La erección de la primera barrera fronteriza entre Estados Unidos y México -con colchonetas de aterrizaje usadas por el Ejército en las guerras de Vietnam y del Golfo- fue precisamente aquí en Nogales, en 1994, por orden del entonces presidente Bill Clinton y como parte de su estrategia de «Prevención Por Disuasión».
El objetivo era entonces combatir el tráfico de drogas reforzando la seguridad y vigilancia de la frontera en los cruces limítrofes de las ciudades del Sur y, de paso, obligar a los inmigrantes ilegales a desviarse hacia áreas remotas como el desierto de Sonora, donde la frontera está marcada sólo con un alambrado.
La lógica era que el desierto actuaría como barrera natural, disuadiendo a la gente de emprender un peligroso viaje a pie de varios días por un terreno lleno de cactus sahuaros y dientes de león pero sin una gota de agua con la que saciar la sed y paliar temperaturas abrasadoras que pueden superar los 50 grados.
Sin embargo, entre 1995 y 2000, las cifras de ingresos de indocumentados rompieron todos los récords.
Muchos atribuyen ese abrupto aumento a la implementación, a partir del 1 de enero de 1994, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), firmado por Estados Unidos, México y Canadá y que se suponía estaba destinado a eliminar las barreras al comercio y la inversión en toda América del Norte.
Como consecuencia, los pequeños agricultores mexicanos no pudieron competir con gigantes como Cargill; los dueños de pequeños comercios se vieron arruinados por cadenas estadounidenses como Walmart, y la explotación minera por compañías extranjeras contaminó el suelo y los escasos manantiales.
Millones de mexicanos se vieron obligados a migrar en masa, sin importar los riesgos, para huir de una situación que ya era, de alguna manera, de vida o muerte.
Más de 6.330 personas murieron en su intento de cruzar el desierto de México a Estados Unidos entre 1988 y 2014, según cifras de la Patrulla Fronteriza estadounidense.
Otras 2.500 desaparecieron durante la travesía y sus restos nunca fueron encontrados, dijo a Télam Kathryn Rodriguez, del Colibrí Center for Human Rights, una organización de Tucson que trabaja para reducir las muertes y el sufrimiento en la frontera con México y que promueve una amplia reforma migratoria.
Para Rodriguez, levantar el muro que fantasea Trump no detendrá en absoluto la inmigración ilegal, sólo la hará más peligrosa.
«Este debate del muro es una distracción del asunto más amplio de la inmigración, sus causas y beneficios», opinó la activista, en conversación telefónica.
«La tragedia es que enfocarse sólo en el muro y la seguridad nacional impide un debate más necesario e integral sobre soluciones reales para las muertes en el desierto, para los derechos de los trabajadores, para una reforma de (el sistema de) visa», agregó.
Gran parte de la barrera o valla que existe actualmente -y que reemplazó las colchonetas originales- fue construida tras la aprobación de la Ley Valla Segura (Secure Fence Act), de 2006, una iniciativa republicana aprobada por varios senadores demócratas, entre ellos…Hillary Clinton.
La suerte no siempre acompaña a los migrantes que logran sobrevivir a la travesía del desierto, a los traficantes de personas -que muchas veces los despojan y los abandonan- y a milicias civiles de blancos que se dedican a «cazar» inmigrantes, vestidos con ropa de camuflaje y armados con fusiles automáticos.
Muchos de esos migrantes terminan siendo víctimas de la Streamline Operation (Operación Contorno), una iniciativa de «tolerancia cero» con el ingreso de indocumentados a través de la frontera que de hecho es un sistema de encarcelamiento masivo y juicios sumarísimos con condenas de cárcel de hasta 180 días.
Unas 750.000 sentencias de este tipo han sido dictadas desde 2005, cuando comenzó a aplicarse el programa, según cifras del Departamento de Seguridad Interior que, junto al Departamento de Justicia, supervisa la iniciativa.
Cumplidas las condenas, cada vez peores en caso de reincidencia, los indocumentados son deportados, muchas veces tras la confiscación total o directamente el robo, por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, de su dinero y otros efectos personales, incluyendo documentos de identidad u objetos de valor sentimental.
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