Los choferes de colectivos del servicio urbano de pasajeros de Posadas volvieron ayer a adoptar una medida de fuerza sin mediar anuncio. Los colectivos dejaron de circular minutos antes de las 16 y dejaron plantados a los usuarios hasta las 17:40. En la Estación de Transferencia se vivieron momentos de tensión cuando usuarios intentaron impedir que salieran las unidades sin pasajeros a las sedes de las empresas. Debió intervenir la Policía para evitar que se produjeran daños o lesiones. La semana pasada las empresas pidieron un actualización tarifaria.
Días después de un nuevo pedido de aumento tarifario solicitado por las empresas y en el medio de una puja entre el municipio y las prestatarias por el monto de los subsidios a liquidar, los choferes del transporte urbano de Posadas realizaron un nuevo paro sorpresivo en reclamo de supuestos atrasos en el pago de los salarios. La medida de fuerza inició antes de las 16 y se extendió hasta las 17:40, en coincidencia con el horario pico de la tarde, cuando los trabajadores iniciaban su horario vespertino y los alumnos salían de las escuelas.
La protesta provocó el disgusto de los usuarios e incluso escenas de tensión, especialmente al inicio del paro, porque los colectivos pasaban frente a las paradas haciendo caso omiso a las señas de quienes intentaban abordarlos. En la Estación de Transferencia de Villa Lanús incluso debieron intervenir fuerzas del orden para evitar enfrentamientos entre los choferes y sus pasajeros, allí un grupo de personas intentó impedir que salieran unidades sin pasajeros cuyos choferes se dirigían a una asamblea.
Como cada vez que llevan adelante una medida de fuerza, los principales dirigentes locales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no atendieron el teléfono pese a los insistentes llamados de este y otros medios de comunicación. Los que sí hablaron fueron dirigentes de segunda línea, quienes intentaron explicar que en realidad no se trató de un paro, sino que se realizó una asamblea en la que se evaluaron supuestos incumplimientos salariales de las prestatarias.
Paro o asamblea, lo cierto es que el servicio fue interrumpido durante unas dos horas, sin aviso previo y en un horario en el que habitualmente hay un intenso flujo de pasajeros.
Se trata de la segunda medida de protesta de los choferes en el último mes. Ya habían dejado a pie a sus usuarios a inicios de octubre, en aquella oportunidad fue durante el horario pico de la mañana y tampoco hubo aviso formal.
Como viene ocurriendo en los últimos años, el supuesto conflicto gremial que enfrenta a los trabajadores del volante con sus empleadores coincide con un pedido de aumento de boleto, pero a diferencia de años anteriores esta vez el clima está más enrarecido por un enfrentamiento público que sostienen las prestatarias y el municipio capitalino.
El pedido de aumento de tarifas se formalizó la semana pasada, mediante una nota presentada al Ejecutivo municipal por Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA), la cámara que nuclea a las prestatarias del Sistema Integrado de Transporte de Posadas, Garupá y Candelaria y del servicio urbano de la capital provincial. Las firmas plantearon que “la tarifa técnica” es decir el costo del boleto sin subsidios, es actualmente de 23 pesos, lo que indicaría que el valor del pasaje único pagado con SUBE debería ser de alrededor de 13 pesos.
Pero los empresarios ya venían presionando por un incremento de tarifas desde junio, a inicios de ese mes convocaron a una conferencia de prensa en la que consideraron que el precio del boleto adquirido con el medio electrónico de pago debería ser de 10 pesos.
Además de la cuestión tarifaria, desde inicios de este año se viene desarrollando otro conflicto entre las prestatarias y la gestión encabezada por Joaquín Losada, suscitado por una diferencia entre lo que los empresarios consideran que deberían cobrar por transportar gratuitamente a las personas mayores de 70 años y lo que el municipio entiende que debe pagar por ese servicio.
La comuna paga los boletos de los mayores en base a una estimación que según los empresarios no se ajusta a la realidad, la brecha entre lo que reconoce la comuna y lo que reclaman las prestatarias era de unos dos millones de pesos en julio pasado y desde entonces solo fue creciendo.
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