Golpe a golpe, verso a verso

El golpe final al mandato de Dilma Rousseff en Brasil es un paso más en la reinstauración de un modelo político que está en pleno auge en la Argentina y que amenaza a todos los rincones de América Latina. Mauricio Macri aplicó las mismas recetas que tiene preparado Michel Temer en Brasil.

Cubierto en un manto de “institucionalidad”, el impeachment a Dilma no necesitó motivos, sino que su suerte estaba echada desde hace tiempo. No fue acusada formalmente de corrupción y los desvíos presupuestarios no son en si mismo un delito que amerite una destitución. En Estados Unidos es práctica corriente y en Argentina es un uso común de todos los presidentes, incluido el actual, modificar el presupuesto para ampliarlo o subestimar recursos para después tener mayor disponibilidad.

Más de 54,5 millones de brasileños eligieron a Dilma, un puñado de 60 senadores, la mayoría de ellos denunciados sí por hechos de corrupción, la despidieron para imponer un modelo económico que no fue votado por la inmensa mayoría.

El programa de Temer tendrá representantes de la banca financiera, acreedores y hasta el PSDB, partido derrotado en las últimas cuatro elecciones.

La democracia brasileña tambalea y demuestra que los poderes fácticos ya no necesitan botas ni uniformes para imponer sus pretensiones. Lo peligroso es que el ejemplo cunda. Cualquier mayoría coyuntural podría servir para desplazar a quien eligió la mayoría. Hoy el propio Macri no tiene mayoría en ambas cámaras.

América Latina parece ser el laboratorio donde todo se pone a prueba. En 2009 fue el golpe a Manuel Zelaya en Honduras. Hace poco fue Fernando Lugo en Paraguay, donde en un par de días la casta política se deshizo de él. En once países de la región por lo menos un gobernante dejó el poder antes de tiempo en los últimos 25 años. Dilma es la número 20 desde 1990, recuerda el politólogo Mario Riorda. Argentina aportó a Fernando De la Rúa y el triste récord de cinco presidentes en una semana. Un poco antes, el propio Alfonsín se fue antes de tiempo.

Nadie puede asegurar que la caída de Dilma no arrastrará a los últimos reductos “progresistas”, como Bolivia, Ecuador o Venezuela, donde Nicolás Maduro enfrenta un pedido de referéndum para destituirlo y una enorme presión, similar a la ejercida en Brasil en los últimos meses, por medios y poder económico. Pero a diferencia de la “institucionalidad” que protegió a los congresistas brasileños, en Venezuela no será tan sencillo correr al sucesor de Chávez, quien previó un mecanismo de protección presidencial mucho más severo: para que se revoque un mandato, en el referéndum debe haber más votos que los que haya conseguido para ser elegido. Cualquier otro camino, será lisa y llanamente un golpe de Estado. Sin excusas.

No es casual que Evo Morales, Rafael Correa y el propio Maduro no reconozcan como par a Temer en Brasil. Argentina fue el primero en hacerlo y se prepara para recibirlo. Estados Unidos también reconoció “el marco constitucional” que propició la destitución de Dilma y prometió seguir trabajando junto a quien ahora ocupa el sillón presidencial.

Consumada la destitución, Temer ya no tiene que temer por los procesos de corrupción que envuelven a buena parte de la dirigencia que empujó a Dilma. Goza de total inmunidad ante las investigaciones de corrupción del caso Petrobras, puesto que la Constitución blinda a los jefes de Estado y no así a su entorno, que continúa en la mira de la Justicia. Aunque surgieran pruebas concretas sobre este caso o que lo implicaran en cualquier otro ilícito. Tres de sus ministros tuvieron que renunciar por la difusión de grabaciones comprometedoras que los relacionaban, de diferente forma, en el caso Petrobras.
En una de esas grabaciones, Romero Jucá, que ocupaba el Ministerio de Planificación y era un estrecho colaborador de Temer, sugería que si Rousseff era destituida, se podría «frenar» el caso Petrobras y «estancar la sangría» de investigaciones a políticos corruptos.

Derrotada, Dilma no dijo adiós, sino hasta luego. “Não gostaria de estar no lugar dos que se julgam vencedores. A história será implacável com eles #LutarSempre”, escribió. Puede ser nuevamente candidata. Habrá que ver si es ella o Lula.

El ex presidente tiene crédito abierto en los brasileños, mientras que Dilma deberá lidiar con ser la que abrió la caja de Pandora de las recetas de ajuste, las mismas que minaron la confianza de sus electores. Al “progresismo” le resta mucho por aprender si quiere hacer sustentables y sostenibles en el tiempo sus políticas de inclusión.

Los modelos políticos y económicos están cortados por el mismo patrón en Brasil y en Argentina. Con matices, aquí se está aplicando un ajuste como el que promete Temer en Brasil, con menos programas sociales, reforma laboral para “incentivar la inversión” y la elevación de la edad jubilatoria.

En las calles, hay resistencia. En Brasil hubo feroces represiones a los manifestantes y hasta se prohibió una marcha para hoy. En Brasil, no en la Venezuela de Maduro.

En Argentina, la Marcha Federal del viernes sumó a más de 200 mil personas de todo el país y de diversos orígenes políticos y gremiales. Las CTA, la CGT, peronismo, kirchnerismo y radicales disidentes. No los une el amor, precisamente.

La economía que se venía a mejorar, no arranca. Pasaron nueve meses y hasta los economistas más liberales admiten que la situación es peor –literalmente- que hace un año. La fundación Mediterránea en su último documento de trabajo ratificó que en términos reales, la masa de ingresos de la población cayó 5,2 por ciento y las remuneraciones se ubican en un nivel semejante al de 2014.

El ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, se ufana en cambio, con que la inflación ya dejó de ser un problema y celebra que agosto haya registrado el porcentaje más bajo del año. Distintas consultoras coinciden en que se llega a la meta no por mérito propio, sino porque hubo que retrotraer el tarifazo en el gas después del fallo de la Corte Suprema.

El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), relevó que el mes pasado la suba en los supermercados fue de 2,1 por ciento contra julio previo para el nivel general, y alcanzó al 5,6 por ciento para la canasta básica alimentaria. Para la asociación Consumidores Libres, que elabora también un índice compuesto por 38 artículos de primera necesidad, la suba fue de 1,95 por ciento en agosto y el acumulado arrojó una aumento de 28,21. Se trata de un mes en el que los funcionarios habían puesto el foco como un punto de inflexión y el inicio de una tendencia declinante de precios.La otra parte de la historia es que se logra en medio de la más profunda desde la crisis de 2001, con una emisión de deuda bastante parecida a la de aquellos tiempos previos al colapso.

La industria se contrajo 4.3% en los primeros 7 meses de 2016. Según INDEC, la industria cayó 7,9% en julio, la mayor baja en 14 años.

El consumo masivo cayó 5,4% en julio según datos de la consultora Scentia. La venta de gaseosas se redujo 11,58% en el primer semestre con relación al mismo período de 2015, según datos de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (Cadibsa). Facturaron durante el primer semestre fue de 1.802 millones de litros, frente a los 2.038 millones vendidos entre enero y junio de 2015.
A esta merma se suma la caída en el consumo de tabaco que se redujo 25% en los quioscos. La Unión de Kiosqueros de la República Argentina aseguró que las ventas de cigarrillos en los pequeños comercios se derrumbaron un 25% tras el aumento el aumento en mayo de la carga fiscal en el producto, lo que hizo que los paquetes incrementaran sus precios 15 pesos promedio.

Hay una decisión política de ajustar, que se expresa en la política monetaria. La consultora Economía & Regiones, que fundó el hoy ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admite un fuerte ajuste en la emisión monetaria: había 623.890 mil millones de pesos circulando a fines del año pasado. Hoy hay 504.889 mil millones.

Con la economía casi congelada, el Gobierno reflota la idea de un “pacto social” que avale el rumbo. Antes se perdieron 115.281 empleos privados y más de diez mil públicos, reconocidos de manera oficial. “Denme el beneficio de la duda de que vamos a lograr salir adelante”, pide el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, quien admite que “hay que ver” cuando volverá el crecimiento. Fin de año, tal vez. Marzo, quizás.

El escenario es complejo especialmente para las provincias que dependen de la suerte de la Nación. Misiones garantiza gobernabilidad desde el 10 de diciembre y ya anticipó que aprobará la ley de Presupuesto 2017 que envíe el Presidente al Congreso. Sin embargo, la economía planchada se hace sentir en el giro de recursos y en la reactivación de la obra pública, que necesita de recursos federales.

El parate se siente especialmente en la obra pública. Hasta ahora no hubo concreciones importantes de las varias promesas. La reactivación de la autovía entre Santa Ana y San Ignacio fue oficialmente pospuesta para el año que viene, aunque no deja de ser una buena noticia traída por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien vino por segunda vez a Misiones y, a diferencia de varios de sus colegas que siguen hablando en futuro como si estuvieran en campaña, le pone fecha a sus dichos. De todos modos, parece exagerado estimar en 8 mil millones de pesos las obras en marcha.

“Hay que tener paciencia, no hay que enloquecerse, hay que darle tiempo que macere”, aseguró el gobernador Hugo Passalacqua, dejando bien clara la posición del Gobierno de Misiones ante las múltiples negociaciones y pedidos que se llevan adelante para captar fondos que generen obras, trabajo y bienestar para el pueblo de la tierra colorada.

“Se debe acompañar  más teniendo en cuenta la situación del país, con una economía en recesión, fuerte desempleo, inflación y paralización de la obra pública”, anticipó el conductor de la Renovación, Carlos Rovira.

“Lo que no nos gusta lo sabemos, pero lo expresamos con tono colaborativo. Hemos contribuido en las necesidades perentorias del Gobierno nacional, no se trata de un toma y daca, sino que el país requiere de este tipo de actitudes”, aseguró Rovira, al mismo tiempo que desbarató de forma decidida un rumor echado al viento: una eventual candidatura nacional.  “En eso no tengo intermediarios ni voceros. Es una cuestión que no está en mi mente ni en mi corazón. Estoy orgulloso de acompañar al Gobierno desde la Cámara de Diputados, que es el lugar donde me colocó el pueblo de Misiones, por lo tanto, no está en mi espíritu ni siquiera pensar en algún tipo de posicionamiento político nacional. Mi compromiso de siempre es el día a día con los misioneros”.

La alusión electoral no es propia, sino que justamente, desalienta maniobras que anticipan tiempos. Rovira que quiere Misiones permanezca concentrada en la gestión y que, llegado el tiempo de ir a las urnas, se marquen las diferencias. En la Legislatura claramente se marcan las diferencias entre las iniciativas de la Renovación, con una marcada línea progresista y las de la alianza opositora conformada por el PRO y sus socios del radicalismo.

En la última sesión se aprobaron a instancias de la Renovación, una ley para postergar las ejecuciones hipotecarias y de protección a las víctimas de delitos sexuales. El PRO, en cambio, impulsó una reforma a la ley de Municipalidades para limitar la posibilidad de reelección de los intendentes y concejales, iniciativa que ya fracasó en Posadas y que, claramente, sólo está en la agenda opositora. El radicalismo, fanatizado por los colores amarillos pese a los sucesivos desplantes, impulsó un pedido de informes por obras en el acceso a Fachinal que despertó las risas de sus propios pares y el enojo del PRO: las obras cuestionadas deben ser ejecutadas por Iecsa, la constructora de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri.

El PRO local no encuentra la forma de integrar a los radicales, más preocupados por sus futuros políticos que por el éxito del Gobierno. “Si a Macri le va mal, a Misiones le irá mal. No podemos nosotros pretender que a Passalacqua le vaya mal para beneficio nuestro. Y eso no lo entienden algunos radicales”, precisó un dirigente PRO. La sobreactuada defensa del macrismo que hacen los diputados radicales misioneros contrasta con la diferenciación que hizo la Juventud Radical, que rechazó fusionarse con Cambiemos y adoptar ese nombre.

Por lo menos hubo consenso para aprobar el pedido de reforma de la ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate para lograr una mejor distribución de la renta yerbatera y especialmente del tarefero, además de establecer mecanismos para la fijación de precios dentro de la zona productora: el valor de la hoja partiría desde una base que nunca podría ser menor a un quince por ciento por encima de los costos promedio de la producción primaria. En el Congreso, el ex gobernador Maurice Closs también impulsa una modificación del Código Alimentario para disminuir el porcentaje de palo. Ahora la pelota pasa a los legisladores nacionales.