El viernes por la tarde, la comisión investigadora del Concejo Deliberante de Eldorado, que comenzó con su trabajo a principios de septiembre, entregó el informe final con cerca de 20 carillas de conclusiones que realizaron los concejales acerca de supuestas irregularidades en el manejo de recursos para la construcción de viviendas. Con una recomendación en voto dividido, de destituir al intendente Norberto Aguirre, quien ganó su cuarta reelección en octubre pasado. Sin embargo, la recomendación de dos ediles del radicalismo y uno de la Renovación, no sería suficiente para destronar al alcalde, ya que por Carta Orgánica se necesitan los dos tercios de los votos, es decir cinco sobre siete y cuatro concejales se inclinarían por la ratificación, incluida la radical Lilian Chamorro.
El informe realizado por la comisión investigadora cuenta con el informe técnico solicitado al ingeniero Alejandro Valenzuela, para conocer el estado de construcción de las viviendas, calidad del material utilizado en las obras y el monto real invertido. También se adjuntan el informe del abogado Matías Sotelo, asesor legal del Concejo Deliberante, y el del asesor contable.
Aunque los ediles que forman parte de la Comisión adelantaron que recién el lunes brindarían una conferencia de prensa explicando el informe, trascendió que plantearían (por votación de 3 a 2) la destitución del intendente, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 14 de la Carta Orgánica: “Ineptitud, negligencia y/o irregularidad en el desempeño de las funciones del funcionario afectado”.
A partir del lunes, Aguirre cuenta con cinco días para realizar su descargo. Y de acuerdo a lo establecido por la Carta Orgánica, para la real destitución de un intendente se requiere los dos tercios de votos del total de los siete concejales que actualmente se desempeñan en el Concejo Deliberante de Eldorado, es decir que 5 deberían votar a favor de destituirlo para que se concrete el pedido de destitución. Teniendo en cuenta esto y el apoyo incondicional de tres ediles al jefe comunal, Norberto Aguirre no sería destituido.
Desde que comenzó a trabajar la Comisión Investigadora, dos funcionarios fueron desplazados de sus cargos: en primer lugar Wilfrido Landaida, ex coordinador del programa Viviendas Progresivas y en segundo lugar el secretario de Obras Públicas, a quien el mismo intendente le pidió su renuncia días atrás.
El Plan Viviendas Progresivas constaba de 17 viviendas a construir (desde el 2008). Varios beneficiarios denunciaron irregularidades en su construcción, ya que brindaron dinero en efectivo y/o materiales al ex coordinador del programa, lo que se sumaba a lo que depositó el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional: 2.400.000 pesos, de los 2.800.000 comprometidos, y de los cuales se ejecutaron 2.250.000 pesos.
Cuando todo salió a la luz, se conoció a partir de un relevamiento, tomando en cuenta las 17 casas, que solo había un avance aproximado del 50 por ciento en las obras inconclusas.
La Comisión Investigadora se aprobó el jueves 2 de septiembre con el objetivo de esclarecer las responsabilidades, en las irregularidades detectadas en la instrumentación del programa Viviendas Progresivas. Pero desde un primer momento se planteó como objetivo la destitución del intendente, desnudando intenciones políticas más que transparencia.
El proyecto contemplaba que la comisión debía estar conformada por cinco miembros del Concejo, respetando la proporcionalidad de las fuerzas políticas el mismo. De ésta manera quedaron tres concejales de la Renovación (Fernando Gallastegui, Yolanda Caballero, Daniel Dos Santos) y dos de la UCR (Héctor Falsone y Juan Abelardo Giavotto).
En la comisión los concejales citaron lo establecido en la Carta Orgánica municipal en cuanto a los deberes y responsabilidades de los funcionarios públicos, e hicieron hincapié en lo realizado por el Concejo, donde a través de reuniones se pidieron explicaciones a los secretarios del gabinete de Aguirre, al responsable social del Plan Viviendas Progresivas, Wilfrido Landaida, y la interpelación al secretario de Acción Social Ricardo Arzamendia, entre otros.
Por otra parte, el jueves por la noche, en el Concejo Deliberante, los ediles aprobaron por unanimidad, el Proyecto de Ordenanza elevado por la municipalidad de Eldorado, de aceptación de fondos ATN e incorporación al cálculo de recursos y presupuesto de gastos del Ejercicio año 2016 por la suma de un millón de pesos. Dinero que será utilizado en las 17 construcciones pendientes del Programa Viviendas Progresivas.
Hay dos casas que ya están en ejecución desde hace un par de semanas.
La nueva coordinadora del programa, Norma Pretzel, adelantó que harán todo lo posible para concluir con la mayor cantidad de casas posibles, antes de fin de año.
Estudiantes proponen limitar a sólo una reelección del intendente en Eldorado
La Provincia asistirá a empresa y trabajadores de aserradero
