Miles de estudiantes brasileños desobedecieron el ultimátum del gobierno y mantenían este martes las ocupaciones de más de mil colegios secundarios, según datos oficiales y repercusiones en los principales medios de prensa, en un movimiento de protesta que se extendió a la Universidad de Brasilia.
El gobierno del presidente brasileño Michel Temer había dado plazo hasta la medianoche del lunes para que los estudiantes desalojaran los establecimientos donde este fin de semana debe realizarse un importante examen nacional, so pena de multimillonarias multas por los costes de reagendar las pruebas.
Aunque en los últimos días algunos centros fueron desocupados, en otros los estudiantes seguían plantados en el piso de los colegios, sobre todo en el nido del movimiento en Paraná (sur).
Los jóvenes, la mayoría de 13 a 18 años, denuncian un proyecto de reforma de la educación secundaria que creen empobrecedor del pensamiento crítico y se oponen al proyecto del gobierno de congelar durante 20 años el gasto público, una medida que temen que afecte al sector educativo.
En el Distrito Federal hay ocupaciones de estudiantes en la capital, Brasilia, y en ciudades satélite como Samambaia, Planaltina, Recanto das Emas, Taguatinga, São Sebastião, Riacho Fundo y Estrutural, según recoge la prensa local. En su mayoría se trata de institutos de educación secundaria, pero la madrugada de este jueves los estudiantes de la Universidad de Brasilia (UnB) ocuparon el edificio del rectorado.
En un claro retroceso democrático e inmerso en una gran polémica en Brasil, trascendió la decisión del juez Alex Costa de Oliveira, del Tribunal de Justicia del Distrito Federal (Brasilia), que autorizó a la Policía Militar a usar técnicas de tortura para forzar el desalojo. Entre la medidas, hicieron uso de «instrumentos sonoros continuos, direccionados al local de la ocupación, para impedir el periodo de sueño» de los adolescentes.
El juez también determinó que se realicen cortes de agua, luz y gas en las escuelas y exigió la restricción de acceso a familiares y amigos, incluyendo los que lleven alimentos a los estudiantes.
Los estudiantes tomaron las escuelas en casi todo el país contra la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 241 que congela los gastos públicos durante los próximos 20 años, lo que consideran que afectará seriamente a la educación pública.
También critican la reforma del sistema de enseñanza media que propone el Ejecutivo de Temer y que acaba con la obligatoriedad de estudiar asignaturas como artes, humanidades o educación física. El movimiento de las ocupaciones ha provocado que más de 190.000 alumnos que debían realizar las pruebas de acceso a la universidad en estos institutos tengan que realizar el examen en diciembre y no en noviembre como estaba previsto.
El juez subraya que las medidas deben mantenerse «independientemente de la presencia de menores en el local» y que la policía debe identificar a todos los ocupantes y verificar si se está llevando a cabo corrupción de menores.
Diputados de PT brasileño reclaman por las torturas
Diputados federales del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil anunciaron ayer que reclamarán ante el Consejo Nacional de Justicia la orden de un juez que autorizó emplear técnicas de tortura contra estudiantes que ocuparon una escuela secundaria.
La queja contra el letrado Alex Costa de Oliveira, será elevada por los legisladores Erika Kokay y Paulo Pimienta, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara.
El juez pidió además identificar a todos los ocupantes y que la PM observe una eventual práctica de corrupción de menores en el local.
Las ocupaciones de establecimientos de enseñanza ocurridas en todo el país en las últimas semanas tienen carácter reivindicatorio y constituyen una expresión de la democracia y de los derechos humanos, señalaron los diputados petistas
Luchar contra la medida provisional del presidente Michel Temer que reformuló de forma autocrática la enseñanza media y contra la Propuesta de Enmienda Constitucional que congela por 20 años los gastos públicos, es el modo de defender sus derechos humanos, económicos y sociales, subrayaron.
Para los legisladores federales, la orden librada por el juez no solo estimula la tortura contra adolescentes, sino también constituye una tentativa ilegítima de criminalizar el movimiento social y las reivindicaciones de carácter político.
En opinión del abogado Renán Quinalha, que auxilió los trabajos de la Comisión de la Verdad del Estado de Sao Paulo, la decisión del magistrado capitalino es absurda y legitima el empleo de técnicas de tortura contra estudiantes en las escuelas ocupadas, que llegaron a ser más de mil en todo el país a finales de octubre.
Esta madrugada un grupo invadió ilegalmente el referido centro estudiantil y lanzó bombas caseras y cocteles molotov para expulsar a los alumnos que ocupaban el local, dijo el servicio de noticias de la Central Unica de los Trabajadores (CUT), según el cual horas después oficiales de justicia y la PM cumplieron la orden de desocupación.
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