan las pruebas y la tengo que llevar a juicio», indicó el juez.
La falta de mérito es por la supuesta privación ilegítima de la libertad agravada de un bebé en el 2011, caso en el que era investigada como «partícipe determinante».
Los hechos que originaron la causa «de la balacera» sucedieron el 27 de octubre de 2007, en el Barrio San Francisco de Alava, (ex Azopardo), donde se produjo un confuso hecho con armas de fuego entre dos bandas.
Como consecuencia del enfrentamiento una niña de once años que estaba en el lugar resultó gravemente herida de un balazo en la zona abdominal, y se abrió una causa por «homicidio en grado de tentativa», en la que se imputó a Páes y Avila, que fueron vinculados con la organización que lidera Milagro Sala.
En un primer momento Ávila fue detenido en la vía pública, mientras que Páes permaneció prófugo hasta mediados de febrero de este año, siendo capturado en Salta y luego extraditado a la provincia para terminar alojado en el Servicio Penitenciario provincial.
La líder de la Tupac Amaru está detenida en el penal de Mujeres del barrio Alto Comedero desde el 20 de enero pasado, aunque su detención se había producido cuatro días antes, en los que permaneció en una celda policial.
Si bien inicialmente había sido imputada por «instigación a cometer ilícitos y tumultos», a fines de abril pasado la justicia jujeña dispuso su prisión preventiva en la causa por «fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión» por el supuesto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales en esta provincia.
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