Rousseff en el banquillo, en un momento histórico para la crisis sin fin de Brasil

Brasil se enfrentará desde mañana a un proceso histórico, el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, suspendida en el cargo desde el 12 de mayo, motorizado por el gobierno interino de su vicepresidente Michel Temer, quien se pasó a la oposición y confía en la destitución de la ex aliada para continuar el mandato hasta el 31 de diciembre de 2018.
«Estamos viviendo un momento dramático de la historia de nuestro país», dijo el presidente del Senado, Renán Calheiros, antes de ceder la conducción de los trabajos, hasta el día 30 o 31, al titular del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, quien será el juez de una cámara alta que se convertirá en tribunal.
El país, inmerso en una recesión desde el año pasado, con el desempleo avanzando y en 11% (estaba en 4,8 tras la reelección de Rousseff, en 2014) aparece conmocionado por la batalla jurídica en torno a la Operación Lava Jato, que descubrió una red de corrupción en la empresa Petrobras y mantiene presos a políticos y poderosos empresarios de la construcción.
La mandataria está acusada de delitos de responsabilidad por haber alterado con tres decretos las prioridades de partidas presupuestarias y de valerse de los bancos públicos para pagar subsidios de productores rurales, algo conocido en Brasil como ‘pedalada fiscal» y que Rousseff califica como un motivo banal para asestarle un «golpe parlamentario».
También parece estar en juego la revisión de un modelo desarrollista con inclusión social instaurado en 2003 por Luiz Inácio Lula da SIlva, que logró en 2010 elegir a su jefa de gabinete, Rousseff, y quien alcanzó la reelección en 2014, aunque ese brillo y popularidad son hoy un dibujo borroneado.
Todas las apuestas en el ámbito político de Brasilia y el empresarial-financiero en San Pablo indican que Rousseff será destituida, para lo cual se necesitan en el Senado dos terceras partes de los votos, esto es 54 sobre 81.
Según la hoja de ruta trazada con acuerdo de los jefes de bloque y Lewandowski, mañana, el viernes y, si es necesario, sábado y domingo, se escucharán a los testigos de las partes; y el lunes será el turno del discurso de 30 minutos de la propia Rousseff, que será interrogada por sus acusadores y aliados.
Afuera del Congreso, movimientos sociales y sindicales prometieron acudir para respaldar a la mandataria suspendida desde el 12 de mayo.
El martes 30 cada senador podrá hablar por 10 minutos y luego será el turno de la acusación y la defensa.
Para intentar seducir a los pocos indecisos que quedan, los movimientos sociales de izquierda han calificado de golpistas a quienes han aprobado, tanto en comisión como en el plenario para recibir denuncias, el expediente acusatorio contra Rousseff.
Rousseff, en cambio, apunta a la salida institucional: solucionar con un llamado a elecciones la crisis política que se arrastra desde que en 2014 fue reelecta en medio de una investigación sobre una colosal red de sobornos a directivos de la estatal Petrobras que recaudaban dinero para campañas políticas de las empresas constructoras que lograban contratos en forma fraudulenta.
«Si este fuera un proceso normal, Dilma ya estaría absuelta. La prueba es cabal, es evidente que no hay pruebas que sustenten a la acusación, que este proceso contable no tiene base jurídica. Tiene el componente político de personas que quieren derrocar a Dilma de cualquier forma. El sentimiento golpista es muy fuerte en algunos sectores, incluso en los medios», dijo a Télam el abogado de Rousseff, el ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo.
El fiscal federal Iván Marx archivó por inexistencia de delito la denuncia sobre las «pedaladas fiscales» de Rousseff para completar el Plan Zafra de 2015 para asistir a campesinos y pequeños productores. O sea, se derribó la tesis de que el gobierno usó créditos de bancos públicos para cumplir obligaciones presupuestarias. Pero en el Senado las razones no son apenas jurídicas.
La acusación contra Rousseff fue parte de un acuerdo entre el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del canciller José Serra, y el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) de Temer, ambos dominantes del gobierno interino en una coalición que repite, en parte, la alianza del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
Por el valor de 12.000 dólares, el PSDB pagó a la abogada Janaína Paschoal para hacer el pedido de juicio político, autorizado el 4 de diciembre por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, brazo derecho de Temer, luego de que Rousseff se negara a protegerlo de un procesamiento por recibir sobornos en una cuenta en Suiza.
En ese marco, es la segunda vez desde el fin de la dictadura militar, en 1985, que Brasil asiste a un juicio político: ya había sometido, pero por corrupción, a Fernando Collor de Mello, quien renunció al cargo antes de ser destituido por el Senado, aunque luego fue absuelto en el ámbito penal y hoy es senador y con voto declarado contra Rousseff.
«Este golpe, si se concreta, demostrará que la democracia no está garantizada en Brasil», dijo Rousseff en un acto político en San Pablo.
«El informe acusatorio nos indica que el gobierno usó recursos públicos para maquillar el gigante déficit y sus mentiras en política económica», dijo por su parte el senador Ronaldo Caiado, del derechistas Demócratas, el ex Partido del Frente Liberal que fue sustento de la dictadura militar y ahora volvió al Ejecutivo para apoyar a Temer, que le otorgó el Ministerio de Educación.
Es de Demócratas el nuevo titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, hoy segundo hombre del país, que reemplazó a Temer en la ceremonia de clausura de los juegos olímpicos, luego de que el presidente interino resolviera ausentarse para evitar silbidos y abucheos como en la ceremonia de apertura.
Desde que asumió el 12 de mayo luego de que el Senado suspendiera a Rousseff por 55 votos, Temer nombró al senador Serra canciller y como uno de los más poderosos articuladores políticos del país y para dar confianza a los mercados en Economía colocó a Henrique Meirelles, ex presidente mundial del Banco de Boston, titular del Banco Central en los años de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
En el Banco Central fue designado Ilan Goldfjan, ex economista jefe del banco privado Itaú, mientras que el gabinete causó polémica por la ausencia de mujeres y la eliminación como ministerios de las carteras de Derechos Humanos, Mujeres e Igualdad Racial.
En porque entre ellos había ministros denunciados en la Operación Lava Jato como el senador Romero Jucá, quien apareció en una grabación escandalosa diciendo que el impeachment de Rousseff era para impedir que la clase política cayera en una «sangría» proporcionada por la Operación Lava Jato.
La semana pasada, Folha de Sao Paulo y la revista Veja publicaron que Marcelo Odebrecht, condenado y preso por pagar sobornos y financiar ilegalmente campañas, confesó que pagó a Serra y a Temer dinero en forma ilegal para campañas, lo cual ha incorporado también el nombre del interino al gran escándalo, por el cual están detenidos dos tesoreros del PT y el ex ministro de Lula José Dirceu.
El juicio político es hijo de la crisis y de la Operación Lava Jato, que paralizó a la obra pública, y de la falta de articulación de Rousseff con el Congreso, que en 2015 le bloqueó todos los proyectos de la mano de Cunha y de un PMDB que de a poco se fue alejando de la coalición tejida por Lula en 2010 para darle gobernabilidad a su delfín político.
La aceleración del proceso llegó en marzo cuando fue llevado por la fuerza a declarar Lula por orden del juez Sergio Moro, del caso Petrobras, por dos propiedades por las cuales hoy está investigado.
Rousseff intentó salvar al gobierno poniendo a Lula, el político más popular del país, como jefe de gabinete, pero legalmente no fue autorizado a asumir, en medio de un revuelo nacional luego de que Moro le diera a la TV Globo grabaciones -que la Corte consideró ilegales- entre la mandataria y su jefe político.
Incluso un ex senador del PT, Delcidio Amaral, que fue detenido por planificar la fuga de un ex directivo de Petrobras, Néstor Cerveró, acusó a Rousseff y a Lula de obstrucción a la justicia, un hecho por lo cual comenzaron a ser investigados por la Corte Suprema de Justicia la semana pasada.