La Oficina Anticorrupción (OA) presentó esta mañana ante la Sala II de la Cámara Federal un escrito pidiendo que se confirme el procesamiento de José López por enriquecimiento ilícito. En septiembre, el juez Rafecas había ampliado el procesamiento de López dado que consideró probado que la casa que habitaba en Tigre el ex Secretario de Obras Públicas de la Nación era de su propiedad y que simuló alquilarla para ocultar su patrimonio. El juez procesó también en esa oportunidad a María Amalia Díaz –esposa de López- y a Andrés Galera y Eduardo Ramón Gutierrez, quienes figuraban como dueños del inmueble en cuestión.
La OA respaldó lo resuelto por el juez y sostuvo que los abogados de los imputados no pudieron cuestionar la veracidad y contundencia de las pruebas.
Para la OA fue fundamental el testimonio de Federico Curcio (arquitecto a cargo del inmueble) dado que con él se pudo terminar de demostrar que quienes decidieron acerca de la construcción de la vivienda que había “comprado” Andrés Galera y que culminó Eduardo Gutiérrez, fueron José Francisco López y María Amalia Díaz.
“En la práctica diaria y normal ningún inquilino de una propiedad toma decisiones acerca de cómo va a ser la casa que alquila y que se está construyendo, ningún inquilino tira abajo paredes para construir un gimnasio en una casa que no es suya, ningún inquilino se reúne con un arquitecto para dar los detalles finales de una obra de una casa y ningún inquilino alquila una casa que se hace construir de manera similar a otras casas que ya tiene. Entonces las expresiones de las defensas acerca de que todos esos elementos probatorios, nada demuestran, no son más que afirmaciones alejadas de la realidad y sólo basta un mínimo de sentido común para poder advertirlo”, sostiene la OA en el escrito.
Para los investigadores de la Oficina Anticorrupción, todas las pruebas “demuestran a las claras que Eduardo Ramón Gutiérrez y Andrés Galera actuaron como personas interpuestas en la operación de compra de la propiedad”.
La OA afirma que el aumento patrimonial que registró José López con la compra y refacción del inmueble excede las posibilidades económicas del entonces Secretario de Obras Públicas de la Nación -acorde a sus ingresos legítimos- y carecen de total justificación.
Cabe recordar que la OA tiene una activa participación en la causa. Se presentó como querellante el 28 de junio y solicitó peritajes sobre los teléfonos celulares del imputado, entre otras medidas.
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