El Gobierno destinará 1.200 millones de pesos por año a la aplicación de un plan destinado a la reconversión de sectores industriales en riesgo por la apertura de importaciones, que incluirá subsidios para las indemnizaciones por los eventuales despidos en esas actividades o para abaratar los sueldos de las nuevas contrataciones, como había anticipado este diario. El Plan de Transformación Productiva, presentado ayer por los ministerios de Producción y Trabajo, fue recibido con escepticismo por los industriales que temen por la baja de aranceles, en tanto que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) directamente lo rechazó de plano.
El programa fue presentado ayer como parte de la Mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo y al calor de la anunciada eliminación de los aranceles para la importación de productos informáticos a partir de marzo próximo. En el sector habían advertido que una medida de esas características pondría en riesgo unos 15 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos sólo en la actividad. La iniciativa, no obstante, podrá aplicarse a cualquier industria amenazada por la competencia externa, de acuerdo con sus postulados.
El monto previsto para la instrumentación del plan es similar al presupuesto anual del Programa de Recuperación Productiva (Repro) que inauguró el Gobierno anterior como desembolso no reintegrable para apuntalar los salarios de los trabajadores de empresas en crisis que hubiesen probado esa condición. En Trabajo diferenciaron ambos programas: mientras el Repro fue considerado una suerte de parche para atender un bajón circunstancial en una actividad, el plan presentado ayer fue definido como «un trasplante» para darle viabilidad a una industria que de otro modo, al competir con las importaciones, no tendría. La iniciativa fue presentada ayer por funcionarios de Producción, capitaneados por Francisco Cabrera; y Trabajo, el área que lidera Jorge Triaca. Según sus postulados, uno de los pilares será brindar «financiamiento y asistencia técnica para ayudar a empresas argentinas a mejorar su competitividad» y, de ser necesario, modificar su orientación industrial hacia otros segmentos no atendidos en un escenario de eventual apertura de importaciones. «A este tipo de empresas el Estado las acompañará con financiamiento para sus proyectos de expansión e inversión, atado al mantenimiento de la planta laboral», se añade en el plan que fue publicado por el diario Ámbito Financiero.
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