Tras varios cruces con el peronismo, el mandatario de Corrientes, el radical Ricardo Colombi, envió ayer a la Legislatura un proyecto de reforma constitucional sin «re-reelección», que promueve que la elección a gobernador del año que viene sea -por única vez- por un mandato de 2 años, para sincronizar en 2019 los comicios provinciales con los nacionales y los del resto de los distritos.
Producto del impacto de la intervención federal de 1999, Corrientes tiene desfasado su calendario y renovará autoridades en 2017, en un escenario que comparte con Santiago del Estero.
Este terreno deja a priori a Colombi, socio de Cambiemos, sin la posibilidad de pelear una continuidad en el poder el año que viene, ya que cursa su segundo mandato consecutivo. Pero sí podría hacerlo en 2019, tras sólo dos años fuera del cargo, aunque solamente bajo el caso de que el proyecto de necesidad de la reforma incluya la aclaración de que el período intermedio puede no ser de cuatro años.
La unificación de mandatos es una instancia alentada desde la Casa Rosada, y prendió en la administración de Colombi, alineado con el presidente Mauricio Macri. En cambio, hasta el momento la gestión de la santiagueña Claudia Ledesma Abdala (Frente Cívico) no dio señales públicas respecto de un avance en ese sentido.
«Necesitamos sincronizar las elecciones provinciales con las nacionales», señaló ayer el gobernador, al presentar sorpresivamente la iniciativa en la Casa de Gobierno, rodeado por el vicegobernador y presidente de la Cámara de Senadores, Gustavo Canteros, y el titular de Diputados, Pedro Cassani.
«Bajo ningún punto de vista queremos hacer una reforma acorde a los que estamos gobernando; queremos una Constitución ágil y acorde con los tiempos que estamos viviendo», remarcó.
En esa línea, en el entorno del mandatario recalcaron que el proyecto no incluye la figura de la re-reelección, un tema ríspido que tensa la relación con el peronismo por sus sospechas de un intento de Colombi de perpetuarse en el poder -suspicacia que se mantenía ayer- al punto que días atrás el espíritu reformista pareció naufragar.
«No hay prórroga de mandatos ni reelección, y sí se estudia la reunificación de mandatos, que es lo que buscamos todos», sostuvo el senador provincial de ECO, Noel Breard.
En esa línea se expresó el ministro secretario general de la gobernación, Carlos Vignolo, cuando lo consultaron sobre la posibilidad de un Ricardo Colombi candidato en 2017. «No está posibilitado porque no está modificado el artículo que establece una sola reelección; si no se modifica eso, es imposible que se pueda avanzar en ese sentido», sostuvo.
Colombi cuenta con un primer mandato entre 2001 y 2005, tras la salida del último remedio federal, mientras que volvió a imponerse en 2009, y fue reelegido en 2013.
El desafío ahora es grande, ya que el Ejecutivo necesitará del aval de los dos tercios de la bicameral Legislatura para que avance la reforma y se avale el llamado contra reloj a una elección de convencionales constituyentes en diciembre o marzo. Por eso, con la letra chica ya sobre la mesa, se abre un período en el que el oficialista Encuentro por Corrientes (ECO) intentará lograr el consenso para que prospere la pretensión, lo que incluye una necesaria negociación con al menos un sector del justicialismo.
Semanas atrás, el congreso del PJ mostró su «rechazo a cualquier intento de reelección o prórroga de mandatos para cargos ejecutivos» y pateó para adelante una definición sobre la reforma, al sostener que recién se volverá a convocar en noviembre para el caso de que exista una «propuesta concreta», lo que ocurrió efectivamente ayer.
En las últimas horas el intendente capitalino y presidente del PJ, Fabián Ríos, ratificó esa postura. «Cuando la reforma era sólo un rumor hemos decidido que la definición la dará el Congreso en noviembre y no creo que exista urgencias para adelantar nada», dijo.
La avanzada apunta a la modificación de cerca de 70 artículos, tras la última reforma de la carta magna, que data de 2007. Incluye la revisión de la disposición de tierras fiscales ya que -dijo Colombi- «se contradice con las posibilidades de desarrollo y la radicación de industrias». E impulsa el rango constitucional para el Instituto de Previsión Social y su pertenencia al Estado provincial.
