Ex policías recibieron duras condenas por delitos de Lesa Humanidad cometidos en Misiones

Las sentencias estuvieron a pedir de las querellas y la Fiscalía. Los cuatro acusados por delitos de Lesa Humanidad cometidos en dependencias de la Policía de Misiones durante la última dictadura cívico militar, recibieron severas condenas: el médico Guillermo Roque Mendoza, que en primera instancia había sido absuelto, fue sentenciado a diez años de prisión e inhabilitación perpetura como partícipe de crímenes de lesa humanidad, contra tres personas con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos.

 

Felipe Nicolás Giménez recibió cuatro años más y ahora deberá pasar 25 años tras las rejas por ser coautor de cuatro violaciones, además de tormentos contra 37 personas, agravado por ser perseguidos políticos.

Julio Argentino Amarilla, que originalmente recibió siete años, sumó otros tres, como partícipe secundario de crímenes de lesa humanidad contra 37 personas, agravado por las condición de perseguidos políticos de las víctimas. Amarilla, de 70 años, trabajó casi una década en la Policía y después fue agente civil del Ejército donde cumplió 30 años de servicio, ya en plena democracia.

 

El ex policía Carlos Alberto Pombo, condenado inicialmente a siete años, recibió otros ocho por ser considerado responsable de crímenes de lesa humanidad contra diez personas, con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, en un total de tres hechos. Había venido a Misiones en 1970 convocado por sus condiciones de «futbolista».

 

Mendoza y Amarilla seguirán en libertad hasta que la Cámara de Casación Penal confirme la sentencia y ordene su arresto. Pombo y Giménez, en cambio, deberán volver al penal de Candelaria hasta que se decida su prisión en cárcel común como pidieron las querellas y la Fiscalía.

La sentencia se leyó puntual. A las 9 en la sala del Tribunal Criminal Federal de Posadas, la jueza Lucrecia Rojas de Badaró, acompañada por los magistrados Mario Hachiro Doi y Fermín Amado Ceroleni, comenzó a leer la decisión del Tribunal.
El primero en revolverse en su silla fue Giménez, quien ya tenía la condena más dura de todas, con 21 años. Pero con la suma de las cuatro violaciones a mujeres detenidas, llegó a los 25 años de prisión. Su mirada se perdió por unos instantes en el suelo. Pero después, desafiante, recuperó el tono castrense y pidió a gritos que uno de los fotógrafos que cubría el momento “se identifique”.

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“Me está acosando”, se quejó ante los insistentes disparos del reportero gráfico. Por un instante, el ex jefe de la Dirección de Informaciones de la fuerza de seguridad, pasó de apuntador a apuntado, aunque los disparos de la cámara no pueden compararse con los de un arma. Las quejas del «experto en investigación criminal» desataron la furia de las víctimas y sus familiares que estaban en la sala. No fue el único incidente.

El médico Guillermo Mendoza jugueteaba con una servilleta y bebía pequeños sorbos de agua. Su condena era la más esperada, ya que era el único que en primera instancia había sido absuelto. Su hijo y su esposa esperaban nerviosos en medio de la sala, rodeados por militantes de derechos humanos y algunas víctimas, que celebraban lo que ellos sufrían.
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Los jueces lo encontraron culpable de tormentos y torturas agravadas por su profesión y le dieron una década tras las rejas. De todos modos, podrá seguir caminando por su barrio hasta que Casación confirme la sentencia. Su hijo adelantó que recurrirán a la Corte Suprema y a organismos internacionales a denunciar la violación de los derechos humanos de su padre. Responsabilizó de su condena al poder político de la Provincia que “busca venganza”.

A la salida el médico y su hijo se cruzaron con militantes de derechos humanos que cantaban consignas fuera de la sala. Desafiante, el joven se despidió con los dedos en V.
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Amarilla y Pombo estaban impasibles uno al lado del otro. Pero durante la lectura de las condenas sus miradas se perdieron en la nada.

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Amarilla seguirá libre en el barrio detrás del Atlético Posadas, pero su semblante cambió con los años sumados. Originalmente había recibido siete años, sumó otros tres, como partícipe secundario de crímenes de lesa humanidad contra 37 personas, agravado por las condición de perseguidos políticos de las víctimas.

Pombo, condenado inicialmente a siete años, recibió otros ocho por ser considerado responsable de crímenes de lesa humanidad contra diez personas, con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, en un total de tres hechos. Fue uno de los que salió esposado ya que deberá volver al Penal de Candelaria.
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La lectura de la sentencia culminó con algunos cruces. La defensa de Mendoza acusó a los medios de comunicación de “no dar a conocer la verdad” de parte de los acusados y pidió al Tribunal que “garantice la libertad de prensa”. Como es obvio, la jueza le respondió que los medios publican lo que quieran y que, en última instancia, la Justicia no puede decidir sobre lo que se emite o no. El abogado siguió protestando afuera, aprovechando el momento en el que los militantes de derechos humanos cantaban, para reiterar que no le dan prensa.

 

Las víctimas y sus familiares celebraron las penas y destacaron que la Justicia llega después de más de tres décadas. Aunque cuestionaron que dos de los condenados sigan en libertad, reconocieron que los tiempos recibidos estaban acorde a lo que reclamaban. Lo mismo opinó Juan Martínez, representante de la querella en representación del Estado misionero.

Culminado este juicio, queda por definir la fecha de otro tramo, también contra policías de Misiones. Se trata de la causa que tiene a tres acusados. Bruno Ramón Rejálaga, quien fuera subcomisario/comisario en el Departamento de Informaciones de la Policía está procesado sin prisión preventiva por tres hechos en calidad de coautor. Miguel Armando Insaurralde, quien ha cumplido funciones en la Policía en el período comprendido entre diciembre de 1974 a 1981, fue procesado sin prisión preventiva también por tres hechos en calidad de coautor. Mientras que el general ® Eugenio Guañabes Perelló, se desempeñó al mando de la VII ma Brigada de Infantería con asiento en Corrientes, a cargo de la subzona 23 a la que respondía funcionalmente el área 232 (Misiones), imputándole en un primer momento dos hechos en calidad de autor mediato .

Para el inicio del juicio solo falta que los jueces que vendrán de Paraná, Entre Ríos, pongan la fecha. En cambio, el juicio por los hechos cometidos en el Regimiento del Ejército en Apóstoles, está por ahora, paralizado.

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