Piden suspender la construcción de la represa Baixo Iguaçu

En una audienca pública realizada el viernes, en Capanema, al sudoeste del estado de Paraná, más de 30 órganos públicos estatales, diputados de la Asamblea Legislativa y del Congreso Federal decidieron pedir al Instituto Ambiental de Paraná (IAP) que suspenda las obras de la Usina do Baixo Iguaçu. El argumento para el pedido es la falta de cumplimiento de las condiciones para realizar la obra, en lo que hace al respeto y garantía de las personas afectadas por el megaproyecto, por parte del Consorcio Neoenergia.

“Entendemos que la obra debería ser suspendida por el IAP, y que comprendan que administrativamente no hay condiciones para ser mantenida la obra”, apuntó la defensora pública del município de Cascavel, Luciana Tramujas Azevedo Bueno.

La obra está  en marcha sobre el río Iguazú, a poca distancia de Capanema, el municipio brasileño frente a Comandante Andresito,  en Misiones. Hay muchas dudas sobre el impacto ambiental en el Parque Nacional Iguazú del lado brasileño y también cómo podría afectar a las mismísimas Cataratas del Iguazú, aguas abajo del río homónimo.

Hamilton Serighelli, asesor especial del gobierno estatual, subió el tono al afirmar que el consorcio se niega a negociar, después de 32 reuniones y de firmar 16 actas, desde 2013. “No estamos aquí para jugar, no puede ser así. Esto no es cosa de gente seria, todos perdemos tiempo. Parecen ser los dueños de la pelota que no quieren jugar más. Que falta de responsabilidad es esa?», disparó, refiriéndose a la postura de Neoenergia.

La comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y de la Cámara Federal de Diputados, organizadoras de la audiencia, enviaron un informe sobre la situación presentada por los afectados, y solicitaron una reunión para la próxima semana. Representantes de gobierno estatal, órganos públicos que acompañan el caso y alcaldes de las ciudades afectadas deben participar de la reunión.

Cerca de 500 pequeños agricultores y habitantes de las áreas afectadas por la obra llenaron el salón comunitario de la iglesia São João Batista, en la comunidad rural de Marechal Lott, donde fue realizada la audiencia. Las familias acampan hace 31 días frente a la zona de obras para presionar por el avance de las negociaciones. Las reivindicaciones reclamadas son el pago justo de indemnizaciones y el reasentamiento colectivo.

«La ley es clara, tienen que garantizar igual o mejor condición de vida, ya que la empresa no puede indemnizar el acto y la relación con la tierra «, resalta el padre João, diputado federal por Minas Gerais, que coordina la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Federal.

“Nosotros solo tenemos este capital. Si lo perdemos, perdemos nuestro medio de producción y no habrá más alternativa que depender de la limosna del poder público y eso no queremos”, indica. “Hay personas que viven hace más de 50 años en tierras que serán inundadas. No somos pobres, pero vivimos y tenemos dignidad para luchar hasta el fin. Si fuese preciso morir luchando por lo nuestro, así va a ser”, defiende.

 

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas