Notas discordantes

Notas discordantes

El gobierno de Mauricio Macri celebra por estas horas haber alcanzado uno de los objetivos de campaña. Contener la inflación era una obsesión del Presidente y sus economistas. Agosto se acercó al cero.

El camino para arribar a ese resultado, es, sin embargo, mucho más espinoso. La actividad económica está paralizada y los precios no suben por una brutal caída del consumo. Influyó también el fallo de la Corte Suprema que frenó momentáneamente la suba de tarifas del gas, que subirán en el corto plazo, más de un 200 por ciento, un alivio en comparación con el tarifazo de más de mil por ciento en promedio que disparó el ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, quien ocupa el sillón de ministro de Energía.

La economía paralizada contuvo la suba de precios, pero la disparada de los primeros meses es irreversible y muchos artículos de consumo o la alimentación básica, quedaron fuera del alcance de las capas más bajas de la sociedad. Hay al menos 1,5 millones de nuevos pobres y el propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca, admitió oficialmente que se perdieron más de 120 mil puestos de trabajo. Para los que quedaron desocupados o están hundidos en la pobreza, nada hay para festejar.

Los economistas PRO aseguran que septiembre puede marcar el despegue, con la entrada de dólares vía blanqueo –ya no lluvia de dólares- y la puesta en marcha de la maquinaria de la obra pública, paralizada desde fines del año pasado. Lo del blanqueo no solo viene lento y en un mes apenas se recaudaron 42 millones de pesos en impuestos, una cifra alejadísima de los cuatro mil millones de dólares que es la apuesta del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. Tampoco queda claro el impacto que el blanqueo tendrá en la economía, ya que no necesariamente se traducirá en inversiones. Por ejemplo, Alto Paraná-Arauco se adherirá al blanqueo, pero para saldar un multimillonario reclamo de la AFIP por la presunta mala liquidación del impuesto a las Ganancias. El reclamo de la AFIP supera los 600 millones de pesos entre capital, intereses, multas, y gastos por el largo juicio que se inició en 2008 y cuyo fallo definitivo estaba cerca de emitir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al acogerse a la moratoria impositiva incluida en la ley de blanqueo -que comprende a deudas con reclamos y fallos adversos en la Justicia-, el grupo chileno “zafa” de pagar, una buena parte de estos intereses, multas y otros gastos.

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Hay algunos tímidos avances en la activación de obras y promesas para el año que viene.

Pero lejos está de ponerse a pleno. En Misiones se perdieron más de ocho mil puestos de trabajo en la construcción pública y privada, a los que hay que sumarle la actividad comercial y de sectores industriales que están acosados por la apertura de las importaciones y el atraso del tipo de cambio.

El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, tanque oficial para la construcción de viviendas y generación de puestos de trabajo, apenas opera al 45 por ciento del ritmo registrado el año pasado.

El efecto de las políticas de ajuste y cambiarias es directo en Misiones. Según datos oficiales, por las asimetrías que se acentuaron después de los tarifazos, la inflación y la política cambiaria, se fuga por las fronteras con Paraguay y Brasil casi la mitad de la masa salarial que paga el Estado. Son unos 600 millones de pesos que se gastan en Encarnación, Foz de Iguazú y decenas de ciudades fronterizas a orillas de los ríos Paraná o Uruguay. Es dinero que se deja de gastar en los comercios locales y va carcomiendo la fortaleza del propio Estado con una merma de la recaudación que también se traslada a la Nación: son 120 millones de pesos menos en Ganancias, impuesto que a su vez se coparticipa a la provincia. Un círculo vicioso que es peor que crisis pasadas.

Desde 1988 es la peor crisis que me tocó vivir, peor que la del 2001”, sorprendió Alberto Fusté Padrós, delegado regional de los vendedores ambulantes. La comparación no es odiosa. “Los comercios del centro te sacan un Ahora 12 o un Ahora Misiones y salvan algo, nosotros no tenemos esa posibilidad porque vendemos en efectivo y ese efectivo se va a Paraguay o Brasil”, por eso esta crisis es peor que la del 2001 porque en ese momento la gente ni siquiera tenía dinero para cruzar al otro lado, explicó.

La caída en las ventas entre los vendedores ambulantes en Posadas, los locatarios del mercado La Placita, La Placita del Puente, feriantes, etc. llega al 70 por ciento, aseguró Padrós y marca a las claras el recorte en el poder adquisitivo.

Comparativamente la caída es muy superior a la que registra la Cámara de Comercio capitalina en torno al 40 por ciento, y esto se explica por las ventas con tarjetas de crédito o débito que el sector que conduce Padrós no tiene.

El Gobierno nacional atribuye la falta de inversión que frena la reactivación de la economía a los altos costos laborales que tiene la Argentina. Las empresas cortan por lo más fino y despiden. Para el Estado, además de los despidos, para “achicar” hacen falta otras herramientas, como la protección social y las cargas laborales, que están bajo la lupa. “No pongan palos en la rueda”, les pide Macri a los trabajadores.

La avanzada neoliberal y de ajuste no es propia de Macri, sino que se expande por Latinoamérica en contra del “populismo” de los gobiernos de la última década. En Brasil el usurpador Michel Temer ya dio el primer paso formal con el envío al Congreso de un proyecto de flexibilización laboral que pretende elevar la jornada laboral a 12 horas a “pedido del empresariado”. También quiere extender la vida útil de los trabajadores con cambios en la edad jubilatoria.

La reforma fue pedida en julio por el Comité de Líderes de la Movilización Empresarial para la Innovación. En ese momento,  o el presidente de Confederación Nacional de Indústria, Robson Braga de Andrade, dijo que para que el Gobierno mejore la situación fiscal, “serán necesarios cambios duros” tanto en la Previsión Social como en las leyes laborales. Los industriales brasileños exigieron rebaja de impuestos e impulsaron copiar el modelo francés donde, sin aval del Congreso, el Gobierno impuso una carga horaria de hasta 80 horas semanales y de doce horas diarias para los trabajadores, para recuperar “competitividad”.

El proyecto presentado por Temer también quiere implementar la contratación temporaria incluso por pocas horas y pagos por productividad.

La iniciativa anunciada por el ministro de Trabajo, el pastor evangélico Ronaldo Nogueira, pretende terminar con “los juicios laborales que atormentan a los empresarios”. Cualquier parecido con Argentina es pura coincidencia.

Desde la Central Única de Trabajadores de Brasil aseguraron que “el golpe fue para esto, recortar derechos” y advierten que la lucha por #ForaTemer se profundizará. En la Argentina también la CGT unificada amenaza con salir a la calle o ir al paro general en contra de las políticas locales.

La confluencia de estas políticas deja a la vista que el Estado “protector” está en pleno retroceso ante el mercado. Ante esto, más que nunca las soluciones deben emerger desde lo local.

“Como sociedad todos somos responsables y las sociedades que evolucionan son las que reconocen que es la responsabilidad es de todos”, reflexionó el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira al presentar la primera escuela de robótica del país, que funcionará en Misiones en una alianza con la compañía tecnológica Hewlett-Packard.

El conductor de la Renovación sostuvo que más aún en tiempos de crisis, “los dirigentes debemos imponernos y establecer metas elevadas y salidas innovadoras con la responsabilidad de sembrar y fortalecer caminos”.

La escuela de robótica, que abrirá sus puertas el año que viene para estudiantes de todos los niveles, pone a Misiones a la vanguardia del país en la educación del nuevo milenio. La escuela de robótica contará con tecnología de última generación, impresoras y pantallas de 3D, donde niños y jóvenes podrán experimentar incluso con prototipos que todavía no están en el mercado. El salto tecnológico educativo se complementa con el cine IMAX, el desarrollo del Aula Invertida y el Observatorio Astronómico, herramientas de punta para el conocimiento y accesibles a través de políticas misioneras que se valoran mucho más en un contexto de estrechez.

En la búsqueda soluciones locales, el gobernador Hugo Passalacqua logró comprometer a todos los legisladores nacionales por Misiones a una reforma de la ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, con el objetivo de mejorar la distribución de la renta yerbatera y, de una vez por todas, la calidad de vida de los eslabones más débiles de la cadena productiva, cuya situación no ha cambiado prácticamente desde la época de los mensúes.

Fue un encuentro inusual, del que hay pocos antecedentes, siempre en tiempos de crisis. La Casa de Gobierno recibió a los legisladores nacionales de oficialismo y oposición para impulsar en conjunto un proyecto con un objetivo social y económico de equidad y justicia. Hubiese sido una foto política trascendente con Passalacqua y sus dos antecesores, Maurice Closs y Carlos Rovira, pero el legislador provincial, autor del proyecto, faltó por el fallecimiento de su suegro.

El representante opositor fue el radical Luis Pastori, mientras que Alex Ziegler se excusó por compromisos previos.

La iniciativa que se elevó al Congreso nacional para reformar el INYM se basará justamente en una iniciativa del ex renovador que ya fue aprobada por Diputados y ahora está en la Cámara alta. La estrategia es fundamental para avanzar en el escenario parlamentario. Por eso el proyecto ingresará por Senadores y servirá para reforzar el proyecto Ziegler. De este modo, una vez de vuelta a Diputados, harán falta los dos tercios para rechazarlo.

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Lo trascendente del encuentro fue el consenso generalizado en que es necesaria una reforma para darle vitalidad al sector yerbatero, donde nadie está conforme. Los productores ganan poco, los industriales se quejan de los elevados costos y los únicos que celebran son los supermercadistas, que se quedan con la porción más grande en el reparto de recursos. La crisis del sector se agrava con una novedad: crece la importación de yerba desde Brasil y Uruguay y caen las exportaciones.

El proyecto crea un Fondo Especial Yerbatero con la recaudación del estampillado para mejorar la distribución de los recursos entre los productores –a quienes se destinaría el 40 por ciento- y los tareferos –otros 40-, además de un mecanismo de determinación de precios a través de una ecuación fija, lo que dejaría atrás las eternas discusiones que generalmente derivan en el laudo de la Nación. También propone que el precio de la materia prima resultará de adicionar como mínimo un quince por ciento de ganancia al costo de producción determinado por la matriz establecida por el sector de la producción, con participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. A este valor se le sumará el 300 por ciento para establecer el precio de la yerba mate canchada, y el 550 por ciento para la yerba mate a salida de molino.

La unanimidad con la que el pedido partió la Legislatura misionera, favorece la búsqueda de consensos en el Congreso. Sin embargo, Pastori advirtió que no está de acuerdo con un mecanismo de subsidio a los productores y que no queda claro en el proyecto cómo se incluirá a los productores e industriales correntinos. También puso reparos en el mecanismo de fijación de precios de modo directo, ya que el Estado perdería influencia ante los vaivenes del mercado.

Justamente, el gran desafío será sumar a Corrientes a la pretendida reforma, ya que no se menciona específicamente algún tipo de compensación o reparto de los recursos. Pero lo trascendente es que haya unidad de acción en defensa de los recursos de los misioneros en un momento de crisis y padecimientos que bajan de la Nación. Es dejar de lado por un tiempo las banderías políticas, esas que se discutirán nuevamente el año que viene, pero que, a veces, traban cualquier posibilidad de acuerdo.

No es momento para pensar en egoísmos partidarios, sino de triunfos conjuntos. Para la pelea electoral todavía queda un año, aunque ya comienzan a moverse las primeras fichas.

Lejos de las vicisitudes de la Argentina, el embajador en Madrid, Ramón Puerta confirmó que buscará ser candidato a senador por Misiones, aunque no se sabe si por Cambiemos que le dio cobijo o por el massismo, al que acompañó en las elecciones pasadas. Después de rendirle honores al Rey de España, Puerta dio varias entrevistas en las que insistió en compararse con Juan Domingo Perón, quien desde su exilio en Puerta de Hierro en Madrid, tejía el rearmado del peronismo.

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En Cambiemos no lo quieren y el massismo local es una incógnita, pero el ex gobernador no se fija demasiado en circunstancias y conserva cierta capacidad para mantenerse en el candelero, aunque los votos le hayan sido esquivos en los últimos años.

La irrupción de Puerta puede complicar incluso los planes de Cambiemos en Misiones, ya que dividiría votos opositores. Los dirigentes PRO apenas digieren la alianza con el radicalismo y esperan que el 2017 sea el año para ganar espacios propios en lugar de repartir bancas con los socios. En las listas nacionales no habrá problemas porque se define a través de las Primarias Obligatorias. Lo mismo sucede en los municipios, donde la política se ordena con la ley de Lemas –que, a veces, solo a veces, sirve-. Pero en la distribución de los cargos de la Legislatura provincial hay amenaza de quiebre.

La relación es buena en el Interbloque nacional, pero es precaria en Misiones.

En el PRO no parecen estar dispuestos a regalar “espacios” ya que, coinciden, el año que viene el veranillo económico les permitirá gozar de una mayor aceptación popular y es el momento para crecer como partido en la provincia.

La convivencia entre ambos espacios no es buena. En el PRO cuestionan las ansias de visibilización que tienen los diputados radicales y algunas “gaffes” históricas, como los pedidos de informes sobre obras públicas que debía haber realizado Iecsa, la constructora de Angelo Calcaterra, el primo y sospechado de socio de Mauricio Macri. Las diferencias se hicieron notar también en la histórica audiencia pública por el uso de las tierras ancestrales de las comunidades guaraníes dentro del Lote 8 en el Parque Provincial Moconá. El PRO fue coherente y decidió no ir. Sería contradictorio apoyar el decreto que permite la extranjerización de tierras y oponerse al uso de sus dueños ancestrales. Pero los diputados radicales, que también defendieron el decreto de Macri, fueron a participar de la audiencia y se mostraron en contra de los deseos guaraníes de contar con un camino corto que les permita salir de la selva de manera rápida ante una emergencia. Un dato que quizás pasó por alto es que la Defensoría del Pueblo de la Nación avaló el reclamo de los guaraníes, al igual que Félix Díaz, el quom que preside el Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas y es el interlocutor elegido por Macri para estas lides. Más allá de las críticas “políticas”, la audiencia resultó un éxito por reunir por primera vez a los representantes de distintas culturas para decidir qué hacer con los recursos naturales. La alianza estratégica entre Estado, guaraníes, ONgs y privados, también es un ejemplo a seguir en el mundo.

Sin embargo, los diputados radicales sin demasiada argumentación, simplemente fueron a decir No al camino pedido por las comunidades guaraníes, que en cambio, recibieron el respaldo de prestigiosos ambientalistas locales y otras partes del país.

Los dirigentes del PRO creen que en el afán de cobrar protagonismo, los legisladores radicales caen casi en una “anarquía”, mientras que la idea de Cambiemos es que haya “armonía” en la toma de decisiones y en la relación con el Gobierno provincial.

Ese exceso de entusiasmo opositor que practica el radicalismo, quedó en evidencia en la última sesión de la Legislatura provincial, cuando la primera minoría debía ofrecer a un candidato para integrar la Comisión Provincial contra la Tortura, un espacio que servirá como observatorio del cumplimiento de los derechos humanos en las cárceles e instituciones públicas. La UCR no tuvo mejor idea que nominar al diputado Gustavo González, con la idea de ocupar un lugar perfecto para captar denuncias contra el Gobierno.

Sin embargo, ni González ni los asesores radicales parecen haber leído la ley. Los integrantes de la comisión no pueden tener otros cargos públicos. González debería haber renunciado a su banca para sumarse como sabueso de irregularidades, cosa que obviamente no sucedió. Finalmente, el radicalismo propuso en el recinto a Francisco Souza, un gremialista docente. No fue la única muestra de desconcierto en la UCR. Germán Bordón había propuesto –desde la minoría- a Graciela Franzen para que ocupe el sillón reservado a ONGs. Ni sus pares de bloque acompañaron el dictamen en soledad. Evidentemente, en otra sintonía.



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