La Cámara de Diputados debatirá mañana, en una sesión especial, el proyecto que reduce los aranceles que cobran los bancos a los comercios por operaciones con tarjetas de crédito y débito, con el objetivo de bajar el alto costo que pagan más de 300.000 pequeñas empresas cuando utilizan este sistema de pago electrónico.
El dictamen de mayoría de las comisiones de Finanzas y Legislación General, que se discutirá en el pleno de la Cámara de Diputados, establece un tope del 2 por ciento que cobran los bancos a los comercios por operaciones con tarjetas de créditos y de 1% en las tarjetas de débito.
El tratamiento de esta iniciativa forma parte de un paquete de dictámenes que se debatirán mañana desde el mediodía, en una de las últimas reuniones plenarias del cuerpo del período ordinario, donde también figura la creación de la oficina de presupuesto.
De todas maneras ninguno de estos despachos se convertirá en ley, ya que en el caso de la reforma de tarjetas se avanzó con un proyecto propio sin tomar en cuenta la sanción del Senado, y en caso de la oficina de presupuesto se introdujeron cambios al proyecto votado por la cámara alta.
La sanción de reforma de la ley de tarjetas de créditos fue impulsada por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con el fin de aliviar los costos que pagan las pequeñas empresas que no tiene la capacidad de presión como los grandes hipermercados que consiguen tasas más bajas.
En ese sentido, el dictamen que se votará mañana establece que los bancos no podrán fijar comisiones o aranceles diferenciados entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales o similares productos o servicios, como sucede en la actualidad entre las grandes y pequeñas firmas.
La acreditación de los importes correspondientes a las ventas en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de tres días hábiles para las operaciones con tarjeta de débito.
Además, se autoriza a los comercios a poder sumar al pago contado los valores correspondientes a los aranceles, lo cual en la práctica significa que las personas que no utilicen el sistema electrónico podrán tener algunos descuentos cuando abonen sus compras.
El proyecto establece que el contrato entre los bancos y comercios deberán tener plazo de vigencia, topes máximos por operación, determinación de las comisiones y gastos administrativos, así como plazos y requisitos para la presentación de las liquidaciones.
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