Los motivos por los que el INYM se acordó de acordar el precio de la yerba

Como era habitual, el escueto comunicado anunciando que la Nación iba a definir el precio de la yerba mate, llegó a las redacciones el martes. Nada que sorprenda. La necesidad de establecer los valores por unanimidad traba desde sus orígenes, las negociaciones entre productores y sector industrial.

Cuarenta y ocho horas después hubo un sorpresivo giro. Se acercaron posiciones y hubo una nueva ronda de mates para definir el precio: 5,10 para la hoja verde y 19,20 pesos para la canchada. No muy lejos de lo que se planteaba horas antes, pero por debajo de lo que querían los productores, cuyos dirigentes sectoriales pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron de lo que firmaban sus representantes en el organismo yerbatero.

Los nuevos precios equivalen a un aumento del 5,82%, respecto a la hoja verde, y del 6,09%, a la canchada puesta en secadero. Los valores vigentes eran de 4.803 la tonelada de hoja verde, y en 18.031 pesos para la canchada.

¿Qué sucedió? ¿Qué les hizo cambiar de opinión? No fue el amor, sino el espanto. Los directores de la producción y la industria entendieron que en un contexto de crisis por la recesión y la caída del consumo, el valor que fijara la secretaría de Agricultura, seguramente no sería mucho más elevado que lo que se podía acordar en Misiones. Especialmente, los representantes de las cooperativas y los productores cedieron sus pretensiones y los de la industria se alinearon, aún cuando su oferta estaba por debajo.

Puede decirse que Macri lo hizo. La caída de las exportaciones y una retracción del consumo de la que apenas se salva la yerba –incluso creció la venta de saquitos de mate cocido como reemplazante del café- sirvieron para bajar las pretensiones de cada sector. La venta de yerba se mantiene estable con 20 millones de kilos promedio mensuales.

“Estamos en plena recesión y para vender más, hay que vender más barato”, confirmó un productor con una lógica que se niegan a adoptar los empresarios del rubro comercial, que sufren por la caída de las ventas pero rara vez bajan los precios.

“Era preferible salir a pelear en conjunto y mostrar fortaleza del sector”, indicó otro dirigente.

Pero esa unidad, lejos está de ser definitiva dentro del organismo, al que todos le cuentan las costillas, en momentos en que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una propuesta de reforma que ahora será girada al Congreso nacional.

Una de las principales falencias del INYM es de origen, cuando se determinó que el precio debe ser acordado por unanimidad. Con sectores con economías tan diferentes dentro de la misma cadena productiva, eso es prácticamente imposible e incluso deja abierta las puertas a las suspicacias.

Sin embargo, el mismo criterio -el de uniformidad-, domina la toma de decisiones más allá del precio. Y ahí radica uno de los problemas centrales. El mercado lejos está de ser uniforme.

El precio de la hoja verde se determina en función de un productor promedio con diez hectáreas y un rendimiento de 4.500 kilos por hectárea. En ese costo entran gastos de tarefa, combustible y una “amortización” de la tierra a 30 años, cuando el yerbal perdería su riqueza.

Ningún productor lograría vivir con esa producción promedio. Y tampoco es la producción estándar, ya que los yerbales más o menos bien cuidados, rinden desde seis mil kilos por hectárea hasta 18 mil.

Los datos oficiales contradicen el costo de la grilla: se declararon 806 millones de kilos en 165 mil hectáreas relevadas. Eso da un promedio de 4.884 kilos por hectárea (384 más que los estimados para fijar el valor).

Esas “pequeñas” distorsiones, tienen efectos en toda la cadena. Si aumentara, por ejemplo, el rendimiento por hectárea de quienes tienen mayores extensiones, el precio promedio bajaría. Pero la situación de los más pequeños seguiría siendo igual de compleja.

Determinar un precio uniforme para toda la cadena favorece a los que tienen más tierra, que, por volumen, ganan más dinero. Son varios los directores del INYM que admiten que los pequeños productores deben ser asistidos de otra manera, por el Estado o por el mismo organismo, a través de subsidios u operatorias especiales. La misma idea es esbozada en el proyecto de reforma del INYM que fue elevado al Congreso, que determina que parte de la recaudación que se genera con el estampillado, debe ir a mejorar la situación de los pequeños productores y especialmente, de los tareferos. También impulsa un mecanismo automático de fijación de precios para la hoja verde, de 15 por ciento por encima de los costos promedios. Esa herramienta dejaría atrás la puja por los precios, pero es resistida por la industria.

Entre los dirigentes de la producción y del sector industrial advierten que el problema central de la economía yerbatera está hoy lejos de las chacras: en las góndolas de los supermercados. El productor se queda apenas con 25 por ciento del valor de venta al consumidor, el industrial otro tanto, con mayores costos, mientras que el Estado se queda con 21 por ciento IVA más Ingresos Brutos y el resto, sin una gota de sudor, va a parar a los supermercadistas.

Las yerbateras misioneras también se encuentran con una competencia rayando lo desleal de algunas marcas. Molinos del Río de la Plata aprovecha su posición dominante en el mercado alimenticio y obliga a los supermercados chicos a comprar su yerba para acceder a otros productos. Así, por ejemplo, en un mercado de Oberá, se encuentra a la vista Nobleza Gaucha, pero no marcas locales. La multinacional, con más de un siglo en la Argentina, logró así pasar en poco tiempo de un millón de kilos de venta al año a tres millones.

Hay otro elemento que pone grises en el mercado. Había 16 mil productores registrados hace tres años. Hoy quedan activos nueve mil. ¿Desaparecieron? ¿Abandonaron sus chacras? No. Muchos entregan su producción a intermediarios por problemas con su monotributo o deben cambiar de categoría y otros tienen embargos. En materia de recaudación, el hueco no se siente porque le siguen cobrando a los intermediarios.

En el Gobierno, el acuerdo alcanzado es mejor que nada. Los 48 centavos vigentes no se cumplían en el terreno y ahora por lo menos se consiguió la firma de los industriales, lo que le da mayor certidumbre al escenario.

Pero advierten que muchas de las distorsiones del mercado desaparecerían con el Centro de Transacciones que impulsa el ministerio del Agro. También señalan que hay que frenar la libre plantación y habilitar las futuras de acuerdo al registro de producción. Hoy todos miran para el costado, algunos para pagar menos, otros para ganar más.